Esta tarde, por solo un voto de diferencia, la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley -que se encuentra en primer trámite constitucional- que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, y que beneficiaría a reos condenados por violaciones a derechos humanos -incluyendo a los internos de Punta Peuco- y otros delitos.

La iniciativa alcanzó 23 preferencias, mientras que 22 senadores votaron en contra, sin que se registraran abstenciones.

A las 16:00 en la sala del Senado comenzó la revisión y votación del proyecto de ley -moción de los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN)-, que ya incluía informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Así, luego de una áspera discusión que incluyó una serie de recriminaciones a los autores y legisladores de derecha que apoyan el proyecto, se definió el plazo para presentar indicaciones, el cual no estuvo exento de polémica, dada la falta de acuerdo entre los presentes.

Por lo anterior, el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, abrió la votación para fijar como día final el próximo lunes 16 de marzo hasta el mediodía, a través de la secretaría del Senado, lo que fue respaldado por 27 votos, mientras que otros nueve votaron en contra del lapso.

Una vez finalizada la discusión, Yasna Provoste (DC) y Fidel Espinoza (PS) hicieron reserva de constitucionalidad.

El quiebre de Gajardo

Desde el Congreso, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, cuestionó a los senadores que respaldaron el proyecto y dio luces del universo de condenados que podrían verse beneficiados.

“Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país por qué aprobaron un proyecto que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país. ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niño o niña adolescente? Eso realmente no tiene ninguna explicación", planteó Gajardo.

La autoridad también entregó cifras respecto al universo de criminales que se verían beneficiados con la norma y cifró en que se trataría de más de 300 condenados por lesa humanidad, más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio.

“Eventualmente, como es tan malo técnicamente este proyecto, podría beneficiar a 10.000 personas en situación de discapacidad, 10.000 criminales condenados que estén en situación de discapacidad y eventualmente también a enfermos crónicos. En total, el universo puede llegar a 12.000 personas, de eso estamos hablando, 12.000 condenados por crímenes que el día de mañana podrían volver a sus domicilios y poner en riesgo la seguridad de quiénes fueron sus víctimas, pero además también en riesgo la seguridad de todo el país”, afirmó Gajardo.

Posteriormente, mientras daba declaraciones a 24 Horas, el ministro Gajardo se mostró visiblemente afectado por aprobación de la moción.

“Estaba despidiéndome de la dirigenta (Gaby Rivera) de la agrupación (de Familiares de Detenidos Desaparecidos), para ella es un día terrible esto. Han sufrido 50 años y vuelven a ver cómo los poderes públicos no están a la altura, entonces es realmente terrible”, señaló acongojado, con la voz quebrada y los ojos llorosos, al concluir el punto de prensa.

Debate en Sala y críticas del PS

En medio de la discusión, el senador Daniel Núñez (PC) pidió inhabilitar a Javier Macaya (UDI) porque su padre, Eduardo Macaya, se podría ver beneficiado, tras la condena por cuatro abusos sexuales contra menores de edad.

“Quiero pedir que acá la inhabilidad de un senador que según el artículo 8, que establece las inhabilidades, se vería en este caso, un familiar suyo beneficiado por este proyecto de ley. Entonces, yo quiero pedir que se inhabilite el senador Macaya porque si este proyecto de ley se aprueba, él podría, o sea el padre de él, se podría haber beneficiado en el momento en que cumple 76 años y no termine en la cárcel de cumplir la condena que corresponde”, señaló Núñez, citando el artículo 169, letra C, del reglamento.

A esto respondió su par Rojo Edwards, quienes calificó de “lo más bajo” las declaraciones de Núñez y aclaró que Macaya padre no se vería beneficiado por la ley, a su juicio, e incluso, pidió eliminar las palabras del comunista del acta. A la defensa del UDI también se sumó Cruz-Coke.

Avanzada la tramitación, durante la fundamentación de su voto, el senador Fidel Espinoza (PS) cargó directamente contra uno de los autores de la moción: el RN Francisco Chahuán, señalando que “vas a quedar en la historia por esto que estás haciendo” y anunció que su bancada presentará más de 100 indicaciones.

En la misma instancia, el representante de la Región de Los Lagos, apuntó contra otro senador que se habría “escondido” para no votar.

En declaraciones a La Tercera, Espinoza específico que se trató del senador por Magallanes, Karim Bianchi (ind.). “Me refiero a Karin Bianchi. Estaba en el hemiciclo y cobardemente se escondió para no votar. Los propios familiares de violaciones a derechos humanos fueron a su oficina. No los recibió“, aseguró.

Con todo, Espinoza acusó que “de seguro negoció con la derecha una comisión importante o estar en la mesa. Cualquiera sea el hecho, es inaceptable y doloroso. Con los derechos humanos no se juega”.

“Duele la aprobación de esta iniciativa que puede liberar a más de 12.000 condenados por delitos graves de diversa índole. Más aún si pudiesen quedar libres violadores de derechos humanos. (El senador Francisco) Chahuán, el futuro embajador de México, tendrá costos políticos muy altos por esta afrenta a la memoria de las víctimas”, ahondó.

Por su parte, José Miguel Insulza, aseguró que le eventual aprobación del proyecto “sería una vergüenza imborrable para el Senado” y calificó como “basura” la moción.

“Aquí se están creando las condiciones para liberar a 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, muchos de los cuales ni siquiera han querido confesar sus delitos, ni siquiera decir dónde están las personas que hicieron desaparecer, mucho menos reconocer las brutales torturas a las que se fueron sometidos algunos de los desaparecidos”, sostuvo Insulza.

Francisco Chahuán, autor del proyecto, aseguró que “se intenta transformar un debate jurídico serio en una consigna”.

“Y lo que es muy grave, se intenta confundir deliberadamente a la ciudadanía afirmando que este proyecto liberaría a personas de 65 y 70 años que violan el derecho internacional y que relativiza crímenes gravísimos o que abre la puerta a la impunidad. Voy a decirlo con toda claridad, esto es jurídicamente falso y esto no es una opinión, es derecho vigente. Ley chilena, jurisprudencia constante de la Corte Suprema y es derecho internacional obligatorio para el Estado”, agregó.

“Este proyecto no extingue penas, no anula condenas, no borra sentencias, ni las suspende. La pena se mantiene íntegra y se sigue cumpliendo”, sostuvo Chahuán.