EL GOBIERNO impulsará una agenda tributaria consistente, principalmente, en rebajar de 0,4% a 0,2% la tasa máxima del impuesto de timbres y estampillas que grava a los créditos, y hacer obligatoria la facturación electrónica para todos los contribuyentes. Conjugadas ambas medidas, arrojarían un saldo positivo en la recaudación de unos US$ 400 millones anuales. Ellas debieran analizarse en el Congreso con rigor técnico, pero lamentablemente, al menos respecto de la rebaja, se ha conocido de la oposición sólo una reacción negativa y desprovista de argumentos técnicos.

El impuesto de timbres y estampillas afecta fundamentalmente el otorgamiento de créditos, con una tasa de 0,033% por cada mes o fracción que comprenda la operación, con un límite de 0,4%, que se reduciría, respectivamente, a 0,0166% y 0,2%. De acuerdo con las estimaciones oficiales, cada 0,1% produciría una recaudación de unos US$ 100 millones anuales, por lo que el costo de la medida ascendería a US$ 200 millones. Hasta 2010 y durante muchos años, el tope se mantuvo en 1,2%, lo que encarecía significativamente el financiamiento vía endeudamiento y actuaba como un disuasivo a la movilidad de los deudores hacia opciones más baratas, por la necesidad de pagarlo nuevamente, lo cual inhibía la competencia. Continuar con el proceso de rebaja de este gravamen es positivo para fomentar mayor competencia en el mercado financiero, si no produce efectos contraproducentes en arcas fiscales, que sería el caso al asociársele a una medida de fiscalización que dejará un saldo favorable.

Las opiniones adelantadas por sectores de oposición han cuestionado la rebaja general que se ha previsto, indicando que las grandes empresas no debieran beneficiarse, ya que tendrían "espaldas" suficientes para afrontarlo y serían la fuente del 65% de la recaudación de este tributo. Estas consideraciones no se condicen con las razones para rebajarlo y no se sustentan en argumentos consistentes. Críticas más técnicas apuntan a que el momento escogido para la rebaja no sería el adecuado, pues tendría un efecto impulsor de la demanda, cuando el nivel de gasto en la economía está provocando cierta inquietud, pero que pudiera neutralizarse con medidas del gobierno para moderar el gasto fiscal. Otros sectores han planteado desde mucho antes la inconveniencia de suprimir este tributo, que viene a operar como una tributación alternativa al IVA, que no se aplica a los intereses. Los cuestionamientos opositores no acogen alguna de estas perspectivas, sino que únicamente el deseo de gravar a las empresas más exitosas por sobre toda otra consideración, lo que torna preocupante el nivel que puede adquirir el debate en un año electoral.

Por su parte, es acertado que se extienda la facturación electrónica (actualmente, no excede del 15% de los contribuyentes de IVA) para reducir la evasión, lo que tendría un efecto recaudatorio de unos US$ 600 millones anuales. No obstante, su factibilidad merece dudas respecto de contribuyentes de menor tamaño, que carecen del conocimiento y adaptación necesarios. El gobierno así lo reconoce, cuando afirma que la medida se aplicaría en forma gradual en dos años, lo cual sólo será suficiente si es acompañado de un fuerte programa que asista a esos segmentos en la integración al proceso tecnológico -el Censo muestra debilidades en segmentos importantes de la población en este tema-, sin que baste que el Servicio de Impuestos Internos tenga para ellos una plataforma especial en su sitio electrónico.