Señor director:

El escándalo acerca de  exonerados políticos requiere  un tratamiento más justo por parte de los medios de comunicación. 

Pedirles lo mismo a los partidos políticos que  buscan ganancias electorales es difícil. Debe saberse cómo se probaba legalmente la calidad de exonerado y debe tenerse en cuenta la real posibilidad de obtener la documentación correspondiente.

En mi caso, tuve la buena fortuna de ser despedido  por un decreto de la Universidad de Chile (31 de octubre de 1973), donde constaba mi mala actitud para la sana convivencia universitaria. Esto fue en mi cargo administrativo en la Casa Central. Sin embargo, no fui "despedido" de mi cargo como profesor en el Instituto Pedagógico. Las plazas de profesores fueron "suprimidas" y vueltas a "concursar" en abril de 1974. Como se comprenderá, habría sido suicida repostular a mis horas de clases con una universidad en manos de la Fuerza Aérea y con un  Pedagógico intervenido por militares. Es decir, nunca fui "exonerado" de mi cargo de profesor. Esto redundó en que no pude obtener una  pensión algo mejor que la miserable que recibo hoy.

Otro caso típico es el de una funcionaria del Pedagógico que estaba en comisión de servicio en el Ministerio del Interior hasta el 31 de agosto de 1973. De acuerdo con la ley, se envió la renovación de la comisión 20 días antes de su término. Esta renovación nunca se  tramitó, por lo que la funcionaria tiene en su Tarjeta de Nombramientos  una anotación de "abandono de funciones" con fecha 20 de septiembre de 1973. A ella le fue imposible conseguir en ese momento algún documento que probara su despido político. La verdad es que ella estaba demasiado ocupada, como miles de otros chilenos, tratando de pedir refugio junto a sus hijos en alguna embajada.

Esta indocumentación se repite con miles de exonerados  de la administración pública como de empresas privadas en las que sus dirigentes sindicales fueron barridos de sus cargos, cuando no asesinados. Es por eso que la ley estableció la certificación de parte de congresales y presidentes de partidos políticos.

Edgardo Arnal Morey