La demanda civil que una joven interpuso contra la Universidad de Cornell y siete miembros de una fraternidad, alegando abusos sexuales ocurridos hace dos años, ha conmocionado a Estados Unidos y ha abierto nuevamente el debate sobre el consentimiento sexual.

La mujer, identificada en los documentos legales como Jane Doe y que en ese momento tenía 20 años, presentó el mes pasado una demanda alegando que fue drogada y violada por varios hombres en 2024 en la universidad privada en el estado de Nueva York.

Doe declaró que había estado bebiendo horas antes del presunto incidente y que luego fue a la casa de la fraternidad Chi Phi en el campus de ese centro de élite, donde varios hombres la presionaron para que inhalara la droga ketamina y le ofrecieron alcohol antes de anunciar un encuentro sexual “gratuito” con ella en un mensaje grupal.

Afirmó que estaba ebria durante el presunto incidente y que no pudo dar su consentimiento.

Después de los hechos, las autoridades universitarias llevaron a cabo su propia investigación interna del caso conocido como “Los Siete de Cornell”. Sin embargo, se concluyó con sanciones que ahora parecen ligeras en comparación con la potencial gravedad de lo sucedido.

Dos de los siete estudiantes fueron expulsados y otros dos suspendidos. Otro, que ya se había graduado, recibió una prohibición de ingresar al campus durante tres años. Para los dos restantes hubo órdenes de no contacto con la denunciante, entre otras medidas disciplinarias, detalló France 24.

Según la legislación vigente en Nueva York, una persona que consume drogas o alcohol voluntariamente, en lugar de intoxicarse sin su consentimiento, no se considera automáticamente incapaz de dar su consentimiento para tener relaciones sexuales.

Los medios de comunicación estadounidenses lo han estado reportando ampliamente como la “laguna legal de la intoxicación voluntaria”.

En Nueva York, donde tiene su sede la universidad de la Ivy League, la gobernadora demócrata Kathy Hochul exige que los legisladores cierren esa laguna legal de la intoxicación voluntaria, una disposición que, según los críticos, permite a los perpetradores aprovecharse de personas como Jane Doe sin consecuencias si la víctima bebió o consumió drogas a sabiendas.

“Si alguien está demasiado intoxicado para dar su consentimiento, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol”, dijo Hochul a los periodistas. “La intoxicación voluntaria no justifica la agresión sexual ni la violación en grupo. Punto”.

El diario The Wall Street Journal señaló que el debate sobre el consentimiento ha estado presente durante años, moldeado por cambios más amplios en la guerra cultural: el auge del #MeToo, la reacción de los críticos preocupados por los excesos y las visiones del mundo contrapuestas de las administraciones de Obama y Trump.

Algunos expertos afirman que la ley se ha malinterpretado y que no impide que quienes consumen alcohol o drogas denuncien una agresión sexual. No obstante, sí les exige demostrar que estaban tan incapacitados que no podían dar su consentimiento físico, un requisito más exigente que el de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Esta distinción refleja un debate en curso en Estados Unidos sobre qué se considera consentimiento cuando alguien ha estado bebiendo.

La revista Newsweek recordó que los esfuerzos por modificar la ley se remontan al menos a 2019, cuando la entonces senadora estatal demócrata Alessandra Biaggi presentó un proyecto de ley destinado a eliminar lo que sus defensores describen como una laguna legal en materia de intoxicación voluntaria. Dicha propuesta se convirtió posteriormente en el proyecto de ley A101 de la Asamblea.

La medida fue aprobada varias veces por el Senado estatal, pero nunca llegó al pleno de la Asamblea.

Chinmoy Gulrajani, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, quien ha investigado las leyes sobre intoxicación y consentimiento en todo Estados Unidos, dijo a la revista Newsweek que la controversia de Cornell ha reavivado el debate en Albany durante años. Añadió que el caso “debería servir de advertencia para otros estados donde aún no se ha implementado dicha reforma, pero se está considerando”.

Un punto de inflexión

Andrew Miltenberg, abogado de uno de los estudiantes acusados, calificó el caso como un punto de inflexión significativo en el debate sobre el consentimiento. “¿Hasta qué punto se puede legislar para eliminarlo? ¿Qué significa en diferentes contextos? ¿Cómo analizar casos que suelen ser muy ambiguos?”.

También advirtió contra la precipitación a la hora de emitir juicios, diciendo: “El público ha visto fragmentos de este caso, no el expediente completo. Sin embargo, las acusaciones ya se están tratando como conclusiones”.

Dan Schorr, exfiscal especializado en delitos sexuales, declaró a la BBC que la ley de Nueva York aún protege a las víctimas de agresiones que han optado por beber alcohol o consumir drogas.

“Si una persona no puede expresar su consentimiento o la falta de este debido al consumo de alcohol o drogas, cualquier actividad sexual con ella siempre será no consentida, independientemente de si la ingesta de alcohol o drogas fue voluntaria o involuntaria”, afirmó.

Schorr, quien también ayuda a las universidades a revisar casos de agresión sexual, comentó: “Procesé a muchas personas que agredieron sexualmente a alguien que estaba voluntariamente ebrio”. Y agregó: “Obtuve condenas. Fueron a prisión”.

Las leyes de Nueva York sobre agresión sexual han evolucionado desde los tiempos en que la víctima tenía que demostrar que había opuesto “la máxima resistencia”. Pero algunos expertos legales afirman que aún persiste una laguna jurídica crucial, indicó The Wall Street Journal.

Según un apartado de la ley, una persona es culpable de violación si mantiene relaciones sexuales con alguien que “es incapaz de dar su consentimiento por razón de tener una discapacidad mental o estar mentalmente incapacitado”.

La ley considera que una persona está “mentalmente incapacitada” si es temporalmente incapaz de controlar su conducta “debido a la influencia de una sustancia narcótica o intoxicante que se le haya administrado sin su consentimiento”.

El diario The Wall Street Journal señaló que el problema surge cuando las partes beben voluntariamente, como suele ocurrir en muchos asaltos en los campus universitarios. Según los críticos, estos casos tienden a desmoronarse a menos que el fiscal pueda probar sin lugar a dudas que la víctima estaba inconsciente y, por lo tanto, indefensa e incapaz de comunicarse, y no simplemente ebria.

En el norte del estado de Nueva York, el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, hizo referencia a la ley en una declaración del 28 de septiembre en la que explicaba por qué su oficina no presentó cargos después de que Jane Doe hablara con la policía de la Universidad de Cornell en noviembre de 2024. Inicialmente, ella había descrito su consumo de drogas y su conducta sexual como “voluntaria, consciente y consensuada”, dijo.

“Los hechos presentados en la declaración de Jane Doe no alegan que ella haya sido incapacitada para controlar su propia conducta ni que se le haya administrado algún medicamento sin su consentimiento”, afirmó.