El Presidente Sebastián Piñera anunció el lunes que convocará a un grupo de expertos, exlegisladores y académicos para que propongan formas de perfeccionar los criterios y las maneras con que el Congreso determina la admisibilidad de mociones y proyectos.

Ese fue el camino que finalmente tomó La Moneda para enfrentar la guerra que tiene con el Congreso por las atribuciones constitucionales de cada poder del Estado. Una saga que partió en 2017 con el proyecto para rebajar a 40 horas la jornada laboral de la diputada comunista Camila Vallejo y que hoy tiene nuevos capítulos por el proyecto de ley de extensión del postnatal durante la pandemia al que se sumaron varios parlamentarios oficialistas.

¿La decisión del Presidente es una intromisión en un poder del Estado o es un camino válido ante un Congreso que se salta las reglas de la Constitución? La Tercera contactó a siete expresidentes y expresidentas de ambas cámaras para recoger su opinión sobre anuncio del Mandatario y si esto podría tener algún impacto en el proceso constituyente. Andrés Zaldívar (DC), Isabel Allende (PS), Camilo Escalona (PS), Patricio Melero (UDI), Antonio Leal (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), y Jaime Quintana (PPD) debaten aquí sobre las atribuciones que tiene un jefe de Estado en un régimen presidencial como el chileno.

“Es improcedente”, es la primera frase que dice Andrés Zaldívar (DC), expresidente del Senado (en dos periodos: marzo 2017 a marzo de 2018, y entre 1998 y 2004) al consultarle por su opinión ante el anuncio hecho por Piñera el lunes. Argumenta que los mecanismos para recurrir ante una moción o proyecto “ya están establecidos en la Ley Orgánica del Congreso”. Por ejemplo, dice, “si se estima que hay alguna norma inconstitucional, esto es, una que no procede ser presentada por un parlamentario, el presidente de la Cámara da a origen a la moción, previo informe que hace el secretario del Estado sobre si es inadmisible o no. Y si es inadmisible, si el presidente así lo estima, así lo plantea en la sala”.

Zaldívar detalla otros procedimientos para reclamar la constitucionalidad, como presentar una reserva a la iniciativa y recurrir al Tribunal Constitucional (TC). Agrega que “está establecido que en las leyes orgánicas constitucionales, también las leyes que interpretan la Constitución, tienen que ir a trámite obligatorio de revisión constitucional por parte del Tribunal Constitucional”.

Por esta razón, Zaldívar expresa: “Creo que el Presidente ha sido mal aconsejado. No procede formar ninguna comisión, es un tema que está legislado”.

Leal: Crea un conflicto de poderes

El militante del PPD, Antonio Leal, expresidente de la Cámara de Diputados (período marzo 2006 a marzo de 2007) opina que “el Presidente crea un conflicto de poderes generando esta comisión, y creo que mucha gente se va a restar de participar en ella porque se están invadiendo atribuciones que son propias del Parlamento”. Y explica: “Si el Presidente de la República estima que un proyecto no respeta la admisibilidad constitucional, tiene dos caminos: recurrir al Tribunal Constitucional amparado en el artículo 93, N°3 de la Constitución, o vetar la ley. Por tanto, en un régimen presidencialista, que además tiene atribuciones legislativas, y que tiene un poder centralizador muy grande, el Presidente tiene dos opciones para vetar si es que estima que esa ley aprobada sea inadmisible, desde el origen constitucional”.

Leal dice que “al Presidente le aconsejaría invitar a las mesas de las cámaras a una conversación con él sobre este tema. Creo que es lo que hubiera hecho cualquier Presidente que respeta las atribuciones del Congreso, y haber tenido una conversación, de manera tal de concordar sobre la aplicación del reglamento y de la Ley Orgánica Constitucional respecto de la admisibilidad de estos proyectos en el parlamento. Habría que imaginar qué pensaría el Presidente de la República si el día de mañana el parlamento decide crear una comisión para discutir las facultades del presidente de la República”.

Para la senadora Isabel Allende (PS), presidenta del Senado desde marzo de 2014 a marzo de 2015, el anuncio del Presidente “fue innecesario y pareciera que obedece más a tensiones internas de los partidos políticos del oficialismo”. La parlamentaria también es de la idea que el Mandatario ya tiene las herramientas para actuar ante dudas de constitucionalidad de los proyectos que tramita el Parlamento.

“Si el Presidente no está de acuerdo con la decisión del Congreso puede ir al Tribunal Constitucional. Entonces, lo que debe hacer Piñera en vez de armar consejos que no son representativos ni legítimos, es ejercer sus facultades y llevar las mociones al TC cuando no esté de acuerdo con el criterio del Congreso”, recalca.

“Lo que debe hacer Piñera en vez de armar consejos que no son representativos ni legítimos, es ejercer sus facultades y llevar las mociones al TC”

Allende añade: “El anuncio fue inoportuno, ya que no mantiene una posición de respeto de la institucionalidad y de cada poder del Estado, lo cual se requiere frente a la coyuntura que vivimos”.

El exsenador PS Camilo Escalona (presidente del Senado entre marzo de 2012 y marzo de 2013) afirma que los dichos del Presidente Piñera son un mal precedente. “Hay una tentación autoritaria muy fuerte desde el Ejecutivo”, afirma.

El exparlamentario también asegura que el Presidente ya tiene herramientas. “El Presidente de la República cuenta con un arma - que en mi opinión es un arma mortal- que son los vetos: el veto aditivo para agregar ó el veto sustitutivo para suprimir. La Cámara se lo tiene que rechazar con un alto quórum”, dice Escalona.

