Cinco funcionarios del Ministerio Público prestaron testimonio este jueves en el marco de las audiencias que se están realizando en la Corte Suprema por la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, presentada por un grupo de parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio.

Fue a fines de marzo cuando el máximo tribunal declaró admisible el requerimiento que surgió tras las críticas oficialistas, principalmente del Partido Comunista, el Frente Amplio y parte del Socialismo Democrático, por el polémico allanamiento que funcionarios de la Policía de Investigaciones realizaron en el domicilio de la diputada del PC Karol Cariola, quien está siendo investigada por el delito de tráfico de influencias.

Dicho operativo policial, realizado el 3 de marzo -mismo día en que estaba dando a luz a su primer hijo-, ha sido parte de las temáticas expuestas por los requirentes en las audiencias frente a la ministra de la Corte Suprema Mireya López. Esta última oficia como tramitadora de la petición que luego revisará el pleno del máximo tribunal.

El martes 6, día en el que comenzaron las exposiciones, los abogados requirentes Doni Galaz y Fernanda Arias llevaron como testigos a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) y a la pareja de Cariola, el ahora senador PS Tomás de Rementería.

Por su lado, Hassler cuestionó la filtración de conversaciones entre ella y su amiga y compañera de militancia contenidas en el informe policial 487, donde, entre otros diálogos, criticaban al Presidente Gabriel Boric. Para la PDI, que extrajo los chats, dichos intercambios dan cuenta de una amistad estrecha que las lleva incluso a cuestionar ideológicamente a la coalición gobernante de la cual son parte, todo esto en el marco de pesquisas por presunto tráfico de influencias competidos por la expresidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola.

Durante la misma jornada, los abogados que representan a los 10 diputados del oficialismo que buscan la salida de Cooper del Ministerio Público, presentaron el testimonio de De Rementería, que es pareja y padre del hijo de Cariola, quien -según trascendió- cuestionó en duros términos el allanamiento en el domicilio de la diputada ejecutado por parte de la PDI. Entre otras cosas, aseguró que se habían cometido una serie de irregularidades y hechos que afectaron a su familia, incluida su madre y sus dos hijos mayores que son de su anterior matrimonio.

Un día después, el miércoles, Matías Inzunza, quien encabeza la defensa de Cooper, enfrentó estos cuestionamientos, rechazando que el fiscal tuviera responsabilidad en el actuar policial y desestimó que los hechos hayan transcurrido como lo relató el exdiputado.

Para probar esto, cinco funcionarios de la PDI se presentaron en el estrado ante la ministra López para explicar cada uno de los detalles del procedimiento, que contaba con orden judicial y en el que estuvo presente De Rementería, quien en esa jornada no levantó reclamo alguno, firmando incluso las actas de incautación.

Quienes han participado de la instancia aseguran que los comentarios de De Rementería fueron “ataques personales y virulentos” al fiscal y que sólo se entendían en su contexto como familiar de la persona que estaba siendo blanco de una medida intrusiva autorizada por la justicia.

Tras las exposiciones de los funciones del Ministerio Público de este jueves, quienes declararon a favor de Cooper asegurando que ha tomado todos los resguardos en las investigaciones para que no se filtren en estapas investigativas, dos de la Fiscalía de Coquimbo y tres de la Fiscalía Nacional, la jornada terminó a eso del mediodía.

Cooper salió raudo del salón sin dar declaraciones a la prensa. Tampoco quiso hacerlo su abogado.

Última jornada

Este viernes, en tanto, se espera que las audiencias lleguen a su fin. A eso de las 9.00 comenzará la jornada, que tendrá entre sus expositores al fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien es cercano al fiscal Cooper y hasta hace poco más de un año era su jefe.

El propio Armendáriz tuvo que enfrentar un proceso similar de remoción, cuando en 2024 un grupo de parlamentarios de derecha lo acusara de “falta de objetividad” en su investigación contra el exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada por la Suprema por unanimidad.

Posteriormente, la jueza López deberá emanar un informe a la Suprema, que luego fijará una fecha para una nueva audiencia donde los abogados deberán alegar por última vez frente al pleno del máximo tribunal.

Conocedores del sistema judicial pronostican que esto podría ocurrir a fines de mayo.

Cercanos al fiscal regional de Coquimbo, que en la actualidad tiene a su cargo investigaciones de relevancia, como la de la casa de Salvador Allende, el caso ProCultura y la de Cariola, dicen que el persecutor se encuentra “tranquilo” y “confiado” en cómo se han venido desarrollando estas audiencias.

Cooper es el cuarto fiscal regional que enfrenta una solicitud de remoción en la Suprema en cinco años. Ninguna de ellas prosperó.