El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, calificó como un “día negro para la democracia” la aprobación en general por parte del Senado del proyecto que abre la posibilidad de conmutar condenas a criminales condenados por lesa humanidad y otros delitos, y sostuvo que un universo de 12 mil condenados podría verse beneficiado.

Durante la tarde, la Sala de la Cámara Alta respaldó por 23 votos a favor y 22 en contra, la moción presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN).

Luego de conocerse el resultado, el secretario de Estado, en un punto de prensa desde el Congreso, afirmó que “hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”.

Gajardo también cargó contra los senadores que respaldaron la moción y los emplazó a entregar una explicación. “Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país por qué aprobaron un proyecto que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país. ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niño o niña o adolescente? Eso realmente no tiene ninguna explicación", planteó.

La autoridad también entregó cifras respecto al universo de criminales que se verían beneficiados con la norma y cifró en que se trataría de más de 300 condenados por lesa humanidad, más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio.

“Eventualmente, como es tan malo técnicamente este proyecto, podría beneficiar a 10.000 personas en situación de discapacidad, 10.000 criminales condenados que estén en situación de discapacidad y eventualmente también a enfermos crónicos. En total, el universo puede llegar a 12.000 personas, de eso estamos hablando, 12.000 condenados por crímenes que el día de mañana podrían volver a sus domicilios y poner en riesgo la seguridad de quiénes fueron sus víctimas, pero además también en riesgo la seguridad de todo el país”, afirmó Gajardo.

“Lamentablemente el proyecto que se ha aprobado en general hoy en este Senado, es un proyecto que va en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de derechos humanos, en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de persecución penal, es contrario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y vuelve a victimizar a los familiares de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar”, agregó.

En ese sentido, el titular de Justicia también manifestó que la aprobación de la iniciativa “pone en peligro la seguridad de nuestra sociedad” al permitir que condenados por diversos crímenes (relacionados a derechos humanos o de alta connotación social, como violaciones, homicidios, parricidio, entre otros), salgan de la cárcel para cumplir con sus condenas en sus domicilios, basándose en criterios como la edad avanzada, salud deteriorada o discapacidad severa.

Gajardo también advirtió que de convertirse en ley, el proyecto podría beneficiar a condenados vinculados al crimen organizado y que “puedan seguir gestionando sus redes criminales, sus bandas de crimen organizado desde su domicilio particular”.

En la misma línea, Gajardo también defendió el rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la tramitación de la idea legislativa. “Es realmente increíble que el Senado haya aprobado este proyecto en general. Y yo le quiero decir al senador Rojo Edwards, porque se lo dije en la sala, el Ministerio de Justicia nunca estuvo de acuerdo con este proyecto. Nunca estuvo de acuerdo y siempre estuvo presente en las comisiones de Derechos Humanos en las cuales se discutió. En todas las comisiones estuvo la subsecretaria de Derechos Humanos entregando la opinión del Ministerio de Justicia y yo personalmente estuve en todas las sesiones de sala en las que se discutió este proyecto", sostuvo.

“El Ministerio de Justicia estuvo permanentemente diciendo que era un proyecto que no solo va en contra de los tratados internacionales, que no solo va en contra de la política de persecución penal, que no solo va en contra de las víctimas, de las personas que han sido violentadas en los delitos más graves que conoce nuestra legislación, sino que también es un proyecto deficitario técnicamente. Y no solo lo dijo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo dijo también la Corte Suprema en los informes que entregó en la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, opiniones técnicas de poderes distintos a este Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial dijeron: ‘Este proyecto es deficitario en términos técnicos’. Este proyecto lo que puede hacer es poner en peligro a la sociedad chilena y a pesar de eso se aprobó“, manifestó.