Folkston, al sur de Georgia, era una ciudad cualquiera en Estados Unidos, incluso “olvidada por la historia”. Con sus cinco mil habitantes y una pobreza particularmente alta, el lugar necesitaba una industria o motor que estimulara su economía. Por lo visto, algunos encontraron la respuesta en la industria carcelaria.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunció que ampliará su centro de detención en la localidad, volviéndolo el recinto más grande en el país de la conocida agencia gubernamental: la que ha estado persiguiendo a migrantes ilegales y poniéndolos en centros de detención.

En la ciudad algunos aplauden la iniciativa, aludiendo a las necesidades económicas del lugar. En tanto, otros quisieran que Folkston no se diera a conocer solo por eso, y alegan que las cárceles no generan tantos empleos. Y en medio de todo esto, las condiciones insalubres del recinto ya han provocado la muerte de uno de sus internos.

Los planes ya están en marcha para ampliar un centro correccional en la ciudad: esta vez, enfocado en los extranjeros afectados por la ofensiva antimigratoria del presidente Donald Trump. “Esto representa un salvavidas económico”, declaró Glenn Hull, administrador del condado de Charlton, donde se encuentra Folkston. “No solucionará todos nuestros problemas, pero sin duda es una pieza clave del rompecabezas”, aseguró.

Se trata del Centro Correccional D. Ray James, en el condado de Charlton, que junto con su ampliación pasará a formar parte del Centro de Procesamiento del ICE de Folkston, en virtud de un contrato de 47 millones de dólares. El centro, que pasará de 1.100 a 3.000 camas de capacidad, generaría unos 400 empleos en la zona. Además, la ciudad de Folkston recibirá 600 mil dólares anuales en ingresos por los servicios de agua y alcantarillado que se prestan al centro.

Esta inversión forma parte de un movimiento nacional del gobierno de Trump para tener más cárceles y centros de detención. El presupuesto del republicano, aprobado por la mayoría en el Congreso, incluye 45 mil millones de dólares para construir nuevos centros de detención de inmigrantes, lo que supone un aumento anual del 265%.

La agencia privada que mantiene el actual centro correccional, Geo Group, ha sido objeto de críticas por las condiciones en que ha mantenido el recinto de Folkston. Desde presos en huelgas de hambre trasladados a confinamiento solitario, la negación de acceso a capillas a católicos y musulmanes, los informes que han hecho los inspectores federales sobre la cárcel también dan cuenta de un personal médico que actúa “más allá de los límites seguros”.

Las operaciones deficientes resultaron fatales para Jaspal Singh, ciudadano indio que pasó nueve meses en Folkston tras ingresar al país ilegalmente. En abril de 2024, Singh, de 57 años, sufrió un dolor en el pecho y finalmente falleció cuando un médico retrasó su tratamiento. La atención de salud del centro “se desvió más allá de los límites seguros y contribuyó directamente a su muerte”, constata la revisión de su fallecimiento realizada por el ICE.

Sin embargo, en lugar de imponer multas o sanciones significativas en respuesta a las infracciones, el ICE otorgó el mes pasado a Geo Group un nuevo contrato. Un análisis de contratos federales e informes de inspección obtenido por The Current muestra que el personal ignoraba sistemáticamente las normas federales de seguridad y penitenciarias, y mantenía a los detenidos en el centro en condiciones insalubres y peligrosas que ponían en peligro su salud.

En tanto, la ciudad se pregunta si quiere o no ser hogar del centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos, volviéndose, de cierto modo, un símbolo de la persecución que viene llevando a cabo Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Con sus menos de cinco mil habitantes, la historia de Folkston hoy es la de una decadencia económica que ha llevado a un tercio de sus residentes a vivir bajo la línea de la pobreza, cuando en el país el promedio está en el 14%. Un artículo del Financial Times retrata la localidad, que en los años 50 tuvo su momento de prosperidad alrededor de la industria maderera.

Como símbolo de la decadencia, el único hospital de la ciudad, el Charlton Memorial, fue cerrado por dificultades de financiamiento y hoy es una ruina abandonada.

Se supone que parte el dinero que recibirá la ciudad irá a comunidades rurales en dificultades. Con la ampliación se crearán unos 400 nuevos empleos. “Esto genera empleo, por lo que la gente está entusiasmada”, declaró Buddy Carter, congresista que representa a esta zona de Georgia y jugó un papel fundamental en la consecución del acuerdo. “Se necesitará personal de mantenimiento, guardias, personal de limpieza; se necesitará todo lo necesario para mantener una instalación de ese tamaño”, dijo.

Pero a otros les preocupa el impacto en la reputación que Folkston está a punto de sufrir. “No puedo aceptar la idea de que lo que más nos distinguirá sea tener el centro de detención de ICE más grande del país”, declaró Antwon Nixon, pastor y activista local. “¿Quién quiere ser conocido por eso?”, agregó.

Otros críticos locales afirman que es poco probable que el condado de Charlton reciba gran parte de las ganancias producidas por la cárcel. “El dinero beneficia a los accionistas de Geo Group, no a las comunidades locales”, declaró Marty Rosenbluth, abogado de inmigración que representa a detenidos en Folkston. La creación de empleo local es mínima, añadió, porque “el verdadero trabajo para mantener estas prisiones en funcionamiento lo hacen los propios detenidos”.