En poco más de un mes las revelaciones de la Contraloría han dejado en evidencia que el mal uso de las licencias médicas no es un fenómeno aislado. Cerca de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con permiso, y más de mil profesionales de la salud emitieron licencias mientras ellos mismos estaban con licencia. Y esos son solo algunos ejemplos.

Y aunque ya hay 7.474 sumarios en curso, una gran duda persiste: ¿las personas que obtienen licencias médicas fraudulentas también cometen un delito? ¿Y a qué sanciones se arriesgan?

Ahora la justicia parece haber sentado un precedente claro. El pasado 1 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena dictada por el Quinto Tribunal Oral en lo Penal contra un exfuncionario municipal de Maipú: desestimó el recurso de nulidad presentado por la defensa y ratificó una pena de 61 días de presidio por la obtención fraudulenta de una licencia médica, además de 60 días adicionales por el cobro indebido de una prestación municipal. En ambos casos se le impuso también la suspensión del ejercicio de cargos públicos mientras dure la condena.

Como se cumplen los requisitos establecidos por la ley, el tribunal decidió sustituir la pena de cárcel por una remisión condicional: es decir, el condenado no irá a prisión, pero deberá cumplir su pena en libertad bajo ciertas condiciones durante un año. Si incumple esas exigencias la remisión es revocada.

El resto de las sanciones se mantiene, como el pago de una multa de 35 UTM, lo que se traduce en $2.412.305.

“Se sienta un precedente”

Neftalí Carabantes, abogado y académico de la Universidad Central, destaca que este fallo marca un punto de inflexión en cómo el sistema judicial aborda el uso fraudulento de licencias médicas, y anticipa que tendrá impacto en futuros casos similares.

“Estamos frente a una fundada y precursora sentencia de naturaleza penal, que no solo sienta un precedente, sino que además marca un estándar claro: en el Chile actual no es tolerable la obtención y utilización maliciosa y dolosa de licencias médicas. Además, considero que esta sentencia va a incidir jurídica y dogmáticamente en la forma en que nuestros tribunales razonen y resuelvan la gran cantidad de procesos judiciales vinculados a licencias médicas irregulares, donde, por cierto, existan serios indicios de que estas se han obtenido mediante ardid, fraude y con dolo”.

El caso que hoy suma una condena penal tiene nombre y apellido: Germán Arce, constructor civil de profesión, quien asumió como director de Obras Municipales de Maipú en 2014, bajo la administración del entonces alcalde Christian Vittori. Años después, en noviembre de 2018, viajó a Bariloche, Argentina. El problema es que lo hizo mientras oficialmente estaba con licencia médica, supuestamente en reposo.

Eso sí, las alarmas se encendieron al instante: el trámite fue rechazado tanto por la isapre como por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), y al momento de hacerse público el caso, Arce no había devuelto los dineros percibidos como remuneración durante ese período.

Aunque la situación fue investigada en 2019, el caso quedó estancado por años. Recién durante la gestión del actual alcalde Tomás Vodanovic se reactivó la denuncia. Así, en 2023 Arce fue destituido de su cargo y el caso llegó a tribunales. Hoy, con una condena ratificada por la corte, su viaje con licencia ya no es solo una polémica administrativa: es también un delito.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo a la legislación actual, las personas que compran licencias médicas falsas eventualmente cometen el delito de obtención fraudulenta de prestaciones del Estado o fraude de subvención, cuyas penas quedan configuradas en el artículo 470 numeral 8 del Código Penal: puede sancionarse con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 15 UTM, es decir, hasta 917.000 pesos chilenos.

En concreto, los organismos estatales son los encargados de determinar si una licencia médica presentada por un trabajador es fraudulenta. Sin embargo, si el empleador tiene sospechas fundadas, puede recurrir a la entidad médica correspondiente —como la isapre o el Compin—, la que puede evaluar si corresponde rechazar o acortar el permiso. Si se concluye que hubo fraude, es posible presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Ahora también, la semana pasada, y en el marco de todas estas relevaciones, el gobierno ingresó un proyecto de ley que apunta a realizar ajustes en el sistema de otorgamiento de licencias médicas para reducir los incentivos que tienen los trabajadores del sistema público para mal utilizarlas.

En ese contexto, el proyecto avanza hacia una homologación de pagos entre el sector privado y el público, y es que un beneficio que no se replica en los organismos que no son del Estado es que las licencias no suelen cubrir el 100% del sueldo.

Así, la iniciativa del gobierno propone crear un nuevo tipo de pago diario para los funcionarios públicos cuando estén con licencia por enfermedad o accidente común, es decir, que esta medida no se aplicará en casos como licencias maternales o por accidentes laborales.

Así, el dinero se empezará a pagar desde el tercer día de licencia y será un monto que se calcula dividiendo el sueldo mensual en 30 partes, y entregando una parte por cada día de reposo.