La molestia e incomodidad de las FF.AA. con el gobierno por la propuesta de nuevo estado de excepción
En las instituciones castrenses no fue bien recibida la reforma constitucional de seguridad que presentó Kast. Acusan que no fueron consultados ni informados previamente; les llama la atención el poco protagonismo del ministro Barros en la elaboración del proyecto, y aumenta la resistencia a participar de labores de seguridad pública bajo un mando policial.
Estado de excepción. Ese es el término que los últimos años se ha instalado más de una vez por la situación de seguridad. Se habló durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera por la Macrozona Sur, en más de una ocasión en la administración del expresidente Gabriel Boric y ahora, nuevamente, en el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La última semana, tras el anuncio de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Ejecutivo, nuevamente se ha planteado recurrir a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que participen en labores que no les son propias, como el orden público.
El escenario generó molestia, incomodidad y preocupación al interior del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ya que como si se tratase de un déjà vu, nuevamente, han salido al ruedo por posibles despliegues en zonas urbanas.
Si bien durante la administración Piñera se avanzó a los despliegues en la Macrozona Sur, y en el periodo de Boric en el norte y se instaló la discusión por infraestructura crítica, en esta ocasión el caso es diferente. Kast propone una reforma constitucional que permitiría desplegar a las FF.AA. en barrios y, además, dejarlas bajo un mando policial, idea que provocó una reacción negativa en las filas militares.
Un anuncio distante
Más allá del fondo, al consultar sobre el proyecto anunciado por el Ejecutivo, el principal reparo al interior de los mandos castrenses viene por las formas en que se hizo el anuncio de la ACOT. Fuentes militares señalan que la sensación que se instaló es que no han sido considerada sus opiniones en la iniciativa, pese al rol protagónico que tendrían, lo que genera preocupación.
Además de eso, también se han levantado reparos respecto de cómo se realizó el anuncio. Según confirma más de una fuente, el proyecto no sólo no fue sociabilizado previamente con las FF.AA. y Defensa, ni siquiera fueron avisados del anuncio, lo que los dejó completamente excluidos. “Nos enteramos del proyecto, pero por la prensa”, ironiza una alta fuente militar.
También ha llamado la atención la ausencia del Ministerio de Defensa en la elaboración de la reforma. Las mismas fuentes plantean que todo ha sido liderado únicamente por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y no han visto presente al ministro de Defensa, Fernando Barros.
Si bien el ministro Barros participó protocolarmente de la firma del proyecto, la sensación que se ha instalado en las FF.AA. es que se le ha visto más bien excluido del proceso. Por lo mismo, y tras llegar de un viaje a Panamá, se espera que los altos mandos puedan abordar con él de manera más extensa la reforma.
Arrau fue consultado este viernes en Radio Infinita por la molestia en las FF.AA. El titular de Seguridad tajantemente dijo que “todos los funcionarios públicos tenemos un deber de cumplir nuestras funciones, sobre todo los que son no deliberantes y deben obediencia al poder civil”.
El listado de reparos
A la hora de consultar respecto de por qué existe una oposición a participar de estados de excepción por motivos de seguridad pública, el listado de reparos en las instituciones castrenses es largo.
El que más se repite es que no existe la formación ni capacitación para desplegarse, por ejemplo, en poblaciones o barrios. Además, apuntan a un carente marco legal para resguardar y regular las actuaciones. Si bien prontamente se va a despachar infraestructura crítica, ese proyecto se pensó para resguardar lugares, no para combatir el crimen organizado.
También se plantean cuestiones operativas. Realizar despliegues de este tipo implica un trabajo logístico -comida, soporte tecnológico, entre otros- que es difícil de cubrir, ya sea por recursos o por cantidad de personal. Más aún considerando el actual despliegue en las Macrozona Norte y Sur, los que ya operan con escaso personal y con un estrés financiero importante.
Junto con eso se plantea que las instituciones tampoco cuentan con las armas necesarias para desplegarse en sitios urbanos, ya que su poder de fuego es mayor, lo que podría generar daños colaterales. Un oficial lo ejemplifica así: “Disparar un fusil en una población no solo podría matar al delincuente, sino que hasta atravesar casas”. Por lo mismo, piden gradualidad en el armamento.
Pero más allá de eso, también se señala que un despliegue por seguridad no es propio de las FF.AA., lo que va a desnaturalizar y descuidar el rol propio de las instituciones, pero, también, desincentivar a los funcionarios, quienes pasarán a tener funciones ajenas y por una remuneración igual a la actual y, además, mucho menor que la de los funcionarios policiales.
A juicio del director de estudios de Athenalab y general (R) del Ejército, Marcelo Masalleras, “el problema es que acá lo que están planteando es usar a los militares como policía y no es la naturaleza de los militares ser policía, la naturaleza de los militares es ser militares. La concepción doctrinaria de empleo de una fuerza militar es usar toda la fuerza. Entonces, si el problema es policial, aumenten la policía. Si tú empleas a los militares en tareas policiales, van a dejar de hacer las tareas de la defensa”.
Pese a los reparos, en las instituciones castrenses sí existe el ánimo de colaborar con cobertura, puntos de control o incluso inteligencia. Todo eso, dicen, se puede lograr con la actual legislación y no se necesita una reforma constitucional.
¿Un mando policial?
Si bien aún no se conocen mayores detalles de la aplicación del posible nuevo estado de excepción, uno de los anuncios que más ruido generó en las instituciones es que con la nueva normativa, el “jefe de la Defensa Nacional” podría recaer en un policía, algo que históricamente han encabezado las FF.AA.
Quedar bajo la dirección de las policías, sostienen en reserva, desnaturaliza y deforma precisamente el objetivo de un estado de excepción: que las FF.AA. se hagan cargo de una situación excepcional.
Así lo cree también Masalleras, quien plantea que no se entiende esa posibilidad, dado que policías y militares “son organizaciones de naturaleza distinta”. Además, agrega, “si se va a emplear a las FF.AA. es porque las fuerzas policiales ya fueron superadas. ¿Cómo vas a poner a cargo a quien ya fue superado?”.
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