El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó el día de hoy una querella contra de Bastián Muhlhauser Aravena, y en contra todos quienes resulten responsables de la comisión de los delitos informáticos, en el marco de la investigación que se sigue por el hackeo al Gobierno Digital. Esta vulneración obligó a iniciar un proceso para actualizar todas las claves únicas de los usuarios del país.

El querellado fue formalizado el 22 de octubre y se mantiene en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en agosto pasado, cuando habría accedido a la plataforma de la División de Gobierno Digital y, posteriormente, a principios del mes de octubre, habría alterar el sitio web con mensajes en que afirmaba tener “cientos de gigabites de bases de datos de Comisaría Virtual, el código fuente de Clave Única y entre otras sorpresas”. Además, el querellado habría publicado links que permitían descargar información de diversa relevancia. Eso sí, en su declaración ante la PDI descartó hacer descargado algún tipo de material.

Desde el CDE subrayaron la gravedad de los hechos cometidos, “dada la afectación que provocaron a la fe pública de miles de chilenos respecto de la seguridad del tratamiento digital de datos sensibles que presta la Administración del Estado, los que fueron maliciosamente revelados, causando, además, un perjuicio patrimonial al Fisco. Desde ese punto de vista, los hechos denunciados serían constitutivos de delitos que causan un profundo daño a los sistemas digitales del Estado”.

“Los hechos relatados dan cuenta de la vulneración y/o afectación a un sistema informático que, además, ha causado un perjuicio al sistema de trámites digitales de la Administración del Estado, que se financia con fondos públicos y que significaron gastos en que ha debido incurrir la Administración. (…) El imputado intercepta, interfiere o accede a las bases de datos del sistema de trámites digitales de la Administración del Estado y maliciosamente los revela o difunde después, causando, además un perjuicio patrimonial al Fisco y a la fe pública”, subraya la querella.