El 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer este lunes detalles de su sentencia de 308 tomos en contra 17 acusados condenados en un juicio por la emisión y venta fraudulenta de licencias médicas ideológicamente falsas.

Samir Enrique Rivaldo Hernández, Yessica María Donado Álvarez, Lizney Loret de la Hoz Orozco, Álvaro Enrique Gnecco Cervantes, José Joaquín Gnecco Cervantes, Rodrigo Andrés Campos Cuello, Ana Beatriz Toncel Peña, Karen Cecilia Mejía Cantillo, Obed José Urrea Pérez, Yainer Alberto Olivero Álvarez y Jorge Antonio González Guerrero, deberán cumplir penas de presidio efectivo.

Ad portas del cierre, el juicio vivió un traspié cuando la magistrada Alejandra García decidió voluntariamente inhabilitarse al conocer que es una de las 56 jueces que arriesgan su expulsión del Poder Judicial por haber viajado al extranjero con permiso de salud.

Por ello, el proceso continuó en manos de los otros dos jueces José Pérez y Grace Díaz.

El juicio partió el 15 de julio de 2025.

En el proceso, la Fiscalía Metropolitana Oriente logró acreditar que los profesionales extranjeros involucrados crearon distintos centros médicos que servían de fachadas con el fin de emitir licencias falsas.

Según la investigación, entre 2020 y diciembre de 2022 se extendieron más de 50 mil licencias médicas fraudulentas para usuarios de Fonasa, generando un perjuicio superior a los 25 mil millones de pesos.

“La cuantiosa pérdida de recursos públicos que estas conductas provocaron, repercute directa e inevitablemente sobre la calidad, cobertura y suficiencia de las prestaciones sanitarias a que acceden todos los ciudadanos beneficiarios del sistema estatal de salud”, señala la resolución que leyó la jueza Díaz.

Además, hubo cerca de 10 mil licencias falsas que se emitieron para usuarios de isapres.

Los acusados condenados, en su mayoría, operaron en la llamada estructura Mititem en alusión a la empresa del facultativo Samir Enrique Rivaldo Hernández, Doctor Mitite.

Rivaldo Hernández fue condenado a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, además de una multa ascendente a 2.566 millones de pesos por delito reiterado de fraude de subvenciones.

También fue condenado a cinco años de reclusión menor en su grado máximo por el delito reiterado de emisión, obtención y tramitación de licencias médicas falsas.

Por el delito de asociación ilícita, se le condenó a tres años de presidio menor en su grado medio y recibió otros tres años de cárcel por lavado.

A Yessica María Donado Alvis se le impuso una multa de 1.573 millones y más de 15 años de cárcel.

Se autorizó a todos los sentenciados al pago de las multas en 12 cuotas.

Los días que pasaron en prisión preventiva los condenados serán abonados.

Por otro lado, se fijaron penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva para seis de los condenados: Nancy Marianela Verdeja Felipes, Javiera Nicole Verdeja Felipes, Marcelo Alberto Olivares López, José Luis Araya Barraza, Miguel Ángel López Hidalgo y Luis Alberto Jeria Hermosilla.

Además, se acogió la demanda civil del Consejo de Defensa del Estado y los condenados deberán pagar cerca de 26 mil millones de pesos.

“La sanción que este tribunal impone en la parte resolutiva de esta sentencia responde no sólo a la estricta aplicación de los marcos penales previstos por el legislador para cada uno de los ilícitos por los que se condenará, asociación ilícita, emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones y lavado de activos, sino que expresa además la necesidad político-criminal de reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico frente a un fenómeno delictivo de dimensiones inéditas en el país, cuya reaplicación futura debe ser prevenida mediante una respuesta sancionatoria que resulte proporcional a la extraordinaria gravedad, extensión temporal, sofisticación organizativa y lesividad social de los hechos que se han tenido por acreditados”, expresó el tribunal.

Al conocerse la resolución, el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Álvaro Pérez, explicó que “también fueron condenados otras personas que intervinieron en esta estructura criminal relacionada fundamentalmente con captadores y también fueron condenados algunos compradores de licencias médicas”.

El persecutor valoró la evaluación que hizo el tribunal de los hechos, planteando que “lo que está detrás es el cuidado de los recursos fiscales y cómo a través de este tipo de empresas criminales, lo que se ve afectado son las prestaciones que el Fondo Nacional de Salud muchas veces deja de poder financiar”.