El gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile terminó hace más de un cuarto de siglo. Pero una de sus políticas más representativas sigue en pie y es más controversial que nunca.

Chile fue un precursor mundial de la privatización de la seguridad social.

Desde 1980 operan en el país fondos privados de pensiones en un esquema que ha sido adoptado en muchos países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Perú.

Pero muchos chilenos están profundamente descontentos con este modelo, contra el que ya se organizaron protestas multitudinarias el año pasado.

Y este domingo decenas de miles de manifestantes que salieron a las calles de Santiago y otras ciudades del país a pedir un cambio profundo del modelo.

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Un cambio de modelo

El modelo de pensiones chileno consiste en que los ciudadanos depositan sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas del sector financiero, conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El rendimiento de esos fondos determina el monto de la pensión a que cada individuo tiene derecho cuando llega el momento de su jubilación.

El sistema de AFP sustituyó a aquel en el que los trabajadores pagaban una contribución al Estado para financiar las pensiones de los actuales jubilados.

Esto con la expectativa de que los futuros trabajadores contribuyeran a su vez cuando les llegara el turno a ellos de ser pensionados.

En el esquema anterior, el monto de la pensión era fijo y conocido de antemano.

En el actual depende de las fluctuaciones del mercado.

En su momento, el modelo privado de pensiones fue visto como una invención genial de los llamados Chicago Boys, los economistas entrenados en Estados Unidos que manejaron la economía chilena durante el gobierno militar entre 1973 y 1990.

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Tras el milagro económico

Los fondos privados reemplazaban a un sistema de pensiones estatal que era visto como ineficiente.

Y los ahorros de jubilación de los chilenos, que en 2015 superaban los US$160.000 millones, fueron puestos a disposición de entidades financieras que los reinvertían en la economía nacional, siendo vistos en su momento como el gran combustible que alimentaba lo que se dio en llamar el "milagro chileno".

Pero hoy las cosas se ven distintas.

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Hay 10 millones de trabajadores afiliados al sistema. Muchos de los trabajadores que confiaron sus ahorros a esos fondos están jubilándose y no están contentos con el monto de pensión que reciben.

Los empleados depositan el 10% de su sueldo en estas cuentas de ahorro pensional, más una cuota de administración que le pagan a la AFP.

Y, según sus críticos, al final los chilenos más pobres reciben una pensión final por debajo del salario mínimo, menos de US$400.

Esto pese a que las AFP parecen ser bastantes rentables.

Efectivamente, según un informe del investigador Gonzalo Durán de la Fundación Sol, de amplia circulación el año pasado, en los primeros nueve meses de 2015 las ganancias de las AFP aumentaron en 71,4% comparadas con el mismo periodo el año anterior.

Mientras que un análisis del Centro de Estudios Alternativos (CENDA), encontró que en diciembre de 2016 el sistema recaudó más del doble de lo que pagó.

"Es decir, de cada cuatro pesos recaudados en cotizaciones obligatorias el sistema de AFP se apropia poco menos de tres, para no devolverlos jamás", concluye el informe.

Y para aumentar la polémica, la ley que creó esos fondos eximió de participar en ellos a los integrantes de fuerzas militares y otros funcionarios estatales, que al jubilarse siguen recibiendo generosas pensiones "de las de antes", más cercanas al ingreso que tenían cuando trabajaban.

Lo que ha incrementado la furia contra el sistema y ha alimentado las exigencias de un cambio.

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Impacto político

Ya en 2016 los medios de comunicación chilenos coincidieron en describir las protestas contra el sistema de AFP como masiva.

Y el adjetivo también aplica a las manifestaciones de este domingo, calificadas de "históricas" por sus organizadores.

Según estos, más de 2 millones de chilenos participaron en las marchas en todo el país, 800.000 de ellos en la celebrada en Santiago.

La policía chilena, sin embargo, estimó en 50.000 el número de manifestantes en la capital.

Como ya había subrayado en julio pasado la colaboradora de BBC Mundo en Santiago, Paula Molina, "el tema de las AFP ha estado en discusión permanente en Chile" desde hace varios años.

Y el vocero de la organización "No + AFP", Luis Mesina, calificó como un triunfo la reciente decisión del gobierno de excluir a las administradoras de pensiones de una anunciada alza del 5% en las cotizaciones.

"Ese anuncio es más que una buena señal, es un triunfo de este movimiento, y hay que decirlo claramente, si avanzamos más vamos a conseguir más triunfos", dijo Mesina, según declaraciones recogidas por el diario La Tercera.

Aunque el activista cree que el Ejecutivo por el momento no quiere terminar con las AFP y volver a un sistema de reparto, como exigen los manifestantes.

"El Congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle", dijo Mesina, siempre según La Tercera.

Por su parte, la Asociación AFP de Chile, entidad gremial que representa a los fondos privados, históricamente se ha defendido insistiendo en que han manejado bien el ahorro de pensiones de los chilenos.

En un boletín publicado en el primer trimestre de 2016 aseguraban que los "fondos de pensiones ganan 17,6% por año para sus afiliados en 35 años del sistema".

Y en vísperas de las marchas, el gerente de la Asociación AFP de Chile, Fernando Larraín, le declaró a medios locales que "independientemente" del tamaño de las mismas o de los planes del gobierno, Asociación y administradoras iban "a seguir trabajando para poder construir mejores pensiones a los trabajadores de Chile".

¿AFP estatal?

En momentos anteriores de la discusión, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet había propuesto el establecimiento de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que presumiblemente redundaría en beneficio de los trabajadores.

Pero el tono de la controversia se ha acentuado, con varias organizaciones sindicales pidiendo ahora una reforma total del sistema.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP, uno de los organizadores de las protestas, indica en un comunicado sus exigencias: "Llamamos a la presidenta a que termine de una vez con el sistema de AFP impuesto en dictadura y a restablecer un sistema de reparto solidario, financiado de manera tripartita y administrado por un organismo sin fines de lucro, como el que tienen todos los países de Europa y Norteamérica y los países de la OCDE".

Dicho de otra manera, piden que se regrese al sistema que existía antes de 1980.

Una de las características más notorias de la transición a la democracia chilena después de 1990, luego de casi dos décadas de gobierno de facto, fue que el modelo económico impuesto por Pinochet se mantuvo en sucesivos gobiernos civiles de distintos partidos políticos.

Pero las presiones para cambios más profundos están aumentando en años recientes, desde las exigencias de los estudiantes universitarios por matrículas gratuitas, hasta estas demandas por los trabajadores por regresar a un sistema de pensiones público.

El legado de los Chicago Boys, que ha perdurado desde 1990 contra viento y marea, está hoy en veremos.