El jueves 9 de junio, cuando faltaba casi una hora para que la Bolsa chilena iniciara sus transacciones, estalló el mayor escándalo financiero de los últimos años en el mercado local. A través de un breve hecho esencial, la cadena de tiendas La Polar reveló a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) algo que su directorio había empezado a discutir tres días antes: la existencia de repactaciones unilaterales de créditos, que obligarían a la cadena a hacer millonarias provisiones adicionales -que a poco andar se supo que superaban los US$ 893 millones- para resguardarse de la incobrabilidad de su tarjeta. Los afectados: más de un millón de personas.

Cuando se develó el problema, las acciones de la firma se desplomaron. En medio de múltiples cuestionamientos a la gestión de una empresa sin controlador, los dardos apuntaron de inmediato a la responsabilidad del directorio y de la plana ejecutiva. Luego, las miradas también se dirigieron a las auditoras, clasificadoras de riesgo, corredoras de Bolsa y al regulador. Todo, buscando respuesta a una pregunta que ronda hasta hoy: ¿Por qué nadie detectó el problema?

Todos miraban atónitos el estallido de esta burbuja: la de una firma que era considerada un caso de estudio dentro del retail chileno, por haberse reinventado tras la quiebra de 1998 y por haber entrado a jugar en el competitivo nicho de las grandes tiendas, desde los segmentos C3 y D. Tras su apertura en Bolsa en 2003, liderada por Pablo Alcalde, quien fue su hombre ancla durante 12 años -primero como gerente general y luego como presidente-, La Polar preparaba el equipaje para aterrizar en grande en Colombia. Era el paso lógico para una firma que pasó de tener 12 a 43 tiendas en Chile en una década.

El escándalo impulsó un cambio en la estructura de propiedad, la renovación de su directorio y el rediseño de su estructura corporativa. El énfasis de la nueva administración ha estado en asegurar la viabilidad de la operación y en perseguir penalmente responsabilidades por lo ocurrido. Tras un acuerdo con sus acreedores, la cadena está volviendo a levantarse. Mientras, el Ministerio Público realiza diligencias para dilucidar qué falló.

LA REVELACION QUE REMECIO AL MERCADO

Un hecho esencial donde La Polar admitió la existencia de prácticas crediticias "no autorizadas por el directorio" y la necesidad de hacer provisiones iniciales por hasta US$ 425 millones. Ese fue el primer  indicio que tuvo el mercado, el 9 de junio, de que algo no andaba bien en la cadena de tiendas. Una semana antes de ese 9 de junio, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) había presentado una demanda colectiva contra la empresa por repactaciones unilaterales de las deudas de sus clientes. Pero esa noticia no fue suficiente para advertir la magnitud de lo que vendría. El miércoles 8 de junio, los máximos ejecutivos de La Polar visitaron la SVS. En la mañana siguiente, el directorio, en ese entonces presidido por Pablo Alcalde, informó la situación.

Cuando se divulgó la información, se desató la molestia de las AFP, que tenían 24% de la propiedad de la firma, las que de inmediato advirtieron que perseguirían legalmente a los responsables. Fue una jornada negra para las acciones de La Polar, que protagonizaron el mayor desplome diario del que tenga registro el mercado local para una acción del Ipsa:  42%. La SVS suspendió las transacciones por una semana, mientras se conocían más detalles sobre la situación de la empresa. Los efectos han prevalecido durante los meses siguientes: los papeles, que marcaron su peak histórico de $ 3.487 en noviembre de 2007 y que el 8 de junio valían $ 2.336, hoy no superan los $ 330. Este año han perdido más de 90% de su valor.

SE ABRE EL DEBATE Y SE BUSCAN RESPONSABLES

El escándalo por la manipulación de los créditos abrió un debate transversal en el país. Políticos, empresarios y académicos se lanzaron a analizar el tema, reparando en la falta de un controlador   en la empresa, en la negligencia con que habrían operado ejecutivos y directores de la cadena, en los posibles errores de los reguladores, que no detectaron el problema que arrastraba durante años la compañía, y en el rol de auditoras, clasificadoras de riesgo y corredoras de Bolsa. La SVS comenzó de inmediato a monitorear la situación de la firma, amplió luego su investigación a la auditora PwC, las clasificadoras de riesgo y a las recomendaciones de compra de acciones que hicieron las corredoras, hasta realizar numerosas formulaciones de cargos a eventuales responsables. Cuatro días después del estallido del escándalo, el Ministerio Público requisó libros de contabilidad y computadores en las oficinas de la empresa y, a una semana del hecho esencial inicial, allanó domicilios de siete ejecutivos, iniciando así una investigación que ya lleva seis meses y cinco ex ejecutivos formalizados por diversos delitos.

