El fallo avaló la protesta argentina al señalar que Uruguay incumplió un tratado bilateral, al autorizar la construcción de la papelera sin consulta previa. Pero evitó pronunciarse sobre las denuncias de contaminación presentadas por Buenos Aires y estableció que la planta Botnia, de capital finlandés, podrá seguir operando en territorio uruguayo.

Los analistas consultados por BBC Mundo coincidieron en señalar que la CIJ entregó un dictamen salomónico, como es su tradición, que concedió una porción de razón a cada una de las partes y que tiene un tono de "condena moral" del accionar uruguayo pero sin repercusiones económicas concretas.

Sin embargo, el impacto de la decisión podría notarse en un ámbito que es, a la vez, prioritario y conflictivo: el restablecimiento de relaciones diplomáticas amigables entre los países.

"Ahora hay que volver al camino de la cooperación que nunca debimos haber abandonado", declaró la consejera de la Cancillería argentina, Susana Ruiz Cerutti, parte de la delegación en La Haya.

"El fallo ha sido muy positivo… y sobre la base de este fundamento esperamos solucionar el tema de los cortes de ruta", le dijo a BBC Mundo el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori.

JUEGO BILATERAL
El comienzo de los roces tiene un punto de partida: 2003, cuando el entonces presidente de Uruguay, Jorge Battle, autorizó la llegada de la papelera española Ence. Dos años más tarde, su sucesor, Tabaré Vázquez, hizo lo propio con la polémica Botnia, una inversión de US$1.100 millones instalada hoy en la costa oriental del río Uruguay.

En Argentina, los reclamos de las poblaciones locales –como la beligerante Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos- se convirtieron en una cuestión de repercusión nacional y se plasmaron en una denuncia en 2006: para el gobierno de Buenos Aires, sus vecinos habían violado el Tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, que indica que toda decisión sobre la actividad económica en la zona compartida debe ser informada de antemano.

En este sentido, el pronunciamiento de La Haya puede ser visto como un triunfo argentino: obliga a Uruguay a cumplir con los protocolos de consulta como un nuevo mecanismo diplomático.

"Esto tiene importancia de cara al futuro, porque deja sentado que Uruguay ha infringido obligaciones y en adelante deberá cumplir con todos los aspectos en materia de procedimiento", le dijo a BBC Mundo el analista internacional Jorge Castro.

NOTIFICAR Y MONITOREAR
Según el experto, las obligaciones se refieren a "informar, notificar y negociar" toda intención de instalar cualquier tipo de industria sobre la orilla del río compartido.

Asimismo, la CIJ estableció que se deberá realizar un monitoreo del impacto ambiental de la producción de celulosa sobre las aguas y el ecosistema, que será tarea de ambos gobiernos.

"Es una nueva práctica de relación bilateral", considera Castro.

Otros, en cambio, ven con moderado escepticismo el efecto concreto que podría tener el fallo.

"Obliga a los países a consultarse mutuamente pero no le da a ninguna de las partes poder de veto para impedir las iniciativas de la otra. De modo que se trata más de una traba burocrática", opina Daniel Chasquetti, analista político de la Universidad de la República, en Montevideo.

CAMBIO DE MANDO
No está escrito que el cierre de este capítulo por vía de la justicia internacional vaya a sanar las heridas abiertas en las dos capitales rioplatenses.

"Hay una cuestión curiosa: típicamente el acceso a la Corte Internacional de Justicia busca la resolución pacífica de diferendos, lo que debería permitir alcanzar soluciones amistosas. Pero en muchos casos ocurre que estas disputas tienen el efecto contrario, como el del congelar bastante las relaciones entre países", le expresa a BBC Mundo Jorge Viñuales, profesor de derecho internacional del Graduate Institute de Ginebra, Suiza.

Hay señales, sin embargo, que indican que es más bien el reciente cambio de gobierno en Uruguay el que permite especular con una pronta mejoría en los vapuleados vínculos bilaterales.

Tras su asunción, en marzo pasado, el presidente uruguayo, José Mujica, y su par argentina, Cristina Fernández, hicieron pública por primera vez la preocupación por la disputa y, apenas horas después de conocer la sentencia del CIJ, la Cancillería uruguaya confirmó que gestionará un encuentro de mandatarios para los próximos días.

La voluntad política parece ser, en este sentido, superadora de los desencuentros que marcaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Vázquez, quienes rompieron diálogo en 2006.

"Las relaciones tienen un nuevo tono porque Mujica ha establecido un vínculo directo con Argentina, mientras que Vázquez había subordinado el restablecimiento de las relaciones al levantamiento de los cortes de ruta", resume Castro.

EL PUENTE
Ésta será la asignatura pendiente para acercar posiciones: resolver el corte del paso internacional a la altura de Gualeguaychú y Fray Bentos, bloqueado por asambleístas argentinos desde 2005.

Uruguay considera que el cierre del puente binacional le genera graves perjuicios económicos y espera que los "piquetes" se levanten cuanto antes.

"El fallo lo que hace es obligar a Argentina a reposicionarse. La justificación argentina para no actuar hasta ahora estaba basada en esperar el dictamen de La Haya", opina Casquetti.

Las primeras reacciones de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que lidera las protestas, han sido de enojo y resistencia porque el tribunal no instruyó la remoción de Botnia. Aseguran que no pueden "convivir con una fábrica contaminante".

"O la planta se va, o Gualeguaychú no entrega las rutas", expresó un manifestante.

"Las soluciones jurídicas tienen la gran dificultad de que deben ser puestas en práctica, y en este caso, con una movilización social fuerte como la que se ha dado, no se cambiará el escenario simplemente con un fallo jurídico", concluye Viñuales.

Resolver este conflicto entre derecho internacional y realidad social será así el punto clave para el restablecimiento de la armonía, en una diplomacia rioplatense golpeada por una disputa de ribetes económicos, ambientales y profundamente políticos.