El domingo el Presidente Boric anunció que la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que incorpora este Presupuesto es de 2,6%. Sin embargo, en el proyecto de ley aparece una expansión de 2,7%. La iniciativa también considera una autorización para endeudamiento de US$16.000 millones.
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La visita se enmarca en una colaboración que comenzó en 2023 y que se compone de dos etapas: la primera fue la preparación de un plan de revisiones del gasto, y la segunda consiste en propuestas para realizar mejoras en la estructura del Presupuesto de la Nación.
De acuerdo a la Dirección de Presupuestos, la ejecución total del Presupuesto 2024 tuvo un avance de 32,3% a abril, mientras que el gasto total registró un crecimiento acumulado de 10,6%.
En el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre se ajustó de 2,5% a 2,7% el PIB de este año, pero al mismo tiempo, se bajó la estimación para la inversión de un aumento de 1,2% a 0%. Para la inflación promedio del año se elevó la apuesta de 3,1% a 3,8%, y para el dólar también hubo una corrección al alza, desde US$868 a US$928. En tanto, para los cinco años entre 2024 y 2028, el pronóstico de expansión promedio de la economía retrocedió de 2,4% a 2,3%.
La agenda de trabajo de tres días -coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- le permitió a la delegación de ese país profundizar en aspectos del Presupuesto en Chile, con énfasis en monitoreo y evaluación de programas públicos.
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La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, delineó en el marco de su cuenta pública 2024 los desafíos para este año. Uno de ellos es la creación de una “agenda de trabajo sobre el ausentismo en el sector público, para identificar sectores donde sus altos niveles ponen en riesgo la calidad de servicio".
La auditora general de Gobierno, Daniella Caldana, ha sido señalada en medio del caso líos de platas como quien flexibilizó controles respecto a transferencias de recursos; sin embargo, en su declaración ante el Ministerio Público descartó maniobras irregulares. Según expuso, las anomalías derivadas del caso no pasaron por las modificaciones que introdujo, sino porque terceros se pusieron de acuerdo para ello.
Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.
Durante los primeros meses del 2024, el gobierno identificó los proyectos específicos a los que se va a destinar el 90% del presupuesto asociado a iniciativas de inversión.
Esta semana Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Tatiana Rojas y Javiera Martínez debieron declarar en calidad de imputados. El primero aseguró a La Tercera que en la diligencia aclaró que no tiene vínculos con los traspasos a ONG investigadas.
Los militantes de Revolución Democrática fueron citados por Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, y el fiscal jefe de la ciudad nortina Cristian Aguilar. Los persecutores viajaron para las diligencias que se desarrollaron en el edificio de la Fiscalía Nacional en Santiago.
Javiera Martínez está siendo indagada por el Ministerio Público por la presunta omisión de denuncia del caso.
Este jueves entregarán su testimonios -como imputados- el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. El viernes, en tanto, será el turno de la jefa de Presupuestos, Javiera Martínez. Más adelante será el turno del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); del representante de Democracia Viva Daniel Andrade y de la diputada Catalina Pérez.
Ambos mantienen calidad de imputados tras la presentación de una querella por parte de los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Cristián Araya.
Recién 26 de enero, siete días antes de que el pleno de la Corte Suprema aprobara la compra de los vehículos, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, el documento con que formalizó la petición realizada meses antes para renovar la flota de vehículos. Ahí, Ricardo Guzmán hizo alusión a un "acuerdo" que había tomado Martínez el 9 de noviembre de 2023 para transferirles el saldo inicial de caja. Eso sí, en ese entonces no se habló de que eran dineros para comprar autos.
