La defensora nacional Verónica Encina tiene claro que en muchos debates le toca remar contra la corriente. Mientras distintos actores del sistema de justicia apuntan a endurecer sanciones, ella, desde la Defensoría Penal Pública (DPP), intenta que el debate también incluya consideraciones que hagan valer el debido proceso.

La defensora nacional asegura que agravar las penas y robustecer el combate de los delitos es válido, pero también recuerda que hay más opciones para avanzar en seguridad. Por lo pronto, recalca, se deben introducir ajustes al proyecto de Ley Sin Escape, un mensaje del gobierno que busca modificar el Código Procesal Penal para permitir la realización de juicios en ausencia de la persona acusada.

Por lo mismo, los desafíos que se plantea para este 2026 son lograr que avance la reforma que dota de autonomía a la DPP y promover una ley que modernice y fortalezca la institución.

El 1 de mayo cumplió un año en el cargo. ¿Cómo ha sido enfrentar este desafío?

Ha sido un año superintenso, lleno de desafíos, pero lo más importante es que hemos logrado el fortalecimiento de la Defensoría en todos los aspectos, salvo en lo presupuestario, que es lo que está ahora en riesgo. El primer gran logro fue la presentación del proyecto de reforma constitucional que establece la autonomía de esta institución, lo que es una aspiración desde el inicio. Además, acabamos de inaugurar nuestra academia, lo que también es un hito. Y, por otro lado, se ha robustecido la política de integridad.

Cumple su primer año justo en medio de la instalación del nuevo gobierno. ¿Ha sido buena la relación con las autoridades entrantes?

La relación que tiene la Defensoría con el Ministerio de Justicia siempre ha sido de un gran respeto. En ese sentido, la relación con el ministro Rabat ha sido excelente. Ellos han comprometido todo su apoyo con la institución.

¿Hay algún aspecto en que se hayan sentido perjudicados?

A diferencia de otras instituciones, nosotros no tenemos margen para disminuir nuestro presupuesto. Venimos con una rebaja consistente hace 10 años. Ahora la rebaja del 3% nos afecta fuertemente si es que finalmente se cumple. Pero todavía creemos que hay posibilidades de que eso se pueda resolver de una manera distinta, a través de reasignaciones presupuestarias al interior del propio Ministerio de Justicia. Por lo demás, mientras nosotros nos hemos visto permanentemente mermados, el Ministerio Público se fortalece.

¿Les dieron algún plazo para tener claridad en ese tema?

No, todavía no hay un plazo zanjado.

¿Qué medidas quiere consolidar este 2026?

Aprobar el proyecto de autonomía. Ese es un primer gran desafío, ojalá se dé la discusión favorable y termine siendo aprobado el proyecto. Lo siguiente es proponer también al debate público una ley de modernización para la Defensoría, que la actualice para los próximos 25 años. Porque nosotros igual nos hemos ido quedando un poco atrás. No ha habido ninguna ley que actualice nuestra institucionalidad.

Las prioridades del sector hoy están puestas en combatir el crimen organizado, avanzar en seguridad. ¿Cree que eso puede jugar en contra de esas pretensiones?

No. Nosotros hemos planteado esto al Ministerio de Justicia y el ministro está en una posición muy abierta porque comprende, insisto y reitero, el rol de la Defensoría. Nuestro rol no es político y por lo tanto el fortalecimiento de la Defensoría no significa, aunque parezca aparentemente contradictorio, que no puedan, por ejemplo, aumentar las penas. Eso corre por un carril paralelo.

Pero los gobiernos siempre apuntan a priorizar determinadas materias en función del limitado espacio que tienen para tramitar ciertas iniciativas.

Es importante que se valore y que se comprenda que un Estado de derecho necesita abogados defensores, independientemente de cuál sea la política de persecución penal, que es legítima. Es legítimo que un Estado persiga los delitos y que quiera encarcelar a los delincuentes. Lo importante es que los procesos se ajusten a la Constitución y la ley. Y para eso estamos los defensores.

¿Ha conversado con el ministro Rabat sobre el proyecto de autonomía? ¿Cuenta con el respaldo del gobierno?

