Finalmente, la declaración de patrimonio de todos los ministros y subsecretarios del gobierno estará -al menos en términos formales- disponible para el acceso ciudadano. Aunque debía ser así desde abril pasado, a raíz de un instructivo emitido por la Presidenta Bachelet, la liberación de los datos recién se completó este martes, cuando trece subsecretarios revocaron la prohibición que habían impuesto sobre la difusión de algunos datos sobre su patrimonio.

Esos trece casos eran los últimos de un número más amplio de autoridades gubernamentales de alto rango que, hasta la semana pasada, habían invocado las leyes de protección de la privacidad para mantener oculta su declaración de patrimonio. En esta situación se encontraban 7 ministros y 14 subsecretarios.

El mecanismo estaba legitimado por el mismo formulario que debían completar las autoridades, pues les daba la opción de autorizar o no la comunicación y difusión de los “datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N° 19.628”.

No obstante, invocar esta disposición iba en contra de la voluntad expresada por la propia Mandataria en el instructivo de 2015, por lo que luego de que estas omisiones fueran dadas a conocer, el gobierno activó un fuerte plan para enmendar la situación.

“Instruyo a todas las autoridades de mi designación a cumplir con las siguientes buenas prácticas”, planteaba la Presidenta en su instructivo de 2015, y establecía que las declaraciones deberían ser “íntegras”, “completas y veraces”, con la totalidad de activos y pasivos e intereses a declararse, incluso más allá de las obligaciones de la normativa vigente. Y agregaba que, en el sitio web creado para este efecto, “cualquier persona podrá consultar las declaraciones de que trata el presente instructivo”.

Bachelet disponía también que, para velar por el “mejor cumplimiento” de estas tareas, cada ministerio, servicio público y gobierno regional debía designar -en 30 días- a un funcionario que se hiciera cargo de la implementación del instructivo, su difusión y la capacitación. Adicionalmente, mandataba al Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno a incluir en sus planes de auditoría “la verificación de la autenticidad de los datos proporcionados por los declarantes en cada ministerio, servicio público o gobierno regional”.

Pese a lo anterior, entre los subsecretarios que no habían permitido la publicación de su información patrimonial, y que recién lo hicieron ayer, hay tres que son, a la vez, integrantes del mencionado consejo: Sergio Galilea (Obras Públicas), Claudio Ternicier  (Agricultura) e Ignacio Moreno (Minería).

Desde el Ejecutivo explicaron que si bien se trata de las principales autoridades del consejo, no son parte del equipo encargado de auditar las declaraciones. En todo caso, la ministra (s) de la Segpres, Patricia Silva, indicó que el sistema aún se encuentra en una suerte de “marcha blanca”, pero que estas situaciones se corregirán en el futuro.

De hecho, los ministros y subsecretarios no son los únicos que deberían publicar su patrimonio, sino más de dos mil funcionarios públicos lo que, al parecer, será un proceso gradual que culminará recién en junio próximo, cuando comience a regir la nueva ley de probidad en la función pública.