El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) envió un oficio al Presidente Gabriel Boric para que este cite al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) ante los casos relacionados con el narcotráfico y que involucran a exfuncionarios del Ejército y la FACH. “La infiltración del crimen organizado transnacional en las Fuerzas Armadas y en otros poderes del Estado, no es solo un problema policial, es una amenaza real para la seguridad nacional”, señaló el diputado.

Según agregó, respecto a la disputado que ha surgido frente al caso que involucra a funcionarios de la FACH, “más allá de quién lidera la investigación, lo verdaderamente urgente es comprender que estamos frente a hechos que atentan directamente contra la seguridad del Estado”.

De acuerdo a lo que mencionó, la solicitud busca que las máximas autoridades del país “puedan evaluar y coordinar medidas para frenar un fenómeno que, de no abordarse con decisión, puede desestabilizar profundamente a Chile”.

Finalmente según apuntó el diputado, “Más allá de mi carácter de presidente, no me puedo inhibir de las facultades que me competen como parlamentario y representante de la región de Antofagasta, que ha sido gravemente golpeada por el crimen organizado transnacional”.

¿Qué dice el oficio?

De acuerdo a lo que apunta el oficio que es firmado por los diputados José Miguel Castro Bascuñán, Henry Leal Bizama, Miguel Alejandro Mellado Suazo, Joanna Elena Pérez Olea y Cristian Andrés Labbé Martínez, “nuestro país enfrenta una crítica situación con el arribo de la criminalidad organizada transnacional a su territorio tras advertirse la presencia en Chile de asociaciones criminales de alto riesgo y poder de fuego, lo que ha sido evidenciado tras múltiples investigaciones y actuaciones llevadas adelante por el Ministerio Público”.

“La penetración del crimen organizado transnacional pasa a suponer una amenaza para la seguridad nacional en la vertiente que constituye un riesgo íntegro para la ciudadanía, pero también en relación con la seguridad exterior del país ”, agregan.

El oficio además apunta respecto a los recientes casos que involucran a funcionarios del Ejército y la FACH, que “todos estos funcionarios de las Fuerzas Armadas -que fueron dados de baja con ocasión de su detención e internación preventiva- cumplían funciones en reparticiones críticas de sus respectivas instituciones“, señalando que ”De allí que el riesgo que supone el arribo del crimen transnacional a esta clase de unidades es altamente complejo y preocupante".

“La gravedad de la situación sobrepasa por mucha un peligro para la seguridad pública interior, para transformarse en un riesgo para la seguridad y la soberanía nacional, lo que demanda el uso de todas las herramientas del Estado”, detallan.