“El líder del Tren de Aragua en Chile”.

Así definió el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, a Adrián Rafael Gámez Finol o Rafal Enrique Gámez Salas, alias el Turko.

El sujeto encabezaba una facción del TDA denominada Los Piratas, bajo las órdenes de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, el hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero, el N°1 del grupo criminal.

Niño Guerrero fue abatido en un operativo en Venezuela que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el pasado 12 de junio.

Bobby está preso en Colombia a la espera de ser extraditado a Chile y el Turko estaba detenido en Texas, EE.UU., desde fines de 2024.

Este viernes el Turko llegó a Chile al concederse su extradición, requerido como uno de los principales imputados en el crimen del militar venezolano disidente Ronald Ojeda.

También fue extraditado Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, detenido en Colombia en febrero de 2025.

“En este caso lo que hay que recalcar que las personas que trajimos son las personas más relevantes que tenemos. Uno en el ámbito de la toma Santa Marta, que estaba a cargo de la administración de esa toma, en el caso de Carrillo o el Gocho, y en el caso del Turko era el encargado para Chile, el líder para Chile y sobre él solo está Carlos Bobby”, destacó el fiscal Barros en un diálogo con la prensa en dependencias de la PDI en Santiago.

Detenciones pendientes

Barros detalló que hay 26 imputados en Chile por la causa del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Moreno y por los crímenes de Los Piratas de Aragua.

El 10 de septiembre empieza el juicio oral contra el acusado Maikel Villegas Rodríguez y el juicio para el resto de la organización comienza el 20 de octubre.

“Tenemos un tremendo compromiso con la viuda del exteniente venezolano Ronald Ojeda y siempre le hemos planteado que nosotros vamos a llegar hasta todo, hasta el límite de nuestras fuerzas, tratando de traer a presencia de los tribunales a todos los que participan en el secuestro y homicidio de su marido”, señaló el fiscal en alusión a Josmarghy Castillo.

Hay seis sujetos con orden de detención pendiente que habrían participado directamente en el secuestro y homicidio del militar expulsado de las FF.AA. venezolanas que vivía en Chile como refugiado.

La madrugada del miércoles 21 de febrero de 2024 Ojeda fue secuestrado en su hogar, en Independencia, por sujetos caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones.

El viernes 1 de marzo de ese año su cuerpo fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad al interior de una toma de terreno de Maipú.

Tenía 32 años y un hijo de seis.

El fiscal Barros aseguró que esos seis prófugos, de acuerdo a la información que manejan “se encuentran en Venezuela”.

“Ahí falta, como hemos planteado siempre, colaboración del gobierno venezolano y sin esa colaboración nunca vamos a poder avanzar probablemente respecto de ello”, comentó el persecutor.

El fiscal Héctor Barros puntualizó que, además, hay un tema que se debe considerar que es la imposibilidad de extradición de ciudadanos venezolanos, país con el que se están reactivando las relaciones a nivel consular luego de dos años congeladas.

“La propia Constitución venezolana impide o prohíbe la extradición de sus conciudadanos y en ese sentido, si bien nosotros tenemos antecedentes que nos pudieran llevar a pedir una medida intrusiva respecto a alguna autoridad, el problema es que esa sería letra muerta, atendida la situación constitucional que ellos tienen”, explicó.

“El Tren de Aragua no es una organización benéfica”

El homicidio y secuestro de Ojeda habrían sido gestionados por el régimen de Nicolás Maduro desde Caracas, luego de revelarse un presunto atentado contra el gobernante venezolano actualmente detenido en Estados Unidos.

Un testigo protegido del caso declaró que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se contactó para ello con Niño Guerrero.

“Respecto de las autoridades venezolanas, seguimos sosteniendo que hay participación en este caso y que el móvil es un móvil político. Este delito sería el delito más estúpido cometido por el Tren de Aragua, porque no tendría ningún sentido el secuestro. No hicieron llamadas extorsivas, nunca pidieron algún otro tipo de retribución. Sería el delito más sin sentido. El Tren de Aragua no es una organización benéfica, trabaja solo para obtener lucro. Por lo tanto, en este caso, en conjunto con los antecedentes que nosotros reunimos en la investigación, el móvil aquí claramente es un móvil político”, sostuvo el persecutor.

Rol de Diosdado Cabello

El fiscal regional sur recalcó que, tras agotar todas las líneas investigativas, quedó vigente solo “la línea política, que era la que tenía más sentido”.

“Y eso se fue corroborando con antecedentes que se produjeron después incluso de lo que nosotros planteamos”, expuso.

Respecto al pago, precisó que se ejecutó en parte.

“Nosotros jamás hemos dicho que no hayan cobrado. Los antecedentes que tenemos dan cuenta de todo lo contrario, que cobraron y que se pagó. A lo menos, el 50% se les pagó a los que operaron, los que hicieron la operación en la práctica, sin embargo, las disputas se producen o la única discusión que hay es cuánto es el monto total que se pagó y, en segundo lugar, que parte de la segunda cuota que se les tenía que pagar se le habrían quedado los niveles superiores del Tren de Aragua, Niño Guerrero y los que estaban en la cúspide”, apuntó.

El fiscal Barros dijo que no han podido llegar a la cifra que se habría pagado por el crimen.

“El pago material no lo hemos establecido todavía. Lo que sí hemos tenido, tenemos establecido es que el que se encarga de hacer la negociación es Diosdado Cabello y es quien estaría detrás del pago”, aseguró.

Cabello es secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV) y sigue siendo ministro de Interior, Justicia y Paz de su país.