Estados Unidos tiene unos 1.000 casos abiertos contra presuntos violadores de derechos humanos procedentes de 88 países que se han refugiado en el país para ocultar su pasado, afirmó hoy la subsecretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Julie Myers.

Myers señaló que la mayor parte de los casos involucra a emigrantes procedentes de países centro y suramericanos, Haití, los Balcanes y el continente africano.

"Nuestra responsabilidad es encontrar a los criminales que se ocultan entre nosotros y que mintieron cuando entraron a este país", dijo la funcionaria en una conferencia de prensa con periodistas extranjeros.

Myers declinó dar información más precisa sobre el número de casos abiertos o el origen geográfico de los sospechosos, pero reiteró el compromiso de EE.UU. para evitar convertirse "en un refugio de violadores de los derechos humanos".

Aseguró que se han realizado 238 deportaciones desde que se decidió crear hace cuatro años dentro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) un programa específico para perseguir este tipo de criminales.

Myers presentó una nueva campaña publicitaria iniciada por el departamento de Seguridad Nacional para fomentar la colaboración del público en la detección de este tipo de sospechosos.

"Estas investigaciones a veces se inician por pequeños detalles, como cuando una víctima reconoció en un hotel el tipo de hebilla de cinturón de un cliente, que resultó ser un torturador en Ruanda", indicó.

Mencionó como ejemplo de la labor de ICE el caso del ex militar argentino Ernesto Guillermo Barreiro, deportado el año pasado a Buenos Aires por su presunta participación en la denominada "guerra sucia" de los años setenta.

Barreiro fue arrestado en EE.UU. y se declaró culpable de cometer fraude en su solicitud de visado para emigrar a ese país en 2003 por no haber declarado que había sido inculpado por sus actividades durante la dictadura.

Myers destacó la importancia de la colaboración en este tipo de casos con gobiernos extranjeros y con organizaciones de derechos humanos que facilitan la investigación de crímenes muchas veces cometidos muchos años atrás.