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Mineduc tiene 10 días para nominar al nuevo consejo evaluador de los SLEP mientras suma cinco meses desoyendo al actual

Por ley, el Ministerio de Educación tiene hasta el 23 de agosto para presentarle al Senado los seis consejeros que serán parte de una instancia que integró la ministra Arzola y el subsecretario Rodríguez y que tiene como misión asesorar las decisiones que se tomen en torno a la desmuncipalización escolar. A pesar de tener miembros vigentes, no ha sido consultada respecto del reciente proyecto de ley ingresado por el gobierno que realiza cambios sustanciales a la reforma.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Tras casi dos años de tramitación, hace 80 días -25 de mayo- fue publicada la ley 21.819 que fortalece los traspasos de los establecimientos educacionales municipales hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Esta fue la respuesta del Congreso y el Ejecutivo a la serie de dificultades detectadas desde que comenzó el proceso en 2018.

En esa modificación se reforzó la existencia de un Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, mismo que integraron en el pasado María Paz Arzola y Daniel Rodríguez, actuales ministra y subsecretario de Educación. Hoy, ambas autoridades han dejado en segundo plano a una instancia que tiene como misión principal asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de instalación y del funcionamiento en régimen de los SLEP. Para esto, año a año debe evacuar un informe, aunque también ha sido convocado de urgencia ante algunas crisis.

Con los cambios recientes hechos a la ley, el nuevo consejo -de seis personas- debe ser designado por el Presidente a través del Mineduc, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros. Para eso tiene, según el artículo décimo transitorio, 90 días corridos de plazo desde publicada la ley. Esa cuenta va en 80 días.

“Su designación está dentro de plazo y avanzando”, señalan desde el Mineduc. Conocedores de la búsqueda reseñan que ha sido el subsecretario Rodríguez el encargado de tantear a los posibles nuevos miembros y algunos de ellos se buscan en universidades.

Pero hasta que eso no ocurra, hoy hay cuatro consejeros vigentes de los seis permanentes que debe tener la instancia: Aldo Cassinelli, Teresa Flórez, Gonzalo Muñoz y Omar Jara. Los otros dos renunciaron a sus cargos para ser gobierno: el ya mencionado Rodríguez, además de Fernando Peña, quien asumió como director de Junaeb.

El tema es que desde asumido este gobierno, el consejo dejó de ser visible para el Ejecutivo. De eso ya daba cuenta La Tercera a fines de mayo, justo en medio de la idea del gobierno de pausar el proceso de desmunicipalización, una medida a la que sostenidamente se opuso Rodríguez cuando era consejero.

Esa vez, vía mail, le pidieron una reunión para discutir una posible modificación a la reforma, pero quedaron “en visto”. La respuesta jamás llegó. Tampoco una convocatoria en las semanas siguientes para discutir con ellos -supuestamente los más entendidos en el tema- los alcances de la nueva propuesta de ley que ingresó el gobierno la semana pasada y que posterga hasta 2040 la total entrada en vigencia de los SLEP, al mismo tiempo de flexibilizar los requisitos para que las municipalidades puedan quedarse con los colegios.

¿Y por qué esta pasada por alto es relevante? Según establece la ley, si bien no es mandatorio, el consejo puede proponer al Presidente modificaciones legales, reglamentarias o de otra índole. Entre ellas se especifica la modificación del calendario de instalación de los SLEP; diferir, incluir o no considerar temporalmente a una o más comunas en el proceso de instalación; variar el número total de SLEP; o modificaciones de cualquier naturaleza.

Varias de estas decisiones las tomó el Mineduc con su reciente iniciativa, ingresada apenas 80 días después de promulgada la anterior y que haría entrar en conflicto algunas de las normas ya vigentes. “Cambios sobre cambios”, dijo al respecto este miércoles la senadora Yasna Provoste (DC), en el inicio de la discusión del proyecto en la Comisión de Educación. La parlamentaria también cuestionó que en el nuevo proyecto se prescinda del informe favorable de este consejo para la primera recalendarización que se propone.

Más allá del proyecto, la interrogante que ha comenzado a resonar entre quienes conocen de cerca el proceso de la reforma es qué hará el Mineduc de Arzola si el nuevo consejo recomienda algo distinto a lo que ellos están proponiendo. Por lo mismo, no pocos se preguntan por qué ni la ministra ni el subsecretario siquiera consultaron con un consejo que hasta hace poco intregaron, o, cuando menos, si no pudo haber sido mejor primero definir a sus nuevos integrantes antes de ingresar un proyecto así. Después de todo, resumen, el Consejo Evaluativo fue aceptado transversarlmente en el Congreso como la instancia encargada de pronunciarse sobre estos temas.

Al respecto, el consejero Omar Jara, si bien señala que los gobiernos tienen la autonomía de presentar proyectos de ley que modifiquen políticas públicas en desarrollo, también dice parecerle “un poquito una falta de deferencia con el Consejo de Evaluación, que está trabajando hace una buena cantidad de años elaborando nuestro informe y haciendo nuestra tarea, que no se le haya convocado durante todo este año. Ninguno de los consejeros ha sido consultado. De verdad que nos ha extrañado un montón el hecho que no no hayamos sido convocados, más aún considerando que el subsecretario y la ministra formaron parte en algún momento de este consejo”.

Otro consejero como Gonzalo Muñoz reseña que “es preocupante que recién ahora se constituya el nuevo Consejo de Evaluación, porque es la instancia que la propia ley mandató para evaluar esta reforma y ha estado meses sin operar. Pero más preocupante es que el Mineduc haya ingresado al Congreso un proyecto que se aparta de lo que ese consejo viene planteando desde 2018, en siete informes anuales y una evaluación intermedia”.

El consejo, dice, “ha respaldado recalendarizaciones, pero siempre acotadas y condicionadas a mejoras verificables. Nunca propuso extender los traspasos tanto tiempo -2040-, y menos bajar la vara para permitir que tantos municipios sigan administrando los establecimientos públicos”.

Esos informes a los hace referencia Muñoz fueron firmados por Arzola en 2019 y 2020, y Rodríguez en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, aunque para este último dejó de ser parte de la instancia antes de que se evacuara el informe final. Además, el subsecretario adscribió a una declaración en 2023 del consejo tras ser citados de emergencia por el entonces ministro Nicolás Cataldo a raíz de la crisis en el SLEP Atacama. “Frenar este proceso representa más riesgos que oportunidades”, fue la postura.

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