En un oficio enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara por solicitud de esta misma instancia, el director de la Escuela de Derecho de la U. de Chile, Miguel González Lemus, defendió el polémico comunicado emitido tras los incidentes ocurridos cuando Javiera Rodríguez, diputada del Partido Republicano, visitó la facultad ubicada en Pio Nono 1.

En el escrito, la autoridad académica sostiene que acompañantes de la parlamentaria buscaron irritar a estudiantes y que posteriormente se construyó un relato distorsionado sobre supuestas agresiones y censura.

La Facultad de Derecho endureció su defensa frente a la controversia y acusó directamente a integrantes del equipo de la parlamentaria de haber protagonizado actos de provocación, además de sostener que posteriormente se instaló una versión “tergiversada” de los hechos.

Respecto de las provocaciones, González sostiene que durante la actividad existieron conductas deliberadas destinadas a generar una reacción de los estudiantes que se manifestaban contra la presencia de la diputada. Según relata, personas que la acompañaban permanecieron fuera de la sala realizando “gestos burlescos y desafiantes” hacia los alumnos, además de grabarlos de manera permanente con teléfonos celulares.

A juicio de la autoridad universitaria, esas acciones tenían un objetivo claro: “irritar” a los estudiantes y aumentar la tensión existente en el lugar. El oficio agrega que tampoco ayudó a disminuir el conflicto el hecho de que dirigentes estudiantiles y alumnos de Derecho, incluida la presidenta del Centro de Estudiantes, no pudieran ingresar a la actividad.

Como respaldo de esa tesis, el documento cita un comunicado emitido ese mismo día por el Movimiento Alternativa para la Chile, agrupación estudiantil afín al gobierno, que condenó tanto las agresiones contra la diputada como la “actitud provocativa y violenta de los asistentes al evento externos a la universidad”.

Pero es en el segundo apartado del oficio donde la facultad formula las acusaciones más directas. González afirma que la diputada no era la invitada original al encuentro y que el reemplazo de los panelistas inicialmente considerados, el diputado Francisco Orrego y el consejero regional Felipe Serey, no fue informado oportunamente a las autoridades universitarias.

Además, asegura que Rodríguez tampoco comunicó a la facultad las amenazas de muerte que habría recibido antes de la actividad, antecedentes que, según recuerda, aparecieron publicados en medios de comunicación el mismo día del evento. A partir de ahí, el director de la Escuela de Derecho sostiene que “se construyó una narrativa pública que no se condice con lo sucedido en la facultad”.

“Desde las redes sociales de la misma parlamentaria se generó un relato comunicacional para denunciar lo que supuestamente ella había sufrido”, señala el documento.

Según la versión de la Escuela de Derecho, las imágenes difundidas correspondían al término de la actividad y ni siquiera mostraban a la diputada. A partir de ellas, afirma el oficio, se instaló un escenario de “extrema violencia” en el que Rodríguez habría sido víctima de agresiones físicas, escupitajos y una supuesta cancelación política que habría impedido la realización del encuentro.

La respuesta de Rodríguez

Ante estas declaraciones del director de Escuela, la diputada republicana es tajante: “Obviamente las supuestas agresiones de nuestra parte no ocurrieron”, manifiesta. Según sus dichos, hasta la fecha no existe registro audiovisual o prueba que demuestre alguna provocación de parte de su equipo y remarca que el hecho se trató de “un acto premeditado, coordinado. Me recibieron con pancartas y fotografías impresas relativas a Pinochet, sufrimos escupos, empujones, gritos e insultos en todo momento".

Rodríguez además comenta que “todo eso está documentado y fue enviado a la Universidad de Chile, asimismo las denuncias de amenazas fueron entregadas a las policías, que es donde corresponde”.

La Escuela de Derecho, en tanto, rechaza esa caracterización y sostiene que la actividad se desarrolló durante una hora y media sin interrupciones ni censura. También afirma González que las manifestaciones en contra de la parlamentaria provinieron de un grupo que no superó las 40 personas, dentro de una comunidad estudiantil de alrededor de 2.500 alumnos. “En ningún momento hicieron ingreso a la sala para interrumpir la actividad ni menos agredieron físicamente a la diputada”, sostiene González.

Si bien reconoce que al finalizar el encuentro existió un ambiente de tensión y gritos durante la salida de Rodríguez, concluye que la versión difundida posteriormente constituyó “una interpretación forzada y distorsionada de los acontecimientos”.

“En otras palabras, se trató de una tergiversación de los hechos acaecidos el viernes 29 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”, afirma el documento firmado por González.

En contraste, la diputada se defiende de las acusaciones y destaca que “con todo lo que ha salido a la luz y el apoyo que hemos tenido de los mismos profesores, creo que es evidente quién miente aquí: preocupa que sean esos mismos estudiantes violentos los futuros abogados del país. Ojalá el Director de Escuela, en vez de escribir declaraciones confusas sobre violencia, sancione a quienes resulten responsables y no ceda ante sus presiones".

Pese a las críticas dirigidas al entorno de la parlamentaria y al relato posterior de los acontecimientos, la autoridad universitaria insiste en que la facultad mantiene una condena categórica a cualquier forma de violencia política. Ya se inició una investigación disciplinaria para esclarecer eventuales conductas inapropiadas ocurridas durante las manifestaciones. El proceso fue instruido mediante una resolución dictada el 5 de junio y se desarrollará bajo las normas disciplinarias de la universidad.