Durante la semana, el Consejo Directivo de la Universidad Adolfo Ibáñez se reunió para discutir si dicho plantel ingresaba o no a la gratuidad 2016. Esto, luego de que con la ley corta en la materia, el plantel fuera elegible para dicho beneficio. Aquí el rector de esta casa de estudios, Andrés Benítez, señala cuál fue la decisión final y cómo se llegó a esta resolución.

¿Cuál es la decisión que tomaron ayer sobre la gratuidad? 

La decisión es postergar el ingreso a la gratuidad. No es un no definitivo. Vamos a esperar a conocer las condiciones del proyecto final de la reforma a la educación superior. Es más responsable postergarla y conocer los antecedentes del proyecto, que entrar ahora y salirse después si la cosa anda mal.

¿Por qué tomaron esta decisión?

Fuimos al Ministerio de Educación y nos reunimos con Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc. Dado que la ley se estaba  aprobando, le pedimos antecedentes de qué significaba para la UAI entrar a la gratuidad. Nos dijo que éramos elegibles y nos comunicó cuál era nuestro arancel regulado, que sería, aproximadamente, de $ 3 millones.

¿El arancel promedio de la UAI de cuánto es?

De $5 millones, más o menos. En las estimaciones que hicimos junto a ellos, se producía un déficit de unos $ 1.400 millones al año.

¿Qué porcentaje de alumnos de los primeros cinco deciles tiene la UAI?

Tenemos aproximadamente un 8% de alumnos de esos deciles. Respecto a eso, entendemos  que nuestra decisión afecta económicamente a los alumnos que hoy están en la UAI. Si bien creemos que lo que estamos haciendo es proteger la calidad de su educación, efectivamente hay un perjuicio económico, ya que podrían haber accedido a una gratuidad.

¿La decisión de ustedes, más que ser por el déficit, pasa por saber cuales son las reglas de la gratuidad en el futuro?

Se discutió la pertinencia de entrar a la gratuidad transitoria, y ahí surgió el problema. La ley corta que se aprobó no pone grandes condiciones, salvo de calidad. Pero hay un borrador del proyecto que apunta exactamente lo contrario, que habrá regulación de matrículas y vuelve el asunto del cogobierno universitario. La disyuntiva era cómo entrar por una ley que es transitoria, si sabemos que en la ley permanente se puede afectar la calidad y autonomía de la universidad.

Llamó la atención que lo evaluaran. ¿Por qué se produce esto?

Supimos que estábamos invitados hace dos semanas. Antes no teníamos una decisión que tomar. Pero nos parece que es un debate relevante y era una decisión compleja porque, aparentemente, no hay condiciones para entrar a la gratuidad este año, pero a futuro, se ponen un montón de ellas. Había que evaluar eso.

¿Cuál es la postura de la UAI respecto a la gratuidad? 

Compartimos la idea de que haya un financiamiento para los alumnos más pobres. Este puede llamarse gratuidad o becas. Pero no estamos de acuerdo con la gratuidad universal. Creemos que es regresiva.

En la discusión que se dio en el Congreso, quedó establecido que los recursos que no se usen de las instituciones privadas irán a un fondo para fortalecer las universidades estatales. ¿Qué le parece?

No compartimos que el proyecto deja afuera a los IP. Me parece que si quedan recursos disponibles, deberían, más que destinarse a las universidades públicas, donde no hay una gran cantidad de pobres, ir a fortalecer la educación técnica profesional.

Se dijo que instituciones como el Duoc estarían en la gratuidad. Hubo alumnos que pensaron en ingresar ahí, y a última hora se enteraron que ese plantel no entra al beneficio. ¿Cómo evalúa eso?

Es una señal de poca seriedad del gobierno.  Hay alumnos que estaban seguros que iban a tener gratuidad, pero finalmente no la tuvieron. El gobierno dice que el Tribunal Constitucional (TC) lo obligó a esto, pero no tenía por qué obligarse a esto. Cuando salió el fallo, optó por privilegiar a sus instituciones en vez de los IP. Una opción válida o no válida, (que) me parece equivocada. Las conversaciones con el ministerio lo único que dejan claro es que este no es un subsidio a los alumnos, es a las instituciones. Como es así, privilegió a sus instituciones.

Considerando lo que dijo el TC, ¿seguiría siendo discriminatorio y arbitrario, quizás hasta inconstitucional, lo que está ocurriendo?

Me parece que el proyecto final es incluso peor que el que había antes. El problema es que cuando hay un acuerdo político, nadie lo va a impugnar. La actitud de la oposición me parece poco seria. Impugnó un acuerdo por discriminación y hoy no lo hace con uno que es igual o peor.

¿Cómo deja eso a la oposición?

Creo que mal. Privilegiaron su capacidad de influir en un proyecto. Hoy pueden decir que son parte de este proyecto, pero, básicamente, tiene los mismos vicios que cuestionaron.

Dicen que lograron que más estudiantes tuvieran una beca más alta.  

Eso no es gratuidad, no cubre los aranceles totales. Sólo cubre a los planteles públicos. En cambio, hay becas en los institutos, lo que demuestra una voltereta del gobierno.

¿Le parece cuestionable la actitud de la oposición?

De alguna manera la oposición validó un proyecto que es malo, y el gobierno validó las becas que siempre ha dicho que no sirven para nada. Y eso se lo entrega a los pobres.