El pasado 25 de julio, el Ministerio de Educación presentó el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), que sustituirá transitoriamente el mecanismo de asignación aleatoria de cupos para los establecimientos con sobredemanda.

A partir del Proceso de Selección 2026, que comenzó el pasado 5 de agosto y que se extenderá hasta el 28 de este mes, se dejó atrás el proceso popularmente conocido como “tómbola”, que ordenaba las listas de postulantes de forma aleatoria, para aplicar un nuevo protocolo que utiliza variables fijas con el fin de resolver a qué alumno otorgar una plaza en caso de que en un establecimiento existan más postulaciones que las vacantes a completar.

Este nuevo sistema, desarrollado por académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile y del Instituto de Economía y la Escuela de Gobierno de la U. Católica, utiliza un algoritmo con dos variables principales: el RUT del estudiante (o identificación para extranjeros) y el Rol Base de Datos (RBD) del colegio. También considera su domicilio, la existencia de hermanos matriculados y el vínculo laboral de los padres con el establecimiento.

Todo este cambio en el modelo contó con el respaldo de una mesa técnica, donde participó Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. “La mesa tuvo como mandato recoger las críticas y desafíos pendientes del SAE, pero también reconocer que, como política pública, el sistema ha cumplido su propósito principal”, explica.

El trabajo, realizado con académicos de diversas universidades, se basó en evidencia empírica y en una consulta amplia a comunidades escolares, fundaciones, gremios y expertos. “Lo primero que propusimos fue mantener la estructura básica del sistema”, añade, en relación a la Ley de Inclusión que establece que, cuando existan cupos disponibles en una escuela, cualquier estudiante que postule debe ser aceptado.

El cambio es “una medida transitoria, pero significativa. Responde a una demanda social legítima: mayor certeza”, agrega Juan Pablo Catalán, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. “Durante años, miles de familias chilenas esperaron afuera de las escuelas como quien acampa en un teatro donde se sortean futuros”, rememora Catalán, quien es doctor en Educación, “porque ingresar a un buen colegio era —y aún es— una especie de pasaporte: no sólo hacia la educación, sino hacia una vida más digna”.

Hasta antes de 2016, la admisión escolar estaba en manos de cada establecimiento, que aplicaba pruebas académicas, entrevistas y otros criterios que en 2015, con la promulgación de la Ley de Inclusión, en muchos casos se convirtieron prácticas discriminatorias. Por eso, al año siguiente comenzó el nuevo Sistema de Admisión Escolar.

Para Juan Pablo Catalán, el sistema de cupos por algoritmo aleatorio generó asperezas desde un inicio. “La imagen caló hondo: niños convertidos en cifras, destinos decididos por azar”, asegura, indicando que el descontento creció, y con él, “una narrativa que redujo un complejo sistema de justicia educativa a una metáfora de injusticia emocional”.

¿Debe considerarse el mérito académico?

Alejandro Carrasco, quien también es Investigador principal del Centro de Justicia Educacional UC, explica que si bien el SAE permite postular de forma centralizada a múltiples establecimientos en una sola plataforma, presenta complicaciones cuando existe sobredemanda: más postulantes que cupos disponibles. “Y aunque eso ocurre en promedio en un 20% de los casos, en niveles como kínder o primero básico puede llegar hasta el 50%”, explica.

Uno de los temas más discutidos por las familias es la no consideración del rendimiento previo de los estudiantes. Para abordar eso, el comité propuso cambios en dos niveles: ajustar los requisitos para que más establecimientos puedan ser reconocidos como “liceos de alta exigencia académica”, y también permitir que dichos liceos puedan seleccionar hasta el 80% de sus estudiantes en base a rendimiento académico previo, en lugar del 30% que permite actualmente la ley.

Para Javier González, director de SUMMA, consejero de la Agencia de Calidad de la Educación y también parte del consejo técnico, si se busca avanzar en la selectividad con meritocracia debe haber condiciones claras. En eso, es clave que estos liceos de excelencia estén distribuidos en todo el territorio, y que este tipo de selección “no supere el 5% de la matrícula total”.

Con estudios recientes, el experto dice que los sistemas de alto rendimiento “muestran que no tiene mucho sentido segregar por productividad. Todos los estudiantes pueden desarrollarse en entornos exigentes, y eso es lo que debemos asegurar”, plantea.

A este elemento se adicionó la necesidad de que los colegios puedan incorporar un quinto criterio de prioridad -uno más de los cuatro ya existentes- de carácter voluntario, basado en el rendimiento académico destacado, específicamente para estudiantes que se ubiquen dentro del 5% superior de sus cursos. “Este criterio sólo opera si aún quedan vacantes luego de aplicar los criterios existentes”, agrega Carrasco.