El exsenador del PS señala que, “en Chile como en ninguna otra nación democrática el Presidente de la República está blindado. Esto lo digo porque al Presidente le gusta el lenguaje guerrero, va dentro de un tanque que no tiene cómo ser obstruido por la labor parlamentaria. En el proyecto de posnatal él no quiso recurrir a estos instrumentos”.

“El presidente está contribuyendo a desmejorar absolutamente el clima político con lo que está haciendo”, añade Alejandra Sepúlveda, diputada por Federación Regionalista Verde Social, y presidenta de la Cámara de Diputados entre marzo de 2010 y marzo de 2011.

“Por un lado él (Piñera) llama a conversar, a hacer acuerdos, de solucionar los problemas, pero por el otro cuestiona los procedimientos y cuestiona las decisiones que se toman al interior del Congreso ...me atrevería a decir que coloca en cuestionamiento el funcionamiento normal del Congreso Nacional”, agrega la parlamentaria.

El ex presidente del Senado Jaime Quintana (PPD), quien votó en contra de la admisibilidad del proyecto de post natal, dice: “Yo he sido crítico de la utilización de las inadmisibilidades como herramienta de presión política, pero con la misma fuerza le digo al Presidente Piñera: los problemas del Congreso los resuelve el propio Congreso. Él está a la cabeza de un poder distinto, el Ejecutivo, y todos estamos esperando que se dedique a cambiar la fracasada estrategia sanitaria en vez de seguir desviando la atención con ataques al Poder Legislativo”.

“Es la respuesta responsable de un jefe de Estado”

Una mirada distinta a las expuestas tiene el diputado UDI Patricio Melero, quien ejerció como presidente de la Cámara Baja entre 2011 y 2012.

El parlamentario considera que la propuesta del Mandatario “es la respuesta natural y responsable de un jefe de Estado frente a reiteradas conductas por parte del Congreso de avanzar con proyectos de ley inadmisibles por el solo mérito de tener la mayoría, para declararlas como tal, aun siendo el texto constitucional explícito en limitar las atribuciones del Parlamento”.

Desde el punto de vista de Melero, “no hay ninguna limitación a la autonomía del Congreso cuando la propuesta del Presidente, convocando a especialistas, a parlamentarios y a partidos políticos, lo que busca es llegar a acuerdo en un conjunto de propuestas que tendrán que ser discutidas y votadas en el Parlamento. ¿Cómo podría afectarse la soberanía del Parlamento cuando la última palabra siempre la seguirá teniendo el Congreso? Con las actuales facultades, o las que se envíen a trámite legislativo, se busca perfeccionar el sistema y modernizar el Congreso, en algo que claramente no está funcionando bien”.

Efectos en el proceso constituyente

Una pregunta que surge es si este tipo de anuncios en este contexto de pandemia por el covid-19 y a cada vez menos tiempo de que sea el plebiscito fijado hasta ahora en octubre pueda afectar o influir en el proceso constituyente. Zaldívar dice que “no tiene por qué afectarlo”. Pero agrega que dada la importancia se debatirá desde luego las atribuciones del Presidente de la República. “Es una materia que va a entrar en revisión, todas las materias relacionadas con constitucionalidad y las facultades que tiene el presidente, facultad que incluso va a ser sujeto a análisis”.

Para Escalona, “esto fortalece mantener la no reelección del Presidente de la República es fundamental. Esto comprueba que el inmenso poder del Presidente puede ser usado de buena o mala manera”.

“En la nueva Constitución esperamos que no exista tanto poder del Presidente en materia legislativa”, indica la senadora Allende, “ya que la actual no nos permite sacar adelante proyectos que van en beneficio de la gente en plena pandemia y que un gobierno como este no quiere recoger. Esta discusión es una respuesta a la ineficiente gestión del gobierno para apoyar a la población más vulnerable frente a la pandemia”.

Para el diputado Melero, la admisibilidad de proyectos “es una de las materias que no se va a cambiar en la Constitución, salvo que se cambie el sistema político, que se busque un régimen parlamentario o semipresidencial. Pero en un sistema presidencial no veo que haya posibilidad ni sería conveniente cambiar lo que son las atribuciones exclusivas del poder ejecutivo en materia de iniciativas de ley que refieran a gastos o administración financiera”.

El legislador UDI reitera el contexto en el cual Piñera hace este anuncio: “Tanto va el cántaro al agua, que llega un punto en que se hace insostenible hacerse no hacerse cargo del tema. Si usted tiene entre ambas cámaras más de 40 iniciativas inadmisibles, deja en evidencia que a habido una actitud abusiva e irreflexiva por parte de sectores del Parlamento y de los partidos políticos que tiene que ser corregida oportunamente y no puede seguir esperando que esta materia se resuelva en cambios legales y reglamentarios que impidan o eviten que esta situación siga prolongándose en el tiempo”.

El Ejecutivo tiene considerado que hay por lo menos 46 proyectos inconstitucionales en el Congreso. Estos incluyen por ejemplo, la suspensión del cobro de deudas generadas por operaciones hipotecarias, por la emergencia sanitaria, y la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia.

Otros creen que este nuevo debate solo “suma” al proceso constituyente, como define Sepúlveda, donde con situaciones como estas, “al final tú vuelves a rectificar los problemas de la Constitución”. Leal concluye que en el proceso constituyente “habrá que discutir si queremos un régimen presidencialista, parlamentario, semi presidencial, tendremos que discutir la admisibilidad de las leyes en el Congreso; cosas típicas de una discusión constituyente”.