A pasos del metro Pedro de Valdivia, el histórico Liceo 7 de Providencia luce hoy sus portones cerrados. En la reja cuelgan lienzos que acusan “mala gestión directiva” y carteles que recuerdan a exalumnas detenidas desaparecidas: “La memoria no se borra”.

La imagen se repite desde hace tiempo: desde el 9 de octubre están sin clases regulares y, desde el 27 de octubre, el liceo se mantiene en toma indefinida, el punto culminante de una tensión que venía acumulándose desde hacía meses. Detrás de los portones cerrados no solo hay, según han dicho sus causantes, molestia por la falta de mantención e infraestructura, sino también por el modo en que se condujo la denuncia de “adoctrinamiento político” que, en septiembre, remeció al liceo y reveló una fractura más profunda.

Todo se originó el 2 de septiembre, cuando la concejala republicana Solange Wolleter acusó en el concejo municipal un presunto adoctrinamiento de ultraizquierda en el liceo, tras una actividad vinculada a la memoria de las víctimas de la dictadura. Según el relato de docentes, los departamentos de Historia y Lenguaje habían planificado jornadas de reflexión y bordado con nombres de exalumnas detenidas desaparecidas, en el marco del aniversario de los 50 años del golpe.

Wolleter leyó un correo donde una profesora solicitaba materiales para la actividad y aseguró que la directora del liceo había sido amenazada. “Violento es permitir que nos sigan adoctrinando a nuestros niños”, dijo entonces. Pocos días después, la dirección del establecimiento abrió un sumario administrativo contra la jefa del Departamento de Historia, lo que fue interpretado como una validación de las críticas políticas.

Aunque en un principio la controversia parecía circunscrita al episodio de la concejala, pronto dejó al descubierto un conflicto mayor. Profesores y apoderados denunciaron una gestión interna “autoritaria y desarticulada”, mientras los estudiantes exigían explicaciones. A comienzos de octubre el centro de alumnas pidió a la directora Maritza Amaro una reunión para abordar la denuncia y su manejo. Pero según el relato de estudiantes, no obtuvieron respuesta.

El 8 de octubre los docentes suspendieron sus clases y enviaron una carta al municipio y a la comunidad escolar. En ella señalaron que “la dirección ha vulnerado la confianza profesional de los equipos docentes, actuando sin transparencia ni participación”. Acusaron, además, “maltrato laboral y falta de conducción pedagógica”.

Las tratativas

La tensión escaló el 20 de octubre, cuando el liceo amaneció con manifestaciones en su frontis; una semana después los estudiantes votaron la toma.

Incluso, este lunes 3 de noviembre 450 alumnas y alumnos ratificaron la medida (68%), y desde entonces el recinto permanece sin clases.

“Estamos en la cuarta semana sin clases, y de esas cuatro semanas hay dos en que los estudiantes han estado en toma”, explica Pilar Vásquez, presidenta del Centro de Madres, Padres y Apoderados (Cempa), a La Tercera.

Este martes, como apoderados se reunieron con el alcalde Jaime Bellolio (UDI) para evaluar la situación y los petitorios de mejoras de infraestructura.

“El alcalde se mostró semifavorable a emprender mejoras de mantenimiento, pero esta crisis institucional y de gobernanza ha desembocado en la solicitud de renuncia triestamental de la directora Maritza Amaro Soto”.

Desde la Corporación de Desarrollo Social de Providencia (CDS), entidad sostenedora del establecimiento, aseguran a este medio que han intentado mantener el diálogo abierto con la comunidad. “Lamentamos que diferencias internas dentro del liceo hayan terminado en una toma del establecimiento, la cual comenzó el lunes 27 de octubre, afectando a 1.200 alumnos”, señalaron.

Añaden que se han sostenido reuniones con estudiantes y apoderados, “avanzando en gran parte de las soluciones, particularmente en temas de infraestructura”.

Sin embargo, la CDS reconoce que hay un punto de conflicto que ha dificultado el avance: el cuestionamiento a la continuidad de la directora, que fue elegida a través de concurso por la Alta Dirección Pública. Amaro cumple su segundo quinquenio como directora.

“Como corporación seguiremos con la política de puertas abiertas para llegar a un entendimiento con la Comunidad Educativa”, agregaron.

Eso sí, precisaron que respecto a la recuperación de clases, estas se extenderán el tiempo que sea necesario hasta recuperar los días perdidos por las tomas, “tanto en relación al currículum académico como a las pruebas pendientes”.

La concejala Wolleter defendió su postura señalando que “hemos demostrado apertura total, pero lamentablemente no ha existido voluntad de parte del establecimiento ni de los grupos movilizados para construir un espacio de conversación respetuosa. En lugar de buscar acuerdos, han optado por prolongar una movilización que mantiene a cientos de alumnas sin clases desde fines de octubre”. Añadió que su llamado “es a recuperar el sentido educativo del liceo, que debe ser un espacio de formación y libertad, no de activismo político”.

Como sea, el ruido no ha parado. El 28 de octubre, un grupo de 10 docentes publicó también una carta al director en El Mostrador, donde calificaron de “acto negacionista y persecutorio” las declaraciones de la concejala Wolleter y acusaron una gestión “negligente y autoritaria” de la dirección, que no habría protegido a la comunidad educativa frente al conflicto.

Vásquez acusó que la respuesta municipal ha sido insuficiente: “Hay una suerte de negacionismo respecto de la gobernanza pedagógica de los liceos emblemáticos. Persisten gestiones arcaicas que no se analizan como debieran, y eso nos tiene sumidos en una crisis que ya se llevó todo: la confianza de los estamentos con la dirección”.

Según la apoderada, que cuenta con pupilos en segundo y cuarto medio, existen denuncias ante la Inspección del Trabajo por salud laboral de docentes y múltiples reclamos en la Superintendencia de Educación.