El concepto de triángulo del litio remite de inmediato a esta zona del mundo, donde Chile, Argentina y también Bolivia, presentan un gran potencial para extraer este mineral no metálico. Y si bien el desarrollo de estos países ha avanzado, ha sido el cobre el metal que se ha llevado las miradas, sobre todo en momentos en que el precio coquetea ya no con los US$5 o US$6 por libra en los mercados internacionales, sino que con los US$7, un nivel nunca visto.

Por ello, y teniendo en cuenta los desarrollos recientes, ahora a nivel global se habla más del triángulo del cobre que del litio. El concepto ha sido puesto sobre la mesa por CESCO, cuyo director ejecutivo, Jorge Cantallopts, explica que lo que realmente está detrás de esto es la propuesta de mirar cómo estos países pueden complementar sus capacidades frente a una demanda creciente de cobre.

“Chile y Perú tienen una base productiva consolidada, mientras Argentina cuenta con una cartera relevante de proyectos por desarrollar. Esa combinación abre una oportunidad de colaboración en infraestructura y proveedores, además de formación de trabajadores. El mundo necesita nuevos proyectos y la región puede tener un papel decisivo si logra convertir esa oportunidad en producción efectiva”, reflexiona Cantallopts.

¿Qué puede aportar Chile al desarrollo minero de Argentina y Bolivia, por ejemplo, en materia de servicios o suministro hídrico?

Chile puede aportar décadas de experiencia en el desarrollo y operación de grandes proyectos, junto con una red de proveedores especializados. Hay capacidades en ingeniería, mantenimiento y tecnología minera que pueden acompañar el crecimiento de otros países. Esa colaboración también debe fortalecer a los proveedores locales y generar beneficios en los territorios donde se desarrollan los proyectos. En materia hídrica, nuestra experiencia en desalación y sistemas de impulsión de agua de mar permite evaluar soluciones compartidas, especialmente con proyectos argentinos cercanos a la frontera.

Suele decirse que el mismo mineral que está del lado chileno de la cordillera puede estar del lado argentino. ¿Es tan así?

Sí, tiene fundamento geológico. Los procesos que originaron los depósitos minerales de la cordillera ocurrieron mucho antes de que existieran las fronteras actuales. Por eso, hay cinturones mineralizados a ambos lados de los Andes e incluso depósitos que se extienden entre los dos países. Filo del Sol, en el distrito Vicuña, es un ejemplo concreto de un depósito ubicado en Argentina y Chile. Pero esa continuidad debe comprobarse mediante exploración. Encontrar cobre a un lado de la frontera no garantiza que al otro exista un yacimiento con igual tamaño, concentración o rentabilidad. Cada depósito necesita estudios propios para determinar cuánto mineral contiene y si es técnica, económica y ambientalmente viable explotarlo.

¿Cuál es el potencial de los tres países en conjunto?

Nuestro estudio identifica, para Chile, Perú y Argentina, una cartera de 42 proyectos, con inversiones estimadas cercanas a US$138.000 millones y una capacidad potencial adicional de más de seis millones de toneladas de cobre al año. Es una escala que puede contribuir de manera significativa al abastecimiento mundial durante las próximas décadas. Además, el impacto se extiende a los servicios y actividades vinculadas a la minería. Los escenarios de la presentación estiman que el aporte directo y los encadenamientos productivos podrían pasar de unos US$128.000 millones a alrededor de US$222.000 millones. Estas cifras representan un potencial condicionado a la materialización de los proyectos. Para alcanzarlo debemos resolver dificultades en permisos y avanzar en ingeniería y construcción. La colaboración regional puede ayudar a compartir infraestructura y ampliar las capacidades necesarias para ejecutar esa cartera.

¿Existen dudas sobre la estabilidad política por parte de los inversionistas?

La estabilidad política y económica forma parte de cualquier evaluación de inversión minera. Son proyectos que requieren miles de millones de dólares y que operan durante décadas, por lo que los inversionistas necesitan confianza en la continuidad de las reglas. La evaluación es distinta en cada país y también depende del proyecto. Importan la seguridad jurídica, la previsibilidad tributaria y la capacidad de las instituciones para resolver permisos. También pesa la relación con las comunidades, porque una inversión necesita condiciones sociales que permitan sostener su desarrollo. Como centro de estudios hemos planteado que la oportunidad regional exige una mayor coordinación institucional. Contar con recursos geológicos es una ventaja enorme, pero convertirlos en producción requiere reglas confiables y capacidad de ejecución.

Argentina implementó recientemente el RIGI como mecanismo de protección para las inversiones. ¿Cómo ha funcionado y qué expectativas tiene hacia el futuro?

El RIGI ha contribuido a mejorar las condiciones para evaluar inversiones de largo plazo en Argentina. Ofrece incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, junto con garantías de estabilidad sobre esos beneficios por 30 años para los proyectos adheridos. Eso responde a una preocupación central de la minería: poder planificar una inversión durante un horizonte que supera ampliamente un período de gobierno. Ya existen avances concretos. Durante 2026 se aprobaron las adhesiones de proyectos cupríferos como PSJ Cobre Mendocino y Vicuña. Son señales relevantes, aunque una aprobación bajo el régimen todavía debe traducirse en financiamiento, construcción y puesta en marcha. Hacia adelante, la expectativa es que el RIGI ayude a concretar una nueva etapa de producción de cobre en Argentina. Su resultado deberá evaluarse por la inversión efectivamente ejecutada y por su capacidad de generar empleo y desarrollar proveedores.

¿Qué tan importante para los inversionistas es este tipo de mecanismos?

Son muy importantes, porque permiten reducir incertidumbres que inciden directamente en el financiamiento y en la decisión de invertir. En minería, una empresa compromete grandes recursos mucho antes de recibir ingresos. Tener mayor certeza sobre las condiciones tributarias y el acceso a divisas ayuda a evaluar ese compromiso de largo plazo. Su eficacia también depende del entorno en que operan. Un régimen de incentivos necesita instituciones capaces de cumplirlo, permisos que avancen con criterios claros e infraestructura que permita ejecutar los proyectos. Nuestra mirada es que la región puede atraer más inversión mediante una colaboración que mejore esas condiciones, manteniendo los estándares ambientales y sociales. Compartir capacidades y coordinar infraestructura permite que el desarrollo de un país también genere oportunidades para sus vecinos.