LA DECISION de capitalizar la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) por US$ 300 millones al parecer quedó postergada para el siguiente gobierno, sin que hasta el momento haya sido posible iniciar un debate público sobre la pertinencia de esta medida y la forma cómo se ha administrado esta empresa.

Según ha señalado uno de los directores de la compañía -en su calidad de representante de los trabajadores-, el ministro de Energía se habría comprometido a capitalizar a la empresa, a cambio de que los trabajadores aceptaran la venta de activos no estratégicos, como la participación que Enap tenía en Primax, con operaciones en Perú y Ecuador. Dicha operación reportó US$ 300 millones, y la expectativa del sindicato era que el gobierno aportara a la empresa similar cantidad para capitalizarla.

Es inconveniente que se insista en la necesidad de capitalizar a Enap cuando ésta aún presenta un alto nivel de endeudamiento, en cuyo origen subyace un modelo de gestión que opera sin competencia de otras empresas y con interferencias desde el ámbito político, lo que ha llevado a la compañía a operar con lógicas que no siguen las fuerzas del mercado. Una eventual capitalización podría reducir en parte la elevada carga financiera que enfrenta la Enap, pero no corregirá las deficiencias de fondo y, por el contrario, las perpetúa, con el alto costo que ello representa para el Fisco.

El futuro gobierno pretende fortalecer el rol de la Enap en el mercado energético nacional, para lo cual se contempla, entre otras medidas, una capitalización y cambios en su modelo de negocios, con el objetivo de que se fomente el acceso y la exploración del gas.  Puesto que el debate sobre su privatización inexplicablemente se ha postergado, cabría esperar que las autoridades que asuman revisen detenidamente la pertinencia de una capitalización y no añadan nuevos ámbitos de negocios a Enap que reduzcan la participación de empresas privadas.