Las tensiones existentes en la Comisión Verdad y Niñez no dan tregua. Aunque las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han desplegado acciones para que la instancia -que surgió durante la administración del expresidente Gabriel Boric para indagar violaciones a los derechos humanos en el Sename- tenga continuidad, los conflictos al interior de ese espacio no han cesado.

El último de ellos estuvo relacionado con la desvinculación de cuatro coordinadores de la comisión -una decisión administrativa que fue cursada por la División de Reinserción Social que lidera Fabiana Castro- que generó nuevos roces entre los profesionales que ahí se desempeñan.

Cuando este medio consultó cómo se había adoptado la determinación, se entregó una explicación que provocó ruido entre conocedores del asunto. Una decisión que adquirió nuevos antecedentes en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara celebrada el miércoles 23 de septiembre.

Fue el 1 de septiembre cuando el secretario ejecutivo de la Comisión, Branislav Marelic, indicó a La Tercera que los despidos se habían zanjado en agosto, previa discusión de los comisionados en base a un informe sobre el desempeño del equipo.

Según indicaron en ese momento, el informe en cuestión motivó que los comisionados se mostraran disconformes con el desempeño de los involucrados. Se evaluaron parámetros fijados por Marelic y en base a eso, como reportaron desde la cartera en aquel momento, el 18 de agosto los comisionados solicitaron a Marelic una reestructuración de equipo.

Sin embargo, lo indicado inicialmente por el secretario ejecutivo entró en contradicción con una escueta intervención realizada por el comisionado Jorge Rojas ante la Cámara este miércoles, donde fue tajante en que ellos no intervinieron en la salida de nadie.

“Las desvinculaciones no las define el secretario ejecutivo, las define el Ministerio de Justicia. Por tanto, es injusto que le carguen a él las desvinculaciones. Esa es la realidad. Nosotros no opinamos sobre desvinculaciones”, comentó el profesional.

De hecho, como dan cuenta las actas de las sesiones de la Comisión Verdad y Niñez, sí se abordó el desempeño de ciertos funcionarios, pero no se tomó un acuerdo explícito referente a peticiones de renuncia o despidos, aunque sí apoyar al secretario ejecutivo en eventuales reestructuraciones.

Acordaron que Marelic les remitiría informe por escrito para luego “solicitar a la Subsecretaría que implemente las medidas indicadas para asegurar el cumplimiento del mandato”. Pese a ello, de acuerdo con las actas de sesiones posteriores, no se tomaron decisiones concretas más allá de ello.

De todas formas, Felipe Téllez, quien fue uno de los profesionales desvinculados, se hizo presente en la misma Comisión de Derechos Humanos reprochando lo tardío que resulta la publicación de esas actas, ya que se les impide hacer seguimiento oportuno y eventualmente realizar reclamaciones.

“Preocupa la publicación tardía de las actas. Aunque el reglamento vigente exige levantar y publicar el acta de cada sesión, las correspondientes actas de los actuales comisionados fueron aprobadas recién el 21 de septiembre y publicadas ayer (la jornada del 22), más de tres meses después de asumir. Este retraso impide un seguimiento oportuno de las decisiones y dificulta determinar si las actas reflejan fielmente lo discutido y acordado meses antes, debilitando la transparencia institucional”, mencionó ante los diputados de la comisión.

La discusión

Fue el 14 de agosto que los comisionados abordaron lo referente al desempeño de los coordinados, en una sesión que tuvo carácter de extraordinaria.

De acuerdo con el acta de esa jornada, ese día se profundizó “en la opinión que el secretario ejecutivo se ha formado del desempeño de los equipos técnicos”. Junto con ello, se indicó: “La comisión respalda al secretario ejecutivo en sus acciones de revisión del trabajo de los equipos internos”.

De la misma forma, se dejó constancia de que “los comisionados entienden que exista una sensación de frustración por los cambios reiterados de secretarios ejecutivos”. Sin embargo, expresaron que “eso no es justificación para conductas inapropiadas, desconocimiento del rol del equipo técnico y faltas de respeto”.

Al cierre, además, plasmaron lo siguiente: “El secretario ejecutivo solicitará a quien corresponda en el Ministerio de Justicia los ajustes que sean necesarios fundadamente”.

Pese a que la comisión apunta a esa acta como la relevante respecto de los sucedido con los excoordinadores, fuentes vinculadas a la comisión comentan que lo consignado en el documento no evidencia que se haya discutido o acordado la desvinculación de los profesionales, ya que no hay planteamientos sobre la posibilidad de desvincular a determinados integrantes del equipo.

Consultado respecto de las contradicciones, Marelic aseguró que “los ajustes en la Secretaría Ejecutiva buscaron garantizar el cumplimiento del mandato con rigurosidad y profesionalismo, tras detectarse problemas técnicos serios en los procesos existentes. Se constató que asuntos críticos como la redacción del informe final carecían de responsable y avance, a lo que se sumaron el atraso de más de un año en la interposición de denuncias penales, la falta de colaboración con los nuevos equipos y el bloqueo de información a los comisionados”.

“Esta situación fue expuesta el 14 de agosto y los comisionados respaldaron la reestructuración, lo que fue formalizado en un informe enviado al Ministerio el 18 de agosto. La Secretaría Técnica depende administrativamente de la Subsecretaría de Justicia, pero funcionalmente de los Comisionados. Por lo tanto, la decisión del término adelantado lo ejecutó la Subsecretaría, pero fue una recomendación fundada por la Comisión y en cumplimiento estricto de las cláusulas del contrato”, complementó.