En septiembre de 2024, al abrir el cuaderno de remoción de Ángela Vivanco, la Corte Suprema solicitó que informara sobre seis hechos.

Uno de ellos, el segundo dado a conocer por el máximo tribunal, apuntaba a las “irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de Consorcio Belaz Movitec SPA con Codelco”.

Esto, en alusión a un fallo de principios de julio de 2023 que ordenó a la minera chilena a devolver maquinarias y fondos retenidos por sobre $11 mil millones al Consorcio Belaz Movitec (CBM), conformado por Movitec y Belaz, una empresa estatal de Bielorrusia, en el marco de un litigio por el proyecto Rajo Inca para extender la operación de la División El Salvador.

CBM participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

La disputa entre CBM y Codelco

El caso estalló el 1 de febrero de 2023, cuando la minera estatal chilena decidió rescindir el contrato por “el atraso en las obras e incumplimiento reiterado de las estipulaciones contractuales”.

Entonces, ejecutó el cobro de cuatro boletas de garantía por 323.854 UF, más de $11.429 millones.

Cinco meses después, la Tercera Sala del máximo tribunal falló acogiendo un recurso de protección del consorcio y ordenó a Codelco “poner fin inmediato a la retención de los fondos”.

Llamó la atención que los magistrados accedieran a acoger un recurso de protección para resolver el conflicto civil de un privado.

La causa fue vista cuando Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la sala.

La decisión fue de mayoría, por cuatro votos a favor y uno en contra, de la ministra María Cristina Gajardo. Los otros firmantes fueron los ministros Ángela Vivanco (que ejercía como presidenta provisional de la sala) y Mario Carroza y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.

En el fallo, además, se dispuso que la estatal devolviera 78 equipos al consorcio, entre ellos excavadoras, bulldozers y 34 camiones mineros de 300 y 100 toneladas.

Posteriormente, acusando perjuicios avaluados en más de $70.836 millones como consecuencia de los incumplimientos en que habría incurrido CBM, Codelco interpuso una demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.

Por otro lado, al día siguiente de que la Corte Suprema hiciera público el asunto, los tres abogados de Belaz Movitec, los exdiputados Eduardo Lagos y Gabriel Silber, además de Mario Vargas, se pronunciaron sobre el caso en una declaración de tres carillas en que señalaron que se trataba de “actos jurídicos procesales que tienen la autoridad de cosa juzgada”.

Mario Vargas tenía una relación cercana con Vivanco y su marido Gonzalo Migueles.

Las detenciones y la supuesta coima

Lagos, Vargas y Migueles fueron detenidos este martes, en el marco de una indagación por cohecho y lavado de activos que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

La semana pasada, hubo allanamientos a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle.

En la investigación se detectaron depósitos en la cuenta corriente de Migueles de parte de sociedades vinculadas a ambos conservadores.

De acuerdo a una publicación de Reportea, el Ministerio Público presume que Migueles recibió $45 millones tras el fallo de su esposa en favor de los bielorrusos.

El monto habría sido girado en un cheque por Lagos a Miguel Ángel Obieta, un trabajador de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada. Luego, el dueño de ese negocio, Harold Pizarro, entregó la suma en efectivo a Migueles.

Según el reportaje aludido, el conyugue de la exjueza distribuyó el monto entre los conservadores y ellos le transfirieron el dinero.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago amplió hasta el viernes la detención de Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas.

La defensa podrá acceder a la carpeta investigativa de un caso que se mantenía bajo reserva.