Ambas investigaciones han llevado a ex directores y ex ejecutivos de La Polar y de otras compañías, además de decenas de testigos, a declarar en numerosas oportunidades a las dependencias del regulador y del Ministerio Público y han mantenido ocupados a los mayores bufetes de abogados del país.

EL NUEVO ORDEN AL INTERIOR DE LA COMPAÑIA

Tras el escándalo, La Polar tuvo tres presidentes en 12 días. Tras la forzada renuncia de Pablo Alcalde, fue el  entonces vicepresidente, Heriberto Urzúa, quien tomó ese rol durante la compleja primera semana. Luego, el 20 de junio, asumió César Barros, quien se mantiene hasta hoy. Su primera tarea fue encabezar una junta donde se enfrentó a todos los cuestionamientos de los accionistas sobre el caso. Ese mismo día se aprobó un aumento de capital por US$ 210 millones -que se realizará a más tardar el 31 de julio de 2012- para asegurar la continuidad operacional.

A fines de junio, CorpGroup, que lidera el empresario Alvaro Saieh, adquirió 10% en casi US$ 50 millones. A comienzos de julio, en junta de accionistas se eligió un nuevo directorio, el que quedó compuesto, además de Barros, por Fernando Tisné, en representación de Moneda; Georges de Bourguignon y Alberto Marracini, por las AFP; Fernando Massú y Jorge Id, por Saieh, y Aldo Motta, por los minoritarios. En medio de todos estos cambios, la cadena de multitiendas despidió a 11 ejecutivos y rediseñó su estructura corporativa, designando el 30 de julio al ex ejecutivo de Ripley Patricio Lecaros como gerente general. El profesional aterrizó con la idea de elevar en 20% las ventas cambiando el mix de productos, subir los márgenes en 30% y reducir el aporte del negocio del crédito a los números finales de la cadena.

LAS INTENSAS GESTIONES PARA EVITAR LA QUIEBRA

El  nuevo directorio de la cadena asumió la doble tarea de dar continuidad a la operación de la retailer y evitar su quiebra, negociando primero con los acreedores y estructurando luego un convenio judicial preventivo con ellos. En total, la firma debe unos US$ 1.080 millones, la mayor parte (62%) a tenedores de bonos y el resto a los bancos y tenedores de efectos de comercio.

Las tratativas culminaron el 7 de noviembre, cuando la junta de acreedores respaldó el convenio propuesto por el abogado Nelson Contador, quien en 1998 también participó en el rescate financiero y legal de la compañía. El acuerdo garantizó a los acreedores recuperar cerca del 53% de la deuda. Los pasivos fueron divididos en dos partes: el primer tramo, que se cancelará en 10 años con cuotas semestrales e intereses que varían de 4% a 10%; y el resto, que se pagará en una cuota, en UF y sin intereses en 2032.

El respaldo de los acreedores a este plan  alejó el fantasma de la quiebra y Barros aseguró que ese día comenzaba "una nueva La Polar". Una semana antes de esa junta, la compañía reveló un plan para cerrar nueve tiendas y abrir otras siete en Chile, además del rediseño de su negocio financiero y de seguir desarrollando el incipiente negocio de Colombia. Ese mismo día se supo que al 31 de julio sus pérdidas suman US$ 893 millones y que registra un patrimonio negativo de US$ 477 millones.

ACUSACIONES CRUZADAS ENTRE LOS EX EJECUTIVOS

Versiones divergentes y acusaciones de ida y vuelta entre ex ejecutivos y ex directores de la compañía abundan en las decenas de carpetas acumuladas  en las investigaciones que realiza el Ministerio Público y la SVS. Alcalde y María Isabel Farah, ex gerenta de administración, coinciden en que jamás se enteraron de las repactaciones unilaterales y apuntan a Julián Moreno, ex gerente de productos financieros, como responsable de la manipulación de los créditos. Este último ha admitido que esa práctica se cometía en la firma y asegura que quienes hoy lo acusan estaban al tanto de cómo se manejaba la situación de los deudores morosos. La misma dinámica se repitió en la audiencia de formalización que solicitó la fiscalía contra estos tres ingenieros comerciales, donde sus abogados reafirmaron estas posturas.

Estos dichos se suman a las declaraciones que otros ex profesionales han prestado sobre los hechos que se investigan, la mayoría aduciendo absoluto desconocimiento de lo que ocurría en la cadena. Una de las declaraciones más duras ha sido la del ex director de La Polar Francisco Gana, quien relató al Ministerio Público lo que ocurrió en el directorio del 6 de junio, donde, tras conocer junto al resto de la mesa el problema, se enfrentó a Alcalde. "Yo, en un momento, le señalé a Alcalde que me violentaba verlo, que había traicionado al directorio y a toda la gente... Le dije que no le creía ni una palabra de lo que me decía", declaró.

