“Para mí era muy importante aclarar todo lo que fuera necesario. Respondí todas las preguntas que alguien alguna vez pudo formular sobre esto. Yo no estoy imputada de nada. Estoy muy tranquila, vine en calidad de testigo y me voy satisfecha de haber podido aclarar todo”.

Así respondía hace poco más de un año, la tarde del 18 de abril de 2024, la otrora jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, Verónica Serrano, tía del exjefe de asesores de Presidencia Miguel Crispi.

Fue ese día que compareció por primera vez ante el Ministerio Público, producto de la indagatoria ligada a los convenios suscritos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Aunque con el correr de los meses, y el progreso de otras aristas del denominado caso Convenios o Líos de Plata, sus actuaciones comenzaron a ser analizadas por otras reparticiones.

En primera instancia fue convocada por los persecutores de Antofagasta en calidad de testigo, pero luego su calidad procesal cambió a imputada. Esto, de la mano de la investigación que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, respecto de ProCultura.

Así, de hecho, quedó en evidencia en el expediente de dicha indagatoria -al cual tuvo acceso La Tercera-, a propósito de su citación a declarar.

“El 19 de noviembre de 2024, a las 15:30 horas, prestó declaración en calidad de imputado Verónica Serrano Madrid, chilena, nacida en Santiago, de profesión arquitecto, estado civil casada, en presencia de su abogada defensora”, se lee en el Informe Policial 419 de fecha 17 de enero de 2025.

Eso sí, en dicha ocasión, por recomendación de su abogada, Serrano ejerció su derecho a guardar silencio. Manifestó, de todas formas, su interés en colaborar “una vez que tenga más antecedentes de esta investigación”.

De acuerdo al expediente del caso que remece a La Moneda, en la oportunidad la diligencia estuvo encabezada por el fiscal Eduardo Yáñez Muñoz, y también participaron efectivos de la PDI que integran el equipo especializado del “grupo convenios”.

Completa Disposición

Consultada sobre la comparecencia de su representada, la abogada Ymay Ortiz confirmó la citación a Serrano e insistió en que fue ella quien recomendó no declarar a la espera de conocer los antecedentes por los cuales se le vincula a esta arista.

“En ese minuto la investigación estaba bajo secreto, por lo que ella no conocía los aspectos de la misma. No hemos podido ir a retirar la copia de la carpeta, pero ella está plenamente dispuesta a colaborar, pero yo le insistí en que debíamos conocer los antecedentes”, manifestó la penalista.

En el mismo sentido, la profesional hizo presente que ya enviaron una serie de documentos y detalles al Ministerio Público, considerando que su testimonio es “muy técnico”, y que están a la espera de ser requeridas nuevamente.

“Aún no tenemos claridad sobre por qué hoy tiene rol de imputada, pero ella no tiene ningún problema en concurrir y colaborar, pero si le iban a preguntar por resoluciones que están guardadas, era mejor comprometernos a enviar los antecedentes que Verónica maneja y es lo que hemos hecho”, manifestó.

El rol de Serrano

El nombre de Verónica Serrano había sido mencionado en medio de estos casos debido a que habría apurado a distintas reparticiones en la suscripción de convenios con fundaciones. Esto, desde su rol como jefa de Asentamientos Precarios.

Esa era la razón, por ejemplo, para que el exseremi Carlos Contreras -imputado en la indagación de Democracia Viva- apuntara a su responsabilidad en las irregularidades detectadas tanto por Contraloría como por el Ministerio Público.

“Estimado Carlos. Te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás, respecto a la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a Convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria”, mencionaba Serrano en un mail a Contreras que en su momento fue puesto a disposición del fiscal Cristián Aguilar.

Igualmente, quienes conocieron de sus gestiones afirmaron en su momento que la arquitecta “no fue capaz de revertir prácticas que se habían instalado en los servicios” desde administraciones anteriores. Es más, los más críticos de su desempeño le atribuían directamente la crisis desatada y la señalan como quien “protegió” el modelo de trato con corporaciones y ONG.

Pese a ello, Serrano había insistido en que ella “solo hizo su trabajo” y que el objetivo era cumplir con la ejecución presupuestaria, ya que de lo contrario los recursos para dicho ítem disminuirían.

Entre las labores que desarrolló, como se lee en documentos aportados por el Ministerio de Vivienda a requerimiento del Ministerio Público, destaca que bajo su mandato el Departamento de Asentamientos Precarios elaboró una minuta de evaluación de fundaciones, que luego ella misma firmó. Así, se ha reiterado por parte de intervinientes, validó a las entidades que siguen siendo cuestionadas.