El gobierno de Pedro Sánchez impulsa la séptima regularización extraordinaria de migrantes de la democracia en España. El Grupo Parlamentario Socialista presentó una propuesta a los distintos grupos del Congreso para regularizar a personas migrantes que hayan llegado al país antes del 31 de diciembre de 2024, a través de una “autorización de circunstancias excepcionales única”.

Esta iniciativa, que actualmente se negocia con diversos grupos parlamentarios, modificaría la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que lleva estancada en el Congreso desde hace un año y que pretendía regularizar a medio millón de extranjeros en situación irregular. La nueva propuesta plantea una vía alternativa que permita residir y trabajar legalmente en todo el territorio nacional, aunque los requisitos específicos se definirán mediante real decreto.

“El gobierno, mediante real decreto, regulará el procedimiento y los requisitos, en el plazo máximo de seis meses, para la obtención de una nueva autorización por circunstancias excepcionales que habilita a residir y trabajar en todo el territorio nacional para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024 y que cumplan dichos requisitos”, reza el texto, al que tuvo acceso El Periódico y que el gobierno espera que sea aprobado en el Parlamento antes del verano (boreal).

Este cambio de dirección del gobierno de Sánchez, destaca RTVE, llega precisamente en un momento de gran rechazo por parte de oenegés, partidos e instituciones como el Defensor del Pueblo hacia parte del nuevo reglamento de extranjería, que entró en vigor este mismo martes, y que podría dejar en la irregularidad a miles de solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada. El gobierno prevé que gracias a este nuevo marco normativo se podrá regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años.

El propio texto que manejan los socialistas reconoce que, aunque el reglamento “mejora y flexibiliza los requisitos para que las personas extranjeras puedan obtener una autorización de residencia”, también “existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo". Más concretamente, se refiere a las personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad.

Se plantea que se pueda regularizar a los inmigrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, pero como la tramitación de la iniciativa tomará tiempo, se espera que esta fecha cambie también. De todos modos, habrá requisitos para esta regularización extraordinaria: los antecedentes penales, la situación de vulnerabilidad o la forma de demostrar la estancia en España. Este texto tendrá que aprobarse en un máximo de seis meses, una vez que los diputados lo aprueben.

El texto justifica de esta manera la medida: “Nuestro país, por su situación geográfica y la percepción de estabilidad, seguridad y prosperidad económica y social, constituye un objetivo de destino prioritario de los flujos migratorios. No acompasar de forma eficaz la evolución de los flujos humanos migrantes con el ámbito regulador puede generar situaciones de inseguridad o desprotección”.

El proyecto para lanzar la ILP comenzó a concretarse en 2021, cuando se consiguieron 600 mil firmas y el apoyo de 900 organizaciones. Luego fue aprobado por el Congreso, y el 9 de abril avanzó su tramitación, a la que solo se opuso el partido Vox. Desde el otro lado, el partido Sumar, se espera que se definan los criterios de manera más específica, y por lo mismo valoran que el texto esté redactado “de forma amplia”, sin imponer restricciones.

Por su parte, desde el movimiento Regularización Ya, se enfocan mucho en el límite temporal que tendría este proceso extraordinario. Victoria Canalla, militante del movimiento, señaló: “Esa fecha, la del 31 de diciembre, está ya desfasada porque entre que se aprueba el trámite, que podría ser a finales de junio, más los seis meses que tienen para aprobar el real decreto que lo regulará... podemos estar hablando de que se ponga en marcha a finales de 2025 como mínimo. La fecha debería ser la de su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) o la misma puesta en marcha de la reforma del gobierno el 20 de mayo. Lo que pedimos es una reforma extraordinaria no un parche a una reforma”, comentó.

Desde el Partido Popular, en tanto, se espera oposición al proyecto, que en otras negociaciones ya ha defendido que la fecha de ingreso de los posibles beneficiados sea anterior al 1 de noviembre de 2021.

La iniciativa llevaba meses en standby, pero el PSOE tuvo un giro radical en su posición respecto a él: el partido llegó a asegurar que la Unión Europea no permitiría tal regularización masiva. Sin embargo, en estas últimas semanas se decidió acelerar la tramitación, y según indicaron fuentes socialistas a El País, hay detrás de estos motivos económicos.

Pedro Sánchez estaría interesado en sacar a un número importante de personas de la irregularidad, no solo para ayudarlos, sino para responder a los grupos de empresarios que llevan tiempo quejándose de la falta de mano de obra en España. Hace poco, y en la misma dirección, cerca de 23 mil inmigrantes fueron regularizados, luego de verse afectados por la Dana, las inundaciones catastróficas que afectaron a la Comunidad Valenciana.

Así, el borrador había empezado a negociarse con Podemos y Sumar, y “pesos pesados” del gobierno estarían comprometidos en él. El diario español asegura también que, desde entonces, casi todos los grupos políticos presentes en el Congreso han recibido o intervenido en el texto.

Respecto al cambio de actitud del PSOE hacia la iniciativa, desde Sumar lo aplauden: “Por fin vamos a desbloquear la regularización, nos alegra muchísimo el cambio de posición del PSOE”, celebró este martes en conferencia de prensa la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que cree que el texto “concita bastantes acuerdos” entre los grupos que deben reunirse ahora para la ponencia de la ley. En todo caso, discrepó con el PSOE sobre el plazo para regularizar a inmigrantes y abogó por aprobar un texto en dos meses, en lugar de los seis que defienden los socialistas.

Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, desconfía: “Si el gobierno quisiera realmente hacer una regularización extraordinaria podría hacerlo mañana mismo”, declaró, deslizando además que el PSOE podría utilizar a Junts y al PNV “como excusa para no hacer lo que no quieren hacer”.

El portavoz del opositor Partido Popular (PP) en el Congreso, Miguel Tellado, dijo que la propuesta del PSOE es “una falta de respeto al trabajo parlamentario". “La ley está en fase de ponencia y es en la ponencia donde se debaten las enmiendas”, apuntó.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, acusó a Pedro Sánchez de hacer esto con fines políticos: “La nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo, y mucho menos un arma política para configurar el censo, que en última instancia es lo que busca el gobierno de Sánchez”, denunció.