Desde que el pasado 5 de mayo comenzó la tramitación del reajuste al salario mínimo, el gobierno ha debido corregir su propuesta inicial ante las críticas surgidas desde el congreso y los distintos sectores sindicales. Así, lo que comenzó con una propuesta de alza de poco más de $7 mil, al cierre de esta nota había subido a $14 mil.

En la práctica, este aumento significaría la fijación del sueldo mínimo en $553.553, lo que, a juicio de la oposición y de las entidades representantes de trabajadores, aún es insuficiente en medio de un escenario laboral marcado por el aumento del precio de la vida. De hecho, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aspiraba a conseguir un reajuste del 18,3%, para alcanzar los $637.700.

Para el economista Vicente Abrigo, investigador del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB), la cifra inicial propuesta por el gobierno del Presidente José Antonio Kast responde “al contexto inflacionario reciente. Pero eso no significa necesariamente que resuelva la presión que muchas familias sienten respecto al costo de vida, especialmente en gastos como vivienda, transporte y servicios”.

De hecho, la discusión precisamente ha estado centrada en ese punto: en medio de las recientes alzas en combustibles y de servicios registradas durante los primeros meses del nuevo gobierno, se esperaba que el Ejecutivo hiciera una propuesta mayor.

“Por una parte, suben los combustibles a través del sistema del MEPCO, lo que genera inflación, y por otra, cuando deben hacer una oferta respecto del sueldo mínimo, se ofrece una cifra por debajo del IPC”, argumenta el diputado Nelson Venegas (PS), integrante de la Comisión de Trabajo, para explicar el porqué de la presión del congreso.

La respuesta del gobierno es que se ha preferido mantener la cautela, ya que el alza del sueldo mínimo se da en un escenario de aumento en el monto de las cotizaciones previsionales con cargo al empleador, derivadas de la reforma de pensiones, además del impacto de las 40 horas y otros costos laborales acumulados.

Sin embargo, la gran pregunta es: económicamente hablando, ¿es viable un mayor aumento en medio de un mercado laboral que también se ve afectado por las alzas?

Más sueldo, más informalidad

Claudio Aguilera, CRO de Rex+, software de remuneraciones y RR.HH., considera que, si bien el aumento propuesto no se reflejará a fin de mes para las familias chilenas, sí podría representar un impacto importante para empresas con planillas amplias.

“El ajuste no viene solo, arrastra gratificaciones, horas extra y leyes sociales que multiplican el costo real”, considera Aguilera, argumentando que el problema es que “el costo de vida está asfixiando a los dos lados de la mesa”, es decir, tanto a trabajadores como empleadores.

Desde análisis internos de la compañía, Aguilera plantea que hay una tendencia técnica al alza llamada “informalidad por asfixia”. “Cuando el sueldo mínimo sube, pero la economía no crece, el costo de mantener a un trabajador bajo regla se vuelve algo muy difícil de lograr para algunas empresas”, plantea.

Esta situación haría, entonces, subir las tasas de trabajadores que se desempeñan bajo la informalidad, es decir, sin un contrato que les provea de cotizaciones previsionales y de salud.

Por su parte, el académico del Instituto UNAB de Políticas Públicas Vicente Abrigo sostiene que el equilibrio entre proteger el empleo y mejorar los ingresos debe abordarse desde una dimensión estructural y otra coyuntural.

“El desafío es aumentar la productividad para sostener mejores salarios. Y en lo coyuntural, el diseño del reajuste importa mucho”, aclara.

Abrigo añade que la evidencia muestra que los aumentos pequeños suelen tener efectos más acotados sobre empleo, especialmente para Chile, que tuvo dos alzas acumuladas relevantes durante el último gobierno del expresidente Boric, pasando en su gestión desde los $350 mil vigentes en mayo de 2022 hasta los $539 mil en enero pasado.

Lo que no hay que olvidar -dice el economista- es que, si bien muchas familias verán tensionada su capacidad de cubrir el costo de vida en 2026, Chile ya tiene un salario mínimo “relativamente alto” respecto al salario mediano, por lo que el desafío no es sólo seguir elevando el monto, sino también sostener crecimiento, productividad y empleo formal.

Economía versus política

Mientras que desde el punto de vista de la economía hay un cierto consenso -que elevar el sueldo mínimo repercute en la capacidad de las empresas para generar y mantener el empleo, especialmente considerando que son las pymes quienes sostienen el 65% de las plazas laborales formales en Chile-, a nivel político la discusión se centra en cuánto se puede inclinar la balanza hacia los trabajadores versus la protección del empleo y la productividad.

La diputada Constanza Hube (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo, explica que la discusión sobre el reajuste “debe tener a la vista necesariamente las dramáticas cifras publicadas recientemente por el INE, con 925.000 personas buscando trabajo, un 10% de desempleo femenino, 20% en los jóvenes y un 26% de informalidad”.

Ante la crítica de la CUT, que sostiene que el salario mínimo actual no alcanza para cubrir necesidades básicas, Hube plantea que “el problema de fondo es creer que cambiando un número en la ley se resuelve el problema salarial. Eso no funciona así. Los salarios suben de verdad cuando la economía crece, cuando aumenta la productividad y cuando los trabajadores tienen más y mejores herramientas. El problema es que el debate se ha transformado más en una discusión política que técnica. Cuando la discusión parte por el número que pide la CUT y no por los datos del INE, ya abandonamos el terreno técnico”.

Como oposición, el congresista del PS Nelson Venegas defiende que hay espacio para subir la cifra propuesta. Pero hay algo, además, que le preocupa: “Más allá de este reajuste puntual, el problema está en que el salario mínimo solo se discute entre los meses de abril y mayo, y luego el tema se olvida. Lo que realmente se necesita es un rediseño de toda la política salarial”, precisa.

Este rediseño implicaría, entre otras medidas, bajar las exigentes condiciones impuestas por el sistema financiero a las pymes, las más complicadas cada vez que se negocia un incremento salarial.

“Las pequeñas y medianas empresas enfrentan una realidad que las exprime”, dice el parlamentario. “La gran concentración económica que existe imposibilita que puedan desenvolverse con mejores reglas y alternativas”.