Para este lunes 12 de enero está fechado el inicio del desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma de San Antonio que implica a cerca de 2.000 familias. A pocas horas del inicio de la evacuación, se presentó un recurso de protección contra la inmobiliaria y la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio.

El cerro Centinela se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno tras las fallidas y extensas negociaciones con los dueños de los terrenos empujadas por un fallo de la Corte Suprema y la posterior determinación de expropiar 100 de las 215 hectáreas para entregar una solución habitacional a los ocupantes.

El plan para despejar las 115 hectáreas restantes fue notificado a los habitantes de la megatoma el pasado 8 de enero, con casi seis días de anticipación y con carteles en diferentes lugares de los predios. Se anunció como un proceso gradual y progresivo.

Pero ante este hecho este jueves 8 de enero fue presentado un recurso de protección, con carácter urgente para este 12 de enero, contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A, “por el acto ilegal y arbitrario consistente en la amenaza de desalojo inminente notificada”.

La recurrente, quien presentó la solicitud sin un abogado y en nombre de su familia, afirma que habita “de forma continua, pública y pacífica hace más de 30 años” en la parcela 15 de la toma. Alega que “el acto recurrido es ilegal, pues la autoridad administrativa no puede sobrepasar las facultades de los tribunales de justicia ni desconocer sentencias vigentes”.

Con esto hace alusión a un fallo del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio en 2013. En la demanda interpuesta por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. en su contra, la justicia determinó que no se acreditó dominio ni ausencia de un título de la recurrente.

Entonces, el recurso sostiene que “el acto recurrido es ilegal, pues la autoridad administrativa no puede sobrepasar las facultades de los tribunales de justicia ni desconocer sentencias vigentes”.

Alega además que se vulneran la integridad psíquica de su familia, el derecho al debido proceso y el de propiedad sobre la vivienda y posesión legítima. Solicita que las recurridas se abstengan de efectuar desalojos en su contra, mientras no ocurra un juicio que lo determine, así como la suspensión inmediata de cualquier auxilio de la fuerza pública en su domicilio.

Hermetismo

El proceso de desalojo ha estado marcado por el hermetismo desde su anuncio. Pese a la insistencia para obtener detalles de parte del delegado presidencial regional Yanino Riquelme, desde su equipo derivaron la solicitud en declaraciones entregadas durante un punto de prensa: “El paso a paso, los detalles, no los vamos a dar, porque es parte de la cautela de ellos”, dijo en esa instancia.

De lo poco que se sabe, el operativo iniciará a primera hora en el sector 11, luego el 13, el 15 y posteriormente en Bosques del Mar. Según Riquelme, esta desocupación implica de 2.000 a 2.100 viviendas, pero el catastro “siempre es móvil”.

Cercanos al tema indican que el desalojo estará en manos de un contingente reforzado de policías, con carabineros llamados desde Santiago para abarcar el volumen del desalojo. Además, el operativo incluirá drones para supervisar el proceso.

Para evitar retomas, los dueños del terreno pondrán maquinarias y cercos, e incluso evalúan hacer zanjas, de acuerdo con Riquelme. Por su magnitud, esta es una desocupación distinta y mucho más compleja que otras vividas hace no mucho tiempo y “por lo tanto, es un desalojo paulatino, parcial, por etapas, que va a tener su tiempo de duración no menor”, señaló el delegado.

En ese sentido, el jefe de gabinete del municipio de San Antonio Esteban Hinojosa indica que “puede durar de uno a tres meses, hasta seis u ocho, por lo tanto, no tenemos una fecha establecida, pero sí puede sobrepasar una cantidad de meses importante”.

Las autoridades, hasta aquí, han intentado que quienes serán desalojados opten por una salida anticipada. Por ejemplo, se ha apuntado a aquellos habitantes de la megatoma que podrían optar a subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). “Esperamos que las familias cumpliendo requisitos conducentes a subsidios puedan buenamente y sin mayores contratiempos reubicarse en los terrenos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo expropió”, comenta el alcalde de San Antonio Omar Vera.

Para las familias que no califican a ese beneficio, explica el edil, estará habilitado un albergue “por un máximo de cinco días”, que en este proceso es de responsabilidad del municipio. Vera detalla que allí pueden recibir a 148 personas -cerca de 38 familias-, con prioridad para niñas y niños, adultos mayores, discapacitados, embarazadas y mujeres. Fuentes cercanas al proceso aseguran que hasta la mañana de este viernes 9 de enero no se había acercado nadie a pedir albergue al municipio ni al Ministerio de Desarrollo Social.

“Vamos a ir avanzando, vamos a ir deteniéndonos dos o tres días y de ahí vamos a volver a avanzar, esa es la teoría”, plantea Riquelme. En este sentido, la primera etapa de desalojo está pensada para durar tres o cuatro días, tomando como limitante la ocupación del mismo albergue.