El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, luego de que este último tribunal acogiera el pasado viernes un recurso de amparo interpuesto por la defensa de la psiquiatra Josefina Huneeus, que declaró ilegal las intervenciones al celular de la excónyuge de Alberto Larraín en el marco del caso ProCultura.

Cabe recordar que, en aquella oportunidad, en un documento de 46 páginas, los ministros del tribunal de alzada ordenaron eliminar los registros obtenidos a través del “pinchazo” que solicitó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Tal fallo, -que contiene duras críticas al actuar del Ministerio Público– dispuso “la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a los actos cuya ilegalidad acaba de declararse”. Esto debido a que –según esgrime su defensa- la calidad de testigo que mantenía Huneeus cuando se solicitó la medida intrusiva es un antecedente relevante para declarar ilegal las escuchas, señalando además que “ninguna de las comunicaciones tiene interés criminalístico”.

En este contexto, el diputado gremialista, representado por el abogado Pablo Toloza, interpuso la apelación en su calidad de querellante, con el fin de que se rechace el referido amparo, sosteniendo que las decisiones que fueron dejadas sin efecto “no son ilegales”.

“El fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta razona erradamente al pretender que lo que se intercepta son las comunicaciones de una persona en específico, en circunstancias que lo que se está interceptando expresamente son los teléfonos de los cuales un imputado es el titular, tratándose en este caso de uno de los imputados principales de la investigación”, indica el documento.

De igual forma, se plantea que en este caso “lo relevante es la interceptación de los dispositivos y números telefónicos cuyos titulares son personas integrantes de una banda criminal, investigados actualmente por el delito de fraude al fisco y otros, sin atender a quien en la práctica utilice el dispositivo”.

“Es en sí, el número telefónico, el que es objeto de la medida intrusiva, es aquel número cuyo titular o a lo menos está directamente relacionado a un imputado en la investigación, respecto del cual existen indicios suficientes para estimar que su interceptación ayudará al esclarecimiento de los hechos”, agrega.

En torno a lo anterior, la acción judicial plantea que las resoluciones impugnadas cumplen con el estándar exigido en cuanto a la fundamentación y motivación, y no serían “ilegales ni arbitrarias”. Por esto, apuntó a que el fallo del pasado viernes “debe ser enmendado conforme a derecho”.

“Debe rechazarse el amparo deducido en favor de doña Josefina Huneeus Lagos, manteniendo tanto la vigencia de las resoluciones impugnadas, como también de todas las diligencias y resoluciones que de ellas se derivaron, con sus respectivos resultados, prohibiendo la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a dichos actos”, concluye el recurso.

En este mismo marco, y según pudo constatar La Tercera, la abogada Nubia Vivanco, que al igual es querellante en el caso ProCultura, adelantó que también apelará a la resolución de la Corte de Antofagasta.