EL INSTITUTO Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió el informe anual con su opinión sobre la situación de este ámbito en Chile. El documento incursiona -como ha hecho en años anteriores- en aspectos y consideraciones inspirados en una concepción ideológica propia de un sector que ha ido ganando espacio en países europeos continentales, haciendo exclusión de otras que también participan en el debate sobre el tema y estableciendo como definitivo aquello que es opinable.

El informe trata diversos temas. Por ejemplo, manifiesta preocupación por el excesivo número de denuncias que se han realizado este año por supuestos casos de violencia innecesaria, apremios ilegítimos o tratos degradantes por parte de efectivos de Carabineros, Investigaciones o Gendarmería, y el escaso número de ellas que termina en sanciones. Es esta una materia que no debe ser indiferente a la ciudadanía, y respecto de la cual debiera acentuarse el control por parte de las autoridades competentes, entre otras medidas, a través de investigaciones acuciosas y efectivas.

Sin embargo, hay otros temas abordados en que se cuestionan materias o se demandan soluciones que están dentro del ámbito de las legítimas opciones dentro del juego democrático o que exceden lo que es posible dentro del estado de desarrollo del país. Entre esos casos está el tratamiento que se propone dar al derecho a la educación de calidad o la vivienda adecuada, deslizando críticas a las políticas vigentes y a la regulación constitucional de estos temas. Esto implica transformar en exigibles contra el Estado derechos o beneficios  cuya obtención depende de la destinación de recursos y la adopción de políticas que permiten legítimas diferencias sobre su conveniencia. Al mismo tiempo, demanda unos tiempos de concreción que son incompatibles con la noción de un derecho exigible. Otros aspectos cuestionables son las críticas a la legislación vigente en materias de aguas, acusando una concentración de los derechos de aprovechamiento o criticando los costos que tiene el agua potable para quienes no se benefician de subsidios; o bien la necesidad de establecer el voto para quienes residen en el extranjero -cuando hay posiciones diversas al respecto que se debaten el en Congreso- y la crítica que el país no cuenta con una política pública integral respecto de la juventud.

El problema de dichos planteamientos es que se pretenda identificar una determinada visión o agenda con una definición única de los derechos humanos, como consecuencia de lo cual deja de haber a su respecto legítimas diferencias y deberían ser asumidas sin más. Estas diferencias deben ser resueltas por aquellas instituciones llamadas a legislar. La adopción de posturas maximalistas por parte del INDH en la materia que le compete no contribuye al enriquecimiento del debate; el organismo debiera ser muy cauteloso, velando por la redacción de un informe plenamente transparente en cuanto a los debates que animan la discusión sobre los derechos humanos, evitando la identificación excluyente con determinadas banderas extremas y siendo capaz de mostrar y catalizar las distintas visiones sobre el tema. En este ámbito le cabe un rol muy especial a los miembros del Consejo del INDH, llamados a buscar que los informes sirvan para enfocar la atención en la protección de los derechos humanos y no en la promoción de agendas controversiales.