EL PARROCO de La Legua ha manifestado con alivio que en la población santiaguina "llevamos un mes sin balaceras". El motivo es claro: desde que el mismo sacerdote envió una carta al ministro del Interior en marzo pasado denunciando los constantes tiroteos y "la dictadura del narco" bajo la cual viven los habitantes de La Legua, un contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros con vehículos blindados permanece las 24 horas en la población.

El alivio del párroco por la relativa tranquilidad en la zona es destacable en dos sentidos. Por un lado, confirma que la sola presencia de los efectivos policiales ha bastado para disuadir una de las manifestaciones más flagrantes del quiebre del orden social en ese lugar. Desde luego, no han cesado el tráfico de droga y otras actividades delictuales en La Legua, pero que sus habitantes puedan circular sin el temor constante a verse envueltos en un tiroteo gracias a la protección de la policía demuestra cuán clave es este elemento en cualquier esfuerzo serio de control del delito. Por otro lado, que el sacerdote se felicite de que no silben las balas da una cruda idea de la dimensión del problema que enfrentan poblaciones como La Legua, en donde la ley y el Estado estaban virtualmente ausentes, lo que las condenaba a prácticamente carecer de servicios básicos y a un sinfín de carencias que deterioran su calidad de vida, y dificultaba enormemente sus esfuerzos de superación.

Una presencia policial contundente y prolongada es necesaria, pero no suficiente, para que tenga éxito la intervención de La Legua que el gobierno ha emprendido, y que contempla abordar otras dimensiones, además de la delictual. A este primer paso, si bien alentador y que debe ser mantenido, deben agregarse otros que formen parte de una estrategia integral que solucione las causas más de fondo de la amenaza delictual.