¿En qué están las querellas de los abogados top del gobierno?

Fue a fines del año pasado cuando el Presidente Sebastián Piñera convocó a un grupo de destacados penalistas para que colaboraran con el gobierno en la persecución de los delitos asociados al estallido social. El Ejecutivo fichó a los abogados Jorge Bofill, Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú. Todos precisaron que prestarían sus servicios “ad honorem”.

Según los registros del sistema del Poder Judicial, en total hasta la fecha han presentado 14 querellas, todas ellas ingresadas en 2019 en representación de la Intendencia Metropolitana y otras en nombre del Metro de Santiago.

La mayoría de las acciones judiciales han sido por ataques incendiarios a buses y por los atentados a las distintas estaciones del tren subterráneo.

Las querellas son en contra “de quienes resulten responsables” y la menor cantidad apuntan a imputados con nombre y apellido. Por lo mismo es que, a casi cinco meses del 18 de octubre, no son muchos los avances que registran a pesar de que son causas que están en plena etapa de investigación.

Una de las querellas más polémicas que han sido ingresadas por este grupo de reconocidos abogados fue por “el que baila pasa”. En ella se señala que “diversos grupos de personas han llevado a cabo una práctica denominada ‘el que baila pasa’, consistente en bloquear el tránsito vehicular, obligar a los conductores a detenerse y descender de sus vehículos, forzándolos a bailar frente los manifestantes como condición para poder continuar su camino”.

En esa causa hay un solo imputado: se trata de Víctor Parada por un hecho ocurrido el 11 de noviembre en la Alameda en contra de un taxista. Parada está con la medida cautelar de firma mensual y hace algunos días se fijó una audiencia de procedimiento abreviado para la segunda semana de abril. La decisión se habría acordado entre la defensa y la fiscalía. De concretarse, Parada aceptará los hechos y no tendrá una pena superior a los cinco años.

Otra querella polémica fue la ingresada en contra del joven Dauno Tótoro, por el delito de incitación a la subversión.

Respecto de Metro, el grupo de abogados representa al gobierno en varios casos, como por ejemplo, en la investigación sobre los daños a la estación San Joaquín. También tienen el patrocinio y poder para actuar en la indagatoria sobre los daños a las estaciones de la zona sur, como las de la comuna de La Granja. De hecho la semana pasada se revisó la prisión preventiva de uno de los imputados y el tribunal volvió a confirmar la cautelar.

Los cuatro profesionales son de oficinas de abogados distintas. Por eso han organizado el trabajo dividiendo las querellas por zonas. Sanfeliú explica que la dificultad de las causas que están llevando a nombre del gobierno está asociada a la existencia o no de alguna “persona detenida en flagrancia”. Esto implica que en las querellas “contra quienes resulten responsables son casos contra imputados desconocidos que entrega una complejidad mayor a la investigación y a la identificación de los autores” de los delitos.

“Como son hechos ocurridos con una cierta cronología y hay mucha gente que uno podría decir que habría participado materialmente en la ejecución del hecho, algunos con rostro cubierto y otros no, el análisis que hacen la policía y la fiscalía está justamente dirigido a identificar a estas personas, y eso a veces demora un poco más de la cuenta”, concluye Sanfeliú.