De acuerdo con las cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), la participación de adolescentes en hechos delictuales ha tendido a disminuir en los últimos años.

Según los registros del organismo comandado por la defensora nacional, Verónica Encina, los ingresos de causas vinculadas a jóvenes entre los 14 y 18 años anotan una baja sostenida, pero además se han ido modificando los perfiles delictuales.

Así, los antecedentes de la DPP dan cuenta de que en 13 años las causas de adolescentes cayeron en un 63%. Mientras que en 2011 se contabilizaron 34.578 casos con participación de menores de edad imputables, en 2024 la cifra llegó a 12.903.

Y si bien desde la Defensoría precisan que en comparación con 2023 hubo una leve alza, recalcan que los niveles actuales “siguen estando muy por debajo de los que predominaban hace poco más de una década”.

Al respecto mencionan que la tendencia a la baja también se evidencia al comparar los ingresos registrados durante el primer semestre de 2025, versus el mismo periodo en 2024. Ahí, las causas pasan de 6.006 a 5.585, o sea una disminución del 7%.

En cuanto a las modificaciones en el perfil delictual de los imputados, desde la entidad aseguran que los robos siguen siendo los ilícitos más frecuentes entre adolescentes (18,1%), aunque detallaron que las lesiones pasaron al segundo lugar (14%), superando a los delitos contra la propiedad (13,8%).

Los primeros seis meses de este año, eso sí, se observó un leve repunte de los delitos contra la libertad e intimidad de las personas, que alcanzaron el 13,1% del total.

Considerando que a partir de 2026 estará plenamente operativo el Servicio de Reinserción Social Juvenil, con su implementación en la zona central, desde la DPP recalcan que se han ido reforzando las capacitaciones de los defensores especializados en Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).

Además, enfatizan que aprobaron un manual de actuaciones mínimas en defensa penal juvenil y elaboraron el 18.° informe de jurisprudencia sobre defensa penal de adolescentes.

Casos más complejos

Pese a la baja en los ingresos, la defensora nacional, Verónica Encina, asegura que las causas se han complejizado y que, por lo mismo, la tarea que enfrentan sigue siendo ardua.

“Hoy atendemos menos jóvenes que hace 13 años, pero cada causa exige una defensa más especializada y ajustada a estándares internacionales. Es por ello que nuestro esfuerzo permanente ha sido aumentar la cobertura especializada para este grupo de población, que tiene características especiales y una regulación normativa específica”, explica la defensora nacional.

“Que los ingresos de adolescentes al sistema penal bajen de manera sostenida no significa que los problemas desaparezcan. Por el contrario, nos obliga a seguir mejorando y profundizando desde una mirada especializada de todos quienes somos parte del sistema de justicia”, agrega Encina.

Para la defensora nacional, “cada joven que enfrenta un proceso penal necesita algo más que un abogado, requiere un acompañamiento que le permita comprender sus derechos, enfrentar el procedimiento y proyectar alternativas reales de reinserción”.

Aumento de penas

Si bien los ingresos, de acuerdo con el reporte de la DPP, van a la baja, en el Congreso está instalado el debate sobre aumentar las penas de los menores de edad que tengan participación en delitos graves.

De hecho, el pasado 11 de agosto la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) llegó hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, solicitando que se destrabe la tramitación del proyecto de ley que busca modificar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y, así, elevar las sanciones para quienes cometan delitos graves.

Según publicó este medio, los parlamentarios plantearon que “si un menor es capaz de planificar y ejecutar un delito con la misma frialdad que un adulto, el castigo también debe reflejar la gravedad de su acto”.

La moción en cuestión, ingresada por el diputado Andrés Longton, y aprobada en general, busca que se fijen hasta 10 años de internación para adolescentes mayores de 16 y menores de 18 (actualmente es hasta cinco) con participación en ilícitos como secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado.

Pero, pese a la insistencia, desde el Ejecutivo han recalcado que la medida no sería mayormente efectiva, y desde entidades como la Defensoría de la Niñez se muestran contrarios a avanzar en proyectos de ley de ese tipo.