UNA MARATONICA AUDIENCIA DE FORMALIZACION

El miércoles 14 y el jueves 15 de diciembre se vivieron dos de las jornadas más intensas del caso. Fue en el Centro de Justicia de Santiago donde cinco de los ex principales ejecutivos de la cadena fueron formalizados por lavado de activos, uso de información privilegiada, entrega de datos falsos al mercado y violación a la Ley General de Bancos. Las más de 22 horas de audiencia culminaron cerca de la una de la madrugada del viernes 16 y con una imagen inédita: tres hombres de negocios siendo trasladados a la cárcel para cumplir con la prisión preventiva decretada por el tribunal. Fueron el ex gerente general y ex presidente Pablo Alcalde, el ex gerente de productos financieros Julián Moreno y la ex gerenta de administración María Isabel Farah. La fiscalía formalizó también al ex gerente general Nicolás Ramírez y al ex gerente de finanzas Santiago Grage, quienes quedaron sujetos a arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y prohibición de acercarse a los otros imputados.

La resolución de la jueza María Verónica Orozco sobre Alcalde, Moreno y Farah fue lapidaria: "Los imputados que se encuentran presentes en esta audiencia, difícilmente, en el evento de ser condenados, cumplirán penas en libertad y ese es un antecedente que me hace mucha fuerza para estimarlos como un peligro para la seguridadde la sociedad y decretar su prisión preventiva".

LA ARISTA PENAL EN PLENO DESARROLLO

En estos seis meses se han presentado más de 300 querellas por diversos delitos relacionados con el escándalo La Polar. Las acusaciones -incluidas la de estafa y asociación ilícita- las investiga un equipo de la Fiscalía en Delitos de Alta Complejidad, liderado por el fiscal José Morales. El caso tiene como aristas centrales los hechos que involucran a Alcalde, Moreno y Farah, pero hay también otros cinco o seis flancos que el Ministerio Público tiene bajo la lupa. Se trata del uso de información privilegiada y de posibles faltas adicionales a la ley de bancos, entre otros. Lo que viene, ha dicho Morales, son unos 100 interrogatorios en los ocho meses que les dio el tribunal para las pesquisas y, por otra, nuevas formalizaciones a otros ex ejecutivos vinculados al caso.

Las sanciones administrativas a ex directores y ex ejecutivos también están ad portas de conocerse. La SVS, que el 13 de julio formuló cargos contra 18 personas vinculadas a la firma, contra PwC y uno de sus socios, tiene plazo hasta el 13 de enero para resolver si aplica sanciones a este grupo. El 27 de julio formuló cargos contra otros ocho profesionales y lo mismo hizo el 11 de noviembre contra las clasificadoras de riesgo Feller-Rate y Fitch Chile.

El organismo ha seguido tomando declaraciones. Dentro de sus facultades está aplicar sanciones individuales de hasta 15 mil UF por cada cargo o el equivalente al 30% del total intermediado.

¿QUE SE DIJO SOBRE EL CASO?

Sebastián Piñera, Presidente de la Republica

"Defenderemos a consumidores y deudores con toda la fuerza. Vamos a perseguir a los responsables para que asuman y reciban las sanciones en forma implacable".

Felipe Larraín, Ministro de Hacienda

"Lo que se había presentado como cartera vigente es una cartera con numerosas reprogramaciones. Estamos en presencia de un caso claro de falsificación, de fraude".

Evelyn Matthei, Ministra del Trabajo

"Perdón, pero eso es robo, y hay que ponerlo en castellano. Terminemos de eufemismos, no digamos que son malas prácticas contables, no. Es robo, tal cual".

Fernando Coloma, Superintendente de Valores 

"Esta situación puede ser una oportunidad de realizar un análisis exhaustivo sobre diversos ámbitos de perfeccionamiento a la legislación aplicable".

Juan Antonio Peribonio, Director del Sernac 

"Si no hubiese sido por el accionar del Sernac, el caso La Polar tal vez no sería de conocimiento público".

César Barros, Presidente de la polar

"Es el maquillaje más grande de una empresa abierta en Chile. Si se compara con el Producto Geográfico Bruto, es mucho más grande que el caso Enron para EEUU".

M. Verónica Orozco, Jueza 2 º juzgado de garantia

"Los imputados difícilmente cumplirán penas en libertad y ese es un antecedente que me hace fuerza para estimarlos como un peligro para la seguridad de la sociedad ".