Lo que falló en la implementación del SAE

Juan Pablo Catalán, académico e investigador de la UNAB analiza que SAE fue una “política pública necesaria para combatir la selección arbitraria” y muchas veces “discriminatoria” que predominaba en el sistema escolar chileno. Sin embargo, admite que su diseño original presentó limitaciones que no fueron corregidas con la prontitud necesaria.

“Una de las principales razones por las que se demoró tanto en introducir ajustes fue la alta sensibilidad política y técnica que implica intervenir en los mecanismos de acceso escolar”, explica. “Modificar el algoritmo requería cambios normativos, respaldo técnico y consenso social, lo que no siempre estuvo presente”.

Catalán agrega que durante años se produjo un debate público más ideológico que pedagógico, lo que dificultó avanzar en perfeccionamientos estructurales. A esto se sumó una constante crítica social, en especial por parte de las familias, que veían en el sistema un proceso incierto y poco transparente. “Si bien el mecanismo era más justo que los procesos de selección previos, demuestra que una política técnicamente correcta no siempre es comunicacional ni culturalmente validada”, advierte.

Desde su perspectiva, los ajustes podrían haberse anticipado si el Ministerio de Educación hubiera implementado evaluaciones formativas del sistema, recogiendo de forma sistemática las percepciones de apoderados, directivos y estudiantes. “La OCDE ha señalado reiteradamente que los sistemas educativos deben contar con ciclos de mejora continua basados en datos y evidencias. En este caso, faltó capacidad de respuesta oportuna y proactiva”, insiste.

¿Cómo debería ser el sistema a futuro?

Para Javier González, quien ha explorado diferentes casos a lo largo del mundo, el modelo ideal de admisión escolar no es necesariamente único, sino aquel que logra equilibrar equidad, mérito, libertad de elección y cohesión social, tomando como referencia experiencias internacionales.

En países como Finlandia o Canadá, ejemplifica, el acceso a los establecimientos escolares está regulado por criterios territoriales o de cercanía, con una oferta educativa homogénea en calidad, lo que reduce la necesidad de sistemas complejos de selección o asignación. “Cuando todos los colegios son buenos, la competencia por acceder a uno específico se diluye”, aclara.

En contraste, en sistemas más desiguales, los mecanismos de admisión tienden a generar tensiones, ya que las familias compiten por un número limitado de vacantes en establecimientos percibidos como de mejor calidad. González destaca que, en ese contexto, un modelo ideal debería contemplar tanto criterios de justicia distributiva como mecanismos transparentes de elección informada, evitando la selección por rendimiento previo y promoviendo la inclusión.

“Chile avanzó con el SAE en el sentido correcto, al eliminar la selección arbitraria, pero quedó al debe en cuanto a construir un sistema escolar más equilibrado en calidad y en dotar de legitimidad cultural al nuevo mecanismo”, argumenta.

En su visión, cualquier modelo exitoso debe estar acompañado por políticas que mejoren la oferta pública en todos los territorios y por una comunicación efectiva que involucre a las familias como actores activos del proceso.

Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la UC, asiente que el sistema de admisión escolar ideal en Chile debe construirse sobre tres pilares fundamentales: libertad de elección, acceso a información clara y equitativa, y una mejora sostenida en la calidad de la oferta educativa. Aunque reconoce que los ajustes recientes al SAE tienen un impacto acotado, enfatiza que el foco de largo plazo debe estar puesto en políticas estructurales más ambiciosas.

“El sistema debe seguir garantizando la libertad de elección de las familias. No podemos retroceder reinstalando mecanismos de selección por parte de los colegios”, advierte Carrasco, aludiendo a las propuestas que han buscado reinstaurar filtros académicos o entrevistas de admisión. En su opinión, dicha libertad sólo puede ejercerse de forma justa si va acompañada de información robusta sobre la oferta educativa. Hoy, muchas familias postulan a los mismos colegios por desconocimiento o prejuicios, lo que genera fenómenos de autoselección y concentración en ciertos establecimientos.

Carrasco defiende una verdad incómoda: el sistema de admisión, por sí solo, no mejora la calidad de la educación y agrega que “si no generamos elecciones valiosas para las familias, la percepción de injusticia persistirá”. A su juicio, mientras siga existiendo una oferta desigual, la competencia por los pocos colegios altamente valorados reforzará la idea de que el sistema es inequitativo, aunque el mecanismo de asignación funcione correctamente. Por ello, sentencia que el SAE debe entenderse como un instrumento de distribución, no como una solución a los problemas estructurales del sistema escolar.