Tras el requerimiento presentado ayer por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC) contra Cencosud, SMU, y Walmart Chile, en el que acusa a sus cadenas de supermercados de coludirse para fijar precios en el mercado de la carne de pollo fresca, las compañías ya comienzan a preparar su defensa.

Uno de los argumentos que usarán es un informe encargado por la FNE al Departamento de Economía de la Universidad de Chile respecto al impacto de la colusión en el mercado de la carne de pollo, en el marco del caso de involucró a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, en el que se señala que éstas elevaron el precio a los intermediarios, como los supermercados, lo que afectó indirectamente a los consumidores finales.

El informe titulado "Estimación de los daños económicos generados por la colusión en la industria del pollo en Chile" es de agosto de 2012 y fue elaborado por el actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, en su calidad de profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y José Luis Lima como investigador asociado de dicha instancia.

El documento indica que las empresas productoras de pollo están integradas verticalmente desde la reproducción, gestación, incubación, crianza o engorda, faenamiento, elaboración de productos terminados y la distribución y comercialización de los productos.

Agrega que existen tres canales de venta para estos productos. El primero es el canal supermercadista, el segundo es el canal tradicional -que incluye a almacenes, carnicerías y otros negocios- y el tercero es el canal industrial -que incluye a los productores de cecinas y el sector de hoteles, restaurantes y catering, entre otros-.

"Como se puede apreciar, las empresas del rubro venden en el mercado mayorista a empresas intermediarias o productoras (denominadas genéricamente como intermediarias de ahora en adelante), que luego venden sus productos a consumidores finales. Esto será relevante para la discusión metodológica que se presenta más abajo", señala el informe.

"La colusión genera un daño económico a múltiples agentes. Por un lado están los compradores directos de las empresas coludidas, quienes pagan un precio superior al que existiría en ausencia de colusión. Pero en la medida que estos compradores son intermediarios - que resulta ser  el caso en la presente aplicación - también serán afectados los clientes de estos últimos. Este daño secundario se produce en la medida que los compradores directos traspasan parte del alza de los precios colusivos a sus propios clientes y así sucesivamente hasta llegar al consumidor final", dice el documento.

El informe precisa que "en el caso de la colusión en el mercado nacional de pollo, los compradores directos son las empresas intermediarias que compran pollo al por mayor. Los compradores indirectos son los consumidores finales, quienes compran estos productos a los distribuidores o supermercados".

De acuerdo al requerimiento presentado ayer por la FNE las cadenas de supermercados habrían participado de un acuerdo o práctica concertada destinado a fijar, por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados que fuera igual o superior a su precio de lista mayorista. Según la FNE dicha conducta se extendió al menos entre 2008 y 2011.