Estamos trabajando y hemos avanzado mucho. Todavía no hay una conversación en torno a los pasos específicos. Pero ya tenemos en agenda reuniones para planificar aquello, y han planteado una posición a favor. De hecho, no hay nadie que esté en contra. En todas las conversaciones que hemos tenido con parlamentarios de todos los signos políticos y también con el gobierno del Presidente Kast, no hay ninguna posición en contrario.

Usted decía que es importante que se cumpla con las garantías del debido proceso. ¿Cómo analiza el funcionamiento actual del sistema penal?

El sistema acusatorio, cuando se implementó, tenía como una de sus promesas la eficiencia, la rapidez y obviamente este fenómeno de las audiencias prolongadas, de los retardos en la fijación de fechas, es un problema que en todos los debates se aborda como algo que no puede continuar. No solo porque perjudica la eficiencia de la persecución, sino también porque afecta las garantías de los imputados. No es concebible que un juicio dure cuatro años. Además de eso, creo que también hay un problema fuerte con el aumento de las personas privadas de libertad, y eso también era una promesa del modelo acusatorio. Supuestamente se iba a invertir la balanza que teníamos con el sistema inquisitivo. Pero bueno, nos estamos acercando peligrosamente a las cifras del sistema antiguo.

El aumento de las prisiones preventivas se suele celebrar.

La prisión preventiva se presenta como una solución para la seguridad pública. Pero lo cierto es que no genera eso. Al revés. Mientras más gente presa tengamos, menos posibilidades tenemos de reinserción social y de prevención de delitos. Por tanto, el aumento de penas y el aumento de presos no disminuye los delitos ni aumenta la seguridad. Es sólo una percepción. Pero esa percepción no puede ser a costa de los derechos de las personas.

Gran parte de las propuestas que hay sobre la mesa apuntan a endurecer las sanciones. ¿Qué le parece que se siga un camino que usted describe como el incorrecto?

Hay múltiples discusiones en torno a eso. Esto no es sólo en Chile. Hay una ola mundial de una suerte de populismo penal. Se responde con una solución de subir las penas sin base en evidencia de que eso disminuya la criminalidad o mejore los índices de seguridad. Pero hay otra forma de hacerlo. Las políticas sociales, la educación, la prevención, hasta la resocialización o penas alternativas. Pero no se acude a ellas porque se piensa erróneamente que la ciudadanía no las va a valorar.

No es popular. ¿Quién es el actor que debiera recoger ese guante?

Nosotros, la Defensoría Penal Pública.

¿Pero quién los apoya?

Hay varios organismos. Pero generalmente nadie se pone al lado del defensor y del imputado.

¿Qué le parece el proyecto de “ley sin escape”, el que permite los juicios en ausencia?

Uno de los derechos más importantes que tiene una persona cuando es sometida a un juicio es estar presente en el juicio. Es la única forma que tiene de hacer valer su derecho a defensa. El defensor no puede inventar una teoría del caso, no se puede defender a alguien que no existe, esto afecta un derecho fundamental.

¿Esperaría que se hagan ciertas correcciones para al menos acotarlo a casos puntuales?

Debe ser lo más limitado y excepcional posible.

Mencionaba que mientras ustedes no se robustecen, el Ministerio Público sí. Además de la ley de fortalecimiento, tienen la Fiscalía Supraterritorial, lo que, usted advirtió, les podría traer inconvenientes. ¿Se mantienen esos temores?

La Fiscalía Supraterritorial ya está funcionando, pero todavía no tiene actividad que implique nuestra participación. Entonces va a haber un tiempo de ajuste en el que nosotros esperamos se logre tener algún nivel de equilibrio. Pero es difícil, y en esto tengo que ser franca. Si tenemos que conseguir que no nos rebajen el 3%, para que nos den más defensores hay un paso adicional.

¿Cree que se podrá avanzar en la autonomía y en una ley de fortalecimiento para ustedes?

Nosotros necesitamos aumentar la cantidad de defensores locales, no basta con crecer con abogados licitados. Por eso necesitamos también una modificación legal. Eso es lo que hemos conversado, aún no tenemos un compromiso de las autoridades, pero estamos avanzando.