Hacia fines de la semana del 11 de mayo un correo electrónico llegó a la casilla del actual subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez. El escrito iba firmado por el Consejo Evaluador de Sistema de Educación Pública (reforma que traspasa los colegios municipales hacia los SLEP), una instancia que hasta cuatro meses integraba el propio Rodríguez y que, hace algunos años, también tuvo entre sus miembros a la ministra del rubro, María Paz Arzola.

A través de ese mail, los consejeros le pidieron una reunión al subsecretario luego que recobrara fuerza la intención del Mineduc de pausar el proceso de desmunicipalización escolar y abrir la puerta a un sistema mixto. Esa idea había sido instalada por José Antonio Kast incluso antes de asumir en el Ejecutivo, por lo que las autoridades educativas aceptaron el llamado a sabiendas de esa medida que antes habían rechazado.

En el correo justifican la solicitud de agenda con el afán de colaborar en la discusión, pero también dejan ver otra intención más de fondo: reforzarle al gobierno que en ninguno de sus informes anuales el consejo ha propuesto algo distinto a seguir adelante con el proceso de traspaso a los SLEP. Sí ha reconocido dificultades y propuesto mejoras, pero nunca frenar ni cambiarle el rumbo a la creación de 70 SLEP para hacerse cargo de todos los colegios públicos del país.

Según quedó establecido en la ley, junto con la nueva institucionalidad que desmunicipaliza la educación pública chilena, debía crearse un Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, compuesto permanentemente por seis personas escogidas por el Presidente de la República y quienes tienen a su cargo emitir un informe anual de seguimiento de la puesta en marcha del nuevo sistema, y asesorar directamente al Mandatario de turno en la materia. Tras las mejoras a la ley promulgadas hace poco, ese consejo ahora será resorte del Senado.

A la fecha el consejo ha presentado nueve informes: ocho anuales correspondientes al período 2018-2025 y una evaluación intermedia que abarcó los años 2018-2021. Diez personas distintas han sido parte de la instancia, algunas de los cuales hoy están trabajando en el gobierno.

Lo anterior cobra especial relevancia al considerar que tanto el subsecretario Rodríguez como la ministra Arzola fueron parte del consejo y entre ambos firmaron siete informes anuales de esa instancia que, como se ha dicho, nunca recomendó modificar la meta final de la reforma.

Incluso, Rodríguez firmó una declaración en 2023 del consejo tras ser citados de emergencia por el entonces ministro Nicolás Cataldo a raíz de la crisis en el SLEP Atacama. “Frenar este proceso representa más riesgos que oportunidades”, fue la postura que fijó el consejo esa vez frente a la idea de postergar la reforma.

Antes, como consejera Arzola había firmado los informes de 2019 y 2020. Rodríguez, en tanto, firmó los de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, aunque este último con un disclaimer que dice que dejó de ser parte de la instancia el 22 de enero de este año, antes de asumir en el gobierno. Otro consejero que también renunció para recalar en el Ejecutivo, pero posterior al informe, fue Fernando Peña, quien asumió la dirección de Junaeb. De ahí en adelante el consejo quedó con esos dos puestos vacantes.

Abierta fricción

En tal sentido, fueron los otros cuatro consejeros vigentes -Aldo Cassinelli, Teresa Flórez, Gonzalo Muñoz y Omar Jara- los que le enviaron el correo electrónico al hoy subsecretario Rodríguez, con quien hasta hace poco compartían la instancia y la visión sobre no pausar el proceso.

“Pedimos la reunión porque entendemos que siempre es bueno hablar, y lo hemos hecho con todos los ministros desde la puesta en marcha del consejo en 2018. Más importante es aún cuando hemos escuchado que se está estudiando pausar el proceso, lo que es una decisión extremadamente relevante”, dice al respecto el consejero Jara, uno de los tres que ha estado desde creada la instancia, quien suma que “es muy importante que el consejo tenga una opinión y para eso nos dirigimos al subsecretario, que generalmente es quien preside las reuniones del consejo”.

Por eso, añade Jara, es “bien extraño que no hayamos tenido una respuesta del subsecretario, más aún considerando que Daniel fue miembro del consejo durante un buen tiempo y suscribió cada uno de los informes que anualmente a nosotros nos corresponde elaborar”.

Muñoz, quien se sumó al consejo hace algunos años, dice que todos los últimos informes de esta instancia “han sido enfáticos en plantear la necesidad de mejorar la implementación de la reforma y nunca se ha propuesto una suspensión o pausa del proceso, en parte importante porque la crisis de la educación en manos de los municipios se sigue agudizando”. Así, ahonda que si la preocupación son aquellos municipios que aún funcionan bien administrando la educación, “la normativa ya contempla un mecanismo para evaluarlos caso a caso”.

En una línea similar, la consejera Flórez, también profesora asociada del Departamento de Estudios Pedagógicos de la U. de Chile, señala que la idea de poner pausa al proceso “implica ignorar la creciente crisis de la administración municipal en educación y la urgencia del traspaso en muchos contextos, dada la acumulación de deudas, así como por irregularidades que se han levantado en diversos casos”.

Por otra parte, agrega, “se trata de una decisión que no es consistente con la evidencia levantada no solamente por nosotros como consejo, sino también por la evaluación externa de la Universidad de Chile encargada por el Congreso, la evaluación internacional y múltiples estudios que, si bien reconocen, al igual que nosotros, los desafíos de una transformación de este tipo, también reafirman la evidencia acerca de sus avances y mejoras con respecto a la administración de las municipalidades”. Y cierra: “Hemos solicitado reunión al subsecretario, quien fuera también miembro de este Consejo, para plantear estas preocupaciones, pero al día de hoy no hemos tenido respuesta”.

En efecto, a casi dos semanas de pedida la reunión por sus excompañeros, Rodríguez ni siquiera ha acusado recibo. Consultados al respecto, desde la Subsecretaría de Educación aseveran valorar “todos los insumos, análisis y revisiones que se han hecho respecto a esta reforma y se están considerando para las medidas que se están evaluando”.

“Adicionalmente, es importante mencionar que la constitución del consejo debe reformularse debido a las modificaciones a la Ley 21.040 (mejoras a los SLEP) que impulsó la administración anterior y que entraron en vigencia hace solo unos días”, añaden.

Pero más allá de las explicaciones, quienes trabajan de cerca en el proceso de desmunicipalización en privado ven con extrañeza que ambas autoridades eduativas hayan defendido no pausar el proceso y ahora estén impulsando una reforma a la reforma. Especial atención les llama la situación de Rodríguez, quien fue parte de la elaboración de los últimos cinco escritos del consejo.

El de 2025, informe del que el subsecretario participó hasta seis días antes de su cierre, decía textualmente: “El Consejo quisiera insistir en su llamado a abordar este cambio como una política de Estado, con la altura de miras que ello requiere”, o que “se debe dar continuidad al proceso de cambio y que no es posible continuar con la actual administración municipal (...). Es necesario, en el marco del escenario político actual, entregar certezas a los actores que se encuentran en este proceso, respetando los compromisos adquiridos, y generando las mejoras necesarias para que la implementación continúe con éxito”.

De todos modos, desde la subsecretaría que comanda Rodríguez refuerzan que “como ya se ha señalado, el Ministerio de Educación evalúa proponer una pausa en la implementación de los SLEP, justamente atendiendo a la evidencia y diagnósticos vigentes, con el objetivo de asegurar mejores condiciones para la gestión de la educación pública”.