Gabriel Henríquez Arzola. El nombre del abogado de la región de O`Higgins causó incomodidad en los fiscales Emiliano Arias Madariaga y Sergio Moya, cuando éste asumió la defensa del excanciller de la Iglesia, Óscar Muñoz Toledo, indagado por abusos sexuales.

Los registros judiciales evidenciaban que si una causa la alegaba Henríquez Arzola o uno de sus socios y en la sala estaban los ministros Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Hernández y Marcelo Albornoz Troncoso -hoy suspendidos de funciones en medio del sumario de la Corte Suprema y la investigación de Fiscalía por nombramiento ilegal, cohecho, prevaricación y enriquecimiento ilícito- la suerte solía favorecerlo.

Hoy el Ministerio Público indaga si había algo más que azar o una buena representación jurídica en este resultado que se repite. Durante 2018, según la información recabada por los fiscales Arias y Moya, se ha constatado la existencia de al menos 59 llamadas entre el profesional y el magistrado a cargo de revisar las causas. La mayoría de ellas, según el análisis del Ministerio Público, se produjo en los días previos a que se dictara alguna sentencia.

Así ocurrió, por ejemplo, respecto de los imputados Victor Beltrán Valenzuela y su cónyuge en julio de 2018. Con un detalle: el ministro Elgueta Torres no sólo tomó contacto con Henríquez Arzola, sino que también se comunicó de forma directa con el imputado previo a que la primera sala, de la que forma parte, revocara y concediera el sobreseimiento.

Lo mismo ocurrió respecto de un caso de homicidio cometido en noviembre de 2015 por Javier Ignacio Cuevas El Salug, en San Vicente. En septiembre de 2018, antes de reemplazar una sentencia de 10 años por una de 6 años, Elgueta Torres se comunicó en 10 ocasiones con el abogado defensor.

Henríquez Arzola asegura a La Tercera PM que en esas llamadas no hay nada extraño y que así lo demostrará cuando sea llamado a entregar su testimonio. "Niego tajantemente que yo hubiera tenido comunicaciones con él u otros ministros que estén reñidos con mi actividad profesional, más allá de que me estoy haciendo cargo de una referencia periodística que no me consta", respondió.

Consultado respecto de si era amigo del magistrado con el que mantenía contacto, afirma que se trataba sólo de una "relación sana". "Yo no tenía una relación de amistad con él. No sé en qué periodo se concentran esas llamadas. A veces hay relaciones que son sanas, derivadas de otras circunstancias por lo cual yo estoy absolutamente tranquilo", agregó.

Dos cheques

En cualquier caso, Henríquez Arzola no es el único abogado de la plaza complicado por la investigación. Los antecedentes recogidos por este medio -que reveló a fines de 2018 que se indagaba a los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua- apuntan también a otro profesional, Rodrigo Guerrero Román, quien se ha desempeñado como juez de policía local de Marchigüe, quien además figura depositando dos cheques, uno el 20 de mayo de 2016, por la cantidad de $ 500.000, y otro de $ 1 millón, el 22 de agosto de ese año, al juez Emilio Elgueta Torres. En la época, Guerrero mantenía tres causas que debían ser revisadas por la instancia de la que formaba parte el magistrado a quien le transfería recursos.

En 2018, el abogado Guerrero Román representó en una causa a Juan Carlos Rojas Muza. El día anterior a dictación del fallo en esta causa civil, Elgueta Torres se comunicó directamente con el cliente de Guerrero Román y en al menos 12 ocasiones con el profesional.

Guerrero Román respondió inicialmente así a La Tercera PM por los pagos realizados a Elgueta: "Manejo muchos cheques, muchos y la verdad no me acuerdo haberle girado a él, entonces tengo que revisarlo, porque manejo muchos cheques". Un rato después, precisó: "Luego de revisar los cheques que me menciona, debo decir que esos cheques yo se los entregué al hermano del ministro porque le compré unos muebles y cuadros en ese tiempo. Yo nunca les pongo nombre, entonces él, que tiene problemas en la vista, le pidió esos trámites a su hermano".

En cuanto al proceso de Juan Carlos Rojas Muza, apunta a "un hermano del ministro, que es amigo de él y le aconsejó, tengo entendido, que hablaran. Ese juicio, en todo caso se perdió. Él tenía un terreno y se lo quitaron de mala manera. Él fue a hablar con el notario de Pichilemu, que está suspendido por una serie de antecedentes, y se lo comentó y habló de hacer una demanda. Mi cliente se contacta con el ministro Elgueta tras ser amenazado por el notario. Ésa es la circunstancia. Se iniciaron los juicios en trámites. Pero él ha perdido, así es que qué irregularidad puede haber, dígame usted".

A estos antecedentes se suman las conocidas escuchas telefónicas al traficante Kevin Gómez formalizado por robo y que fue liberado bajo fianza tras "invertir", según los diálogos recabados, 7 millones de pesos para obtener la libertad: $ 3 millones de pesos para pagar la caución y $ 3,5 millones para otros pagos que, se presume, habrían ido a parar a los jueces de la primera sala.

Sólo de Elgueta Torres constan depósitos en efectivo, realizado por el mismo, por un total de $ 20 millones entre 2016 y 2018 que son materia de investigación.

La indagatoria está en pleno proceso. La Corte Suprema suspendió ayer de sus funciones a los ministros Vásquez Hernández y Albornoz Troncoso, en el marco de una investigación administrativa que instruye la ministra del máximo tribunal Rosa María Maggi. La decisión, que fue informada por el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, se suma a la ya decretada respecto del ministro Emilio Elgueta Torres. La suspensión es por cuatro meses.

En ese contexto, se detalló que se extenderán las diligencias a otras nuevas personas y que la magistrada tendrá dedicación exclusiva o atención preferente a la causa.

En Fiscalía se avanza en el área penal con las declaraciones de los involucrados. Hoy, por ejemplo, llegó a la sede de O'Higgins Marcelo Vásquez Hernández a prestar testimonio y se está a la espera del informe policial sobre el material requisado en la Corte.