De acuerdo con exministros de Justicia que asistirán a la cumbre que organizó para este martes 19 de mayo el titular de la repartición, Fernando Rabat, uno de los temas que podría abordarse será el futuro del ex penal Punta Peuco.

Fue el viernes recién pasado que el Presidente José Antonio Kast confirmó que se está evaluando revertir la determinación del gobierno anterior en torno a que el establecimiento no sólo albergue condenados por delitos de lesa humanidad, sino que sea una cárcel común. De hecho en la actualidad hay tres internos condenados por ilícitos comunes que ya fueron trasladados a este recinto.

Según señaló el Mandatario, el Ejecutivo no comparte el criterio que aplicó la administración del expresidente Gabriel Boric en relación a que condenados por delitos de diferente naturaleza se mezclen. Adelantó, de hecho, que están trabajando en un reordenamiento del sistema carcelario.

Así, la polémica sobre dichas instalaciones reflotó, pues siempre ha sido materia de discusión si condenados por violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) en dictadura debiesen permanecer en dependencias especiales. Mientras parte de la derecha apoya esa premisa, la mayoría de los representantes de izquierda se opone.

Una excepción conocida en ese ámbito ha sido la postura del exministro de Justicia Jaime Campos, actual titular de Agricultura, quien se negó a firmar el decreto suscrito por la expresidenta Michelle Bachelet para cerrar el controvertido penal.

Pero el radical no es el único exministro de las administraciones de la exmandataria que apoya aquello. Consultado por La Tercera, el exministro de Justicia Carlos Maldonado (2007-2010) y actual integrante del Consejo Directivo de BancoEstado, también sostiene que la excárcel de Punta Peuco debe ser un penal especial para condenados por crímenes en dictadura.

“Punta Peuco fue concebido, diseñado y construido como una cárcel especial para exuniformados, condenados por violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el régimen militar", sostuvo en primer punto el abogado.

Asimismo, agregó: “En los procesos en que se dictaron sus condenas, jueces y cortes aplicaron principios del derecho internacional sobre la investigación y sanción de ese tipo de hechos, los que tuvieron también lugar en especiales circunstancias políticas e históricas. Y esas personas, que hoy cumplen condena por tales hechos, en el tiempo de su ocurrencia, eran parte de un sistema, es decir integraban determinadas instituciones y cadenas de mando. O sea, es evidente que se trata de una población penal que no es asimilable, en ningún sentido, a aquella que está condenada por delitos comunes”.

“Esto es tan obvio, que así fue entendido y sostenido durante una serie de gobiernos plenamente democráticos, incluyendo los gobiernos de los expresidentes Frei y Lagos, primer gobierno de la expresidenta Bachelet y, en los hechos, también en su segundo gobierno, en que, más allá de un intento de última hora, que me pareció un gesto político, la realidad es que se había mantenido la condición de cárcel especial durante los 4 años”, apuntó el exsecretario de Estado.

"Sólo el reciente gobierno del expresidente Boric, en una decisión ideológica, carente de fundamento en principios técnicos sobre segregación, seguridad y gestión de la población penitenciaria, más bien contrariando esos principios, decidió innovar en esta materia, llevando presos comunes a Punta Peuco, y enviando personas condenadas por DD.HH. a cárceles comunes", complementó.

Así las cosas, Maldonado hizo presente que “me parece pertinente y técnicamente justificado, por criterios de correcta gestión penitenciaria, que dicha decisión sea revertida por el actual gobierno”.

Las palabras en apoyo al gobierno de Kast por parte del exministro Maldonado no son una sorpresa. Luego de dejar el Partido Radical, el abogado se ha ido acercando cada vez más al actual oficialismo. Tras la disolución de Demócratas como partido y quedando en estatus de movimiento, se sumaron al gobierno. Y desde ahí, fue nombrado consejero de BancoEstado.