La tarde del lunes llegó hasta la Escuela de Carabineros el general director, Marcelo Araya. El oficial arribó al recinto ubicado en Providencia para reunirse con funcionarios policiales de todo el país. El objetivo de la cita fue abordar una de las mayores preocupaciones que rondan a las instituciones de orden y seguridad en las últimas semanas: la irrupción del crimen organizado en sus filas.

Lo anterior, luego de que se conociera casos en los que funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Fuerza Aérea (FACH), traficaron droga en vuelos institucionales, como fue el caso de la FACH en Iquique.

La cita runió a Araya con el alto mando de Carabineros, direcciones y unidades policiales y uno de los temas abordados fue la amenaza que representa el crimen organizado para la policía uniformada. Una realidad que si bien ahora golpea a las ramas castrenses, en el pasado también ha afectado a Carabineros. Por ejemplo en mayo pasado 15 carabineros de la comisaría de Huara fueron detenidos por cohecho luego de que se descubriera que no realizaron controles fronterizos a camiones provenientes de Bolivia.

“El crimen organizado quiere corromper”

Al comienzo de la cita, según señalan quienes supieron del encuentro, el general director de Carabineros realizó un reconocimiento del trabajo de los funcionarios policiales, ya sea para quienes estaban presentes en el recinto, así como también para aquellos carabineros de todo Chile que estaban conectados a través de videoconferencia.

En la cita que se extendió por más de una hora, Araya entregó los lineamientos e instrucciones para fortalecer a la institución ante el crimen organizado. En ese contexto, destacó que “el crimen organizado quiere corromper y eso no lo vamos a permitir”.

Ante los funcionarios policiales, el general destacó que como policía deben hacer frente a esta realidad con “compromiso, profesionalismo, pero sin irregularidades”, señalando que las organizaciones criminales son una amenaza y que harán todos los esfuerzos para que no permeen a la policía uniformada.

Conocedores del encuentro señalan que el máximo jefe de la policía hizo un llamado a los funcionarios “a cuidarse” así mismos, pero también a “cuidar la institución”.

En ese contexto, el general director lanzó una dura advertencia, al sostener que se adoptarán las “medidas más severas” en contra de aquellos funcionarios que incurran en irregularidades, actos de corrupción o se vinculen con organizaciones criminales.

En el encuentro el general Araya destacó el fortalecimiento que existe de parte de la institución a los controles internos, lo que les permitirá detectar hechos delictuales. En esa línea, también señaló a los funcionarios que cuentan con todas las facilidades para denunciar cualquier indicio de corrupción en las filas de la policía uniformada.

Junto con eso, recordó a los carabineros que cuentan con una línea telefónica para realizar denuncias de forma anónima en contra de quienes vulneren las normas institucionales o comentan delitos.

El informe de Contraloría

Si bien a lo largo de la reunión el alto oficial mostró su preocupación por las condiciones de trabajo de los carabineros a lo largo de Chile y destacó el egreso, este viernes, de mil nuevos policías, hubo un tema que también ocupó parte de la cita: el contundente informe de Contraloría sobre la institución uniformada.

El 9 de julio, el ente fiscalizador encabezado por Dorothy Pérez dio cuenta que un análisis de los controles de tránsito que realizó la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de la policía uniformada entre enero del 2023 y junio del 2024. En estos procedimientos, según Contraloría, no se detuvo a 44 personas pese a que estaban prófugas de la justicia, así como tampoco se requisaron 626 vehículos con encargo por robo.

Si bien la institución anunció una revisión de los protocolos y el fortalecimiento de las unidades operativas, en la reunión de este lunes el general Araya también anunció que aumentarán de mil a cinco mil los dispositivos FIO. Se trata de los aparatos que se usan para realizar estos controles de tránsito y que le permiten verificar a los funcionarios si existen órdenes pendientes en contra de las personas controladas.