La Fiscalía Regional de Coquimbo, que indaga del denominado caso ProCultura, informó que luego de filtrarse contenidos de la carpeta en medios de prensa, realizó una denuncia y abrió de oficio una investigación por el posible delito de revelación de secretos en contra de los intervinientes que tuvieron acceso a los documentos.

En este sentido, y mediante un comunicado, el ente persecutor informó que la reserva el pasado 6 de abril venció la reserva en torno a la investigación vinculada a la ONG liderada por Alberto Larraín, una de las principales aristas del denominado caso Convenios o Líos de Plata.

Es por esto, destacan, que a contar del pasado 5 de mayo 2025 comenzó la entrega de los antecedentes a las partes querellantes y defensoras.

“El día lunes 5 de mayo se entregó copia a 8 intervinientes; el martes 6 de mayo a 6 intervinientes; el miércoles 7 de mayo a 2 intervinientes; el jueves 8 de mayo a 4 intervinientes y el viernes 9 de mayo a una parte interviniente”, indicaron desde la entidad encabezada por el fiscal Patricio Cooper.

“Dado que en los últimos días y en forma posterior a la entrega de copias a los intervinientes se observó la publicación de contenidos de la investigación en diversos medios de prensa, la Fiscalía Regional de Coquimbo realizó la denuncia y la apertura de oficio de una investigación por el posible delito de revelación de secretos para determinar responsabilidades conforme al artículo 182 del Código Procesal Penal”, agregaron.

En este sentido, relevaron que “la Fiscalía Regional de Coquimbo reitera a la comunidad su compromiso con la legalidad vigente, actuación con reserva y respeto a las garantías que todo ciudadano tiene en un proceso penal”.

Reservas de la causa

La Fiscalía Regional de Coquimbo asumió la investigación del caso ProCultura el 26 de junio 2024 por encargo de la Fiscalía Nacional y se definió un equipo de trabajo que comenzó con la realización -en forma reservada- de una serie de diligencias en 8 regiones del país.

Entre los meses de julio y diciembre de ese año, así como entre enero y abril de 2025, se solicitaron diversas diligencias investigativas, entre las que se cuentan 172 diligencias encomendadas a la PDI, consistentes en órdenes de investigar, instrucciones particulares y requerimientos de información; 15 solicitudes formuladas ante tribunales de garantía; 14 requerimientos de información dirigidos a entidades privadas; entradas y registros en 14 domicilios ubicados en la Región Metropolitana y en dos domicilios de la Región del Biobío, con incautación de diversas especies, indicaron desde la Fiscalía.

Agregaron que, asimismo, se han tomado alrededor de 190 declaraciones de personas, provenientes de diversas regiones del país, tales como Antofagasta, Metropolitana, Biobío, Ñuble, Magallanes y Valparaíso.

En este marco, explicaron que “durante el proceso, las acciones investigativas se desarrollaron conforme a la reserva que impone el artículo 31 de la ley 19.913 sobre lavado de activos para terceros ajenos e incluso los intervinientes del proceso”.

Es así como el 9 de abril de 2024 se decretó la primera reserva de la investigación, la cual fue ampliada por un plazo de seis meses. Posteriormente, en octubre de 2024, se solicitó una segunda ampliación de dicha reserva, la que fue autorizada por diversos Juzgados de Garantía, entre ellos los de Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Séptimo de Garantía de Santiago, Chillán, Concepción, Porvenir y Coyhaique, también por un período de seis meses.

De esta forma, recordaron, la reserva decretada venció entre los días 2 y 6 de abril de 2025, según cada tribunal. En virtud de lo anterior, la Fiscalía Regional de Coquimbo comenzó a recibir múltiples solicitudes de entrega de copias por parte de los intervinientes.

“Dado lo anterior, y en cumplimiento de las normas del Código Procesal Penal y del Instructivo N° 983, de fecha 16 de octubre de 2024, dictado por el señor Fiscal Nacional, el pasado 5 de mayo 2025 se cumplió con la entrega de los antecedentes a las partes querellantes y defensoras”, relevaron.