Fue el 20 de junio de 2023 que la Fiscalía Regional de Antofagasta inició una investigación por los cuestionados convenios entre la Seremi de Vivienda de dicha ciudad y la fundación Democracia Viva, destapando un caso que luego sumaría aristas en prácticamente todo el país.

Se trata de la causa que posicionó en el centro de los cuestionamientos a Revolución Democrática -partido que luego se fusionó en Frente Amplio (FA)-, y que luego de dos años y dos meses de indagación llegará a etapa de juicio oral con acusados que arriesgan más de 10 años de cárcel.

El pasado jueves 14 de agosto, a dos días de que se comunicara ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta el cierre formal de las pesquisas, el fiscal Cristián Aguilar ingresó acusación en contra de la desaforada diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, Carlos Contreras, Paz Fuica y de tres imputados más que tienen vinculación con otras tres fundaciones que se indagaban bajo el mismo paraguas de esta hebra del caso Convenios.

Pero en el escrito de 232 páginas del Ministerio Público nada se dice de las responsabilidades que en su momento se atribuyeron -por parte de parlamentarios de oposición- a tres importantes figuras del gobierno del Presidente Gabriel Boric: el exministro Giorgio Jackson, el exjefe del Segundo Piso Miguel Crispi y la directora de la Dipres, Javiera Martínez.

Todos ellos fueron imputados en la causa luego de que el Partido Republicano se querellara en su contra por supuestamente tener vinculación con los tres delitos de fraude al Fisco indagados por el Ministerio Público.

Sin embargo, como se lee en la acusación sobre la causa madre relativa a la fundación liderada por Andrade, ahora simplemente tienen calidad de testigos. A los tres, de hecho, se les solicita declarar en el juicio oral y exponer sobre “los hechos de la acusación y participación de acusados”.

Las tres figuras del FA fueron apartadas por la Fiscalía del caso principal. Respecto de esa arista, que no tiene que ver con los hechos principales del caso de corrupción, las defensas respectivas están a la espera de los pasos de la Fiscalía, los cuales podrían ser comunicar la decisión de no perseverar “por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación” o el sobreseimiento. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía liderada por Juan Castro Bekios no ha emitido pronunciamientos al respecto.

La acusación

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, en lo que respecta a los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, se cometieron tres delitos consumados de fraude al Fisco.

A Pérez, Contreras, Andrade y Fuica la Fiscalía les otorga la calidad de autores, solicitando las penas de 10 años y un día de cárcel, el pago de una multa de la mitad del perjuicio causado y penas accesorias que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La acusación sostiene que Contreras y Fuica “se concertaron previamente para permitir la adjudicación de los fondos”, en tanto, Pérez y Andrade “facilitaron los medios para la ejecución del delito”, presentando a la fundación Democracia Viva, “burlando los requisitos” que exigía la Ley de Presupuestos para el año 2022 para la postulación de las personas jurídicas sin fines de lucro a la ejecución de programas de inversión del Minvu y “ocultando los antecedentes de la fundación que hubieran impedido la concesión de los fondos”.

“Se dispusieron de los dineros fiscales respecto de una fundación que -como se explicó- no tenía las competencias ni la idoneidad ni experticia para cumplir con su ejecución de los programas, privando al Estado de poder adjudicar dichos convenios de transferencia de fondos a una fundación que sí pudiera ejecutarlos”, se indica en el escrito.

Además, en el caso de Contreras y Fuica, por su rol en los convenios suscritos con las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte, se requieren otras penas de cárcel que suman más de 25 años.

El defensor, Gonzalo Medina, abogado que encabeza de la diputada Pérez, manifestó que “lo relevante es que nos acercamos al juicio donde podremos acreditar la total inocencia de la diputada, tal como lo confirman las múltiples pruebas que descartan cualquier participación suya en la gestión firma de los convenios”.

“Además, hoy mismo el tribunal revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total de mi representada y la sustituyó por arresto domiciliario nocturno, estableciendo que esa medida es suficiente para los fines de este proceso. Como ha sido desde el inicio, seguiremos colaborando plenamente con la justicia en todo lo que sea necesario”, agregó.

Por su parte, el abogado de Andrade, Ignacio Figueroa, comentó que “la Fiscalía ha puesto las cartas sobre la mesa y ya entendemos lo que está diciendo respecto de Daniel Andrade. Nuestra defensa no ha variando en ningún sentido y mantenemos la misma tesis de inocencia. Hoy sabemos que no se robó nada y se está acusando con una administración desleal en una lógica de fraude al Fisco".

El abogado de Carlos Contreras, Andrés Bustos, calificó la acusación como “extremadamente excesiva”.

“Parecieran penas asociadas a grandes bandas y es increíble como la Fiscalía infla los procesos. Y como hemos dicho anteriormente, nuestro representado no tenía las capacidades para poder designar el sólo a una fundación. Esto es totalmente desproporcionado, pero esperamos que los tribunales pongan paños fríos, ya que son ellos los que deben velar por los procesos justos", dijo.

Desde la vereda de los querellantes, Pablo Toloza, quien representa a la UDI, expresó que están “de acuerdo con la calificación jurídica de los hechos realizada por la Fiscalía, como también con las penas solicitadas”.

“En el plazo pertinente nos vamos a adherir a la acusación. Han sido 2 años desde que esta parte querellante, la UDI, presentó la primera acusación en este caso, una investigación larga y acuciosa. La corrupción es un flagelo que atenta contra la fe pública y que como partido no podemos aceptar, ese es nuestro compromiso con el país”, afirmó Toloza.

Respecto a Jackson, Crispi y Martínez, añadió que “hay que recordar que la Fiscalía había pedido en la audiencia de cierre separar investigación respecto de ellos, el fundamento es porque respecto de estas personas los han citado en calidad de testigos, una prerrogativa que tiene la Fiscalía, sin perjuicio de que otras causas del caso Convenio siguen siendo investigadas”.

Las demás aristas

En la misma acusación el Ministerio Público expuso sobre la participación de figuras ligadas a Fibra, Fusupo y Tomarte.

Así, se apuntó contra Mery Ortiz Donoso, socia fundadora de Fibra, como autora del fraude al Fisco. Se pidió una condena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. En este caso, la fundación recibió $ 430 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta para ejecutar proyectos de habitabilidad primaria en campamentos.

Lorena Cisternas, otra de las directivas asociadas a dicha entidad, también aparece como acusada. En su caso, por los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, se piden más de 15 años de cárcel a su respecto.

Se suma, además, Kelly Betancourt Acosta, presidenta y socia fundadora de Tomarte, acusada de fraude al Fisco y lavado de activos por la suscripción de una serie de convenios firmados por el exseremi de Vivienda, y la fundación en 2022.

En su contra se piden 15 años de cárcel y el pago de una multa de 200 UTM. Igualmente, arriesga la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos o realizar contratos con el Estado.

Cuando el Ministerio Público ingresó la acusación, hubo algunos errores en el escrito que el tribunal pidió clarificar. Tras la petición, la Fiscalía reingresó el escrito corregido. Finalmente el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 29 de septiembre.