El Imacec informado por el Banco Central para el primer trimestre de 2026 (-0,3%), fue el peor inicio de año para nuestra economía desde los tres primeros meses de 2020. Las expectativas de inflación para este año ya se ven por sobre el 4,5% y la creación de empleo está en niveles muy bajos, y si observamos el empleo formal, en territorio negativos. Un mal desempeño influenciado por un contexto internacional volátil y una mediocre realidad económica interna que se arrastra hace una década.

El problema de la capacidad de crecimiento es que es igual que la confianza: una vez que se pierde, cuesta mucho recuperarla. Hay que hacer esfuerzos significativos que van más allá de la mera declarativa. Se deben entender las razones de fondo del problema y subsanarlas, sin atajos ni medias tintas.

En ese sentido, mucho se ha hablado sobre factores económicos que inciden en esto, como los impuestos, costo laboral, normativas ambientales, incentivos a la innovación, entre otros. Yo mismo escribí hace unas semanas la importancia de recuperar la competitividad tributaria y modernizar nuestra legislación medioambiental para adecuarnos a los nuevos desafíos. Si bien estas dos materias son fundamentales para lograr este objetivo, hay otras dos que no siempre forman parte de la discusión macroeconómica.

La primera es la urgencia de combatir el crimen organizado en nuestro país. La destrucción de bosques forestales, la toma de campos productivos, la penetración de bandas delictuales en la cadena logística nacional, o la expansión del comercio informal son ejemplos de una correlación directa entre delincuencia y actividad económica. Pero la realidad es mucho más compleja: la sensación de inseguridad inmoviliza a la población, ralentizando el consumo y la inversión.

Sin seguridad, no hay real libertad. Y sin ésta, es impensado recuperar el dinamismo de la economía y el progreso de nuestra sociedad.

La segunda materia urgente es la modernización del Estado para llevarlo a ser un aliado del crecimiento económico y no una valla para poder invertir. Si no tenemos un Estado moderno, que se adapte a las nuevas tecnologías y tendencias, difícilmente se podrán mejorar los servicios qué éste entrega a la ciudadanía.

En el reciente debate público se ha puesto mucho énfasis en la compensación recaudatoria y el recorte del gasto fiscal, pero poco se ha hablado de impulsar inversiones en el Estado que permitan hacer lo mismo con menos, o mejor aún, hacer más, con los mismos recursos. De eso se trata la búsqueda permanente por lograr mayor productividad y eficiencia en la asignación de recursos y en la prestación de servicios.

Modernizar el Estado es imperativo para agilizar la inversión y mejorar la gestión pública, pues el solo aumento de la recaudación por parte del fisco no necesariamente se traduce en mejores servicios para la ciudadanía. La adopción de nuevas tecnologías, junto con la implementación de un sistema político moderno que favorezca los consensos y la capacidad de implementar medidas sostenibles son necesarios para lograr este objetivo. ¿Cabe alguna duda que el Registro Civil, el SII o Aduanas, sólo por dar algunos ejemplos, podrían funcionar mejor con más tecnología? ¿O que para dar mayor certeza jurídica y estabilidad se requiere un cambio sustantivo al sistema político que incentive la consolidación de fuerzas políticas y la construcción de acuerdos transversales?

Estas dos dimensiones -seguridad y modernización del Estado- junto a medidas en materia de competitividad tributaria, y estabilidad y agilización regulatoria, son los cuatro pilares para recuperar el dinamismo de nuestra economía.

En este sentido, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo va en la línea correcta en mirar el desafío desde una dimensión amplia. Ninguna de estas iniciativas por sí sola bastará para cambiar el rumbo de nuestro país, pero es una señal en la dirección adecuada a la que ojalá, con el necesario debate democrático y mejoras en el Congreso, se sumen todas las fuerzas políticas. El crecimiento económico no sólo trae más recaudación tributaria, sino que saca a cientos de miles de personas del desempleo y permite ahorrar recursos en salud, pensiones y otros subsidios, ya que más personas formales contribuyen a estos. Sólo para graficar, si se logran 400.000 empleos formales en cuatro años, esas personas, a la renta promedio en Chile, recibirán ingresos brutos por alrededor de US$ 4.000 millones anuales y contribuirán en IVA y cotizaciones de salud y pensión con algo así como US$ 1.400 millones anuales. Bastante parecido al déficit que genera el proyecto presentado.