El pasado 29 de octubre, una mujer con un embarazo de alto riesgo llegó a la urgencia del Hospital Sótero del Río con síntomas de pérdida. Tras la atención, se le indicó que debía pedir una licencia médica en el consultorio de La Florida. La paciente se trasladó al lugar, donde se le negó el permiso y fue devuelta al hospital, lugar en el que le respondieron que las urgencias no entregan estos documentos. Con sus 11 semanas de gestación, la mujer fue remitida, nuevamente, al consultorio de La Florida, donde finalmente obtuvo la licencia. En el instante estampó un reclamo invocando la nueva ley de deberes y derechos de los pacientes."¿Cómo es posible que se niegue la licencia y una paciente con un embarazo de riesgo deba trasladarse entre ambos recintos de salud?", protestó.

A dos meses de la entrada en vigencia de la nueva normativa, que establece como un derecho del paciente recibir una atención de calidad, oportuna y amable, las largas esperas encabezan las causas de los reclamos presentados en los principales recintos de salud. Le siguen los procedimientos administrativos -considerados confusos o burocráticos- y quejas por el trato de los funcionarios.

A la fecha, los hospitales San Borja, Barros Luco, Posta Central, Félix Bulnes, San Juan de Dios, Traumatológico, San José de Melipilla, Carlos van Buren, Eduardo Pereira, Claudio Vicuña, Psiquiátrico del Salvador y San José de Casablanca, han recibido un total de 1.190 reclamos de pacientes. De estos, 668 corresponden a tiempos de espera, 330 a procedimientos administrativos y 192 a trato. De este último caso destacan los interpuestos por personas que acusan maltrato verbal o malos modales de parte del personal de salud.

En el Hospital San José explicaron que las quejas por los tiempos de espera aumentaron de 28% promedio entre enero a septiembre, a 30% en octubre y noviembre. "Esto demuestra un empoderamiento de la gente al reclamar por la demora de su hora", afirman en el recinto.

Lo mismo ocurrió en el Hospital Roberto del Río, que en octubre realizó 9.349 prestaciones médicas y recibió 50 reclamos. "El comportamiento del mes de octubre respecto del resto del año demuestra que se produce un aumento en las clasificaciones de trato, infraestructura y tiempo de espera por información", indicó el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

El superintendente de Salud, Luis Romero, explicó que a la fecha han llegado 10 reclamos. "Esto va a ser una etapa de enseñanza inicial y luego va a ir creciendo la cantidad de casos, porque la gente no está completamente enterada de todos los deberes y derechos que tiene", dijo Romero.

En tanto, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, señaló que "la gente está tomando conciencia, tanto las personas que son los beneficiarios como también las personas que están dando las prestaciones". Agregó que tanto los profesionales de la salud como y los pacientes están siendo informados para conocer y respetar la nueva legislación.

Normativa vigente

La nueva ley de deberes y derechos de los pacientes, que entró en vigencia en octubre, dispone que las personas que llegan a los centros de salud pueden exigir un trato digno, respetuoso y amable, tener información sobre su estado de salud y recibir atenciones de calidad, seguras y protocolizadas. También, se hace explícito el derecho de consultar y reclamar si sienten vulneradas estas garantías.

El nuevo procedimiento establece además que, tras recibir un reclamo, los recintos de salud deben abrir un expediente que detalle los alcances del reclamo. Internamente, se deben analizar los hechos y entregar al paciente una respuesta en un máximo de 15 días hábiles.

Si las personas no están conformes con la respuesta pueden apelar a la Superintendencia de Salud, que tiene atribuciones para sancionar. Se trata de sumarios administrativos y remociones del personal, cuando se trata de recintos de salud públicos, y multas de hasta $ 22 millones para clínicas y prestadores privados.

Cabe destacar que los representantes de Clínicas de Chile, asociación que reúne a los principales prestadores de salud privados, expresaron esta semana una serie de críticas a la normativa pues, afirman, provocará un aumento de los recursos judiciales y que requerirán asesoría permanente de abogados en los recintos, para evitar demandas.