Esta jornada, el 9° Juzgado de Garantía determinó la prisión preventiva de dos funcionarios de la Municipalidad de Maipú involucrados en una red de corrupción relacionada con un presunto esquema de emisión fraudulenta de licencias de conducir.

La misma medida cautelar se decidió para otras tres personas que funcionaban como “captores” de clientes, mientras que otros seis imputados que adquirieron estos documentos de forma irregular quedaron con firma mensual y arraigo nacional.

En la ocasión, tras las pruebas presentadas por el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, la jueza María Inés Lausen dio por acreditado los delitos de otorgamientos y obtención fraudulenta de licencias de conducir, en calidad de reiterados, así como de sobornos, falsificación de instrumento público y tenencia ilegal de arma de fogueo adaptable, en uno de los casos, y fijó un plazo de investigación de 120 días.

Así, la máxima medida cautelar fue impuesta a Juan Pablo Zúñiga, encargado de tomar pruebas teóricas en el municipio y que es sindicado como una de las personas que ayudaba a los “clientes” de la banda y quien respondía correctamente las preguntas del examen, y a Manuel Vilches, quien supervisaba las pruebas prácticas.

La tercera funcionaria municipal involucrada, Ruth Necul, jefa (s) del departamento de Licencias de la Dirección de Tránsito de Maipú, quedó con arresto domiciliario total y arraigo tras acreditar una condición médica complicada.

En tanto, también quedaron en prisión preventiva los “captores” de clientes identificados como Fabián Castro; su primo, Kevin Molina, y Paula Catalán.

El caso

A las 9 de la mañana de este jueves, diferentes unidades de la PDI –por orden de la Fiscalía Metropolitana Occidente y con orden judicial emanada de tribunales– allanaron 13 domicilios, entre ellos la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Maipú, donde lograron la detención de 12 personas vinculadas con la emisión de licencias de conducir fraudulentas que se le atribuye a “una red de corrupción” que operaba en ese lugar.

De todos los detenidos, tres de ellos son funcionarios municipales, otros tres son “captadores de clientes” y el resto correspondía a personas, en su mayoría extranjeros, que obtuvieron licencias de conducir, pese a no cumplir con los requisitos que exige la ley y tras pagos de sobornos.

Según la investigación, los funcionarios detenidos facilitaban la obtención de horas para rendir el examen, falsificaban documentos e incluso hacían la prueba teórica por los “conductores”.

Por toda esta diligencia la organización cobraba entre $400 mil a chilenos y $900 mil a extranjeros. Esto último porque el beneficiar a personas migrantes les significaba una mayor dificultad, dado que, además de obtener la hora, también tenían que falsificar más documentos e incluso hacerles las pruebas debido a que, por idioma, muchas veces los supuestos conductores no entendían.

Con ese mecanismo, y según pudo conocer la Fiscalía, la organización solo en 2024 entregó 100 licencias de conducir irregulares, con ganancias millonarias que eran divididas entre los captadores y los tres funcionarios involucrados.

Por ahora, la Fiscalía ha podido determinar que la organización empezó a operar al menos desde 2023, en el primer periodo del actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Este último, en todo caso, denunció los hechos en momentos en que el Ministerio Público ya llevaba adelante una indagatoria en completo sigilo.

Y pese a que cuando informó de los allanamientos en el municipio –a través de su cuenta de Twitter– apuntó a que los hechos venían de la administración anterior (de la alcaldesa Cathy Barriga), solo un antecedente expuesto en la audiencia daría cuenta de eso, ya que el resto de los testimonios sitúan el inicio de actividades de esta “empresa de defraudación” hace dos años.