EL DESARROLLO económico puede ser entendido como una condición socioeconómica que permite el ejercicio más amplio de la libertad, al poner a disposición de todos mayores y mejores oportunidades para participar de la generación y el disfrute de los bienes y servicios resultantes de la actividad  económica. La discusión pública sobre el desarrollo económico en el Chile del último cuarto de siglo, tiende a basarse en apreciaciones generales y visiones ideológicamente cargadas con muy poco uso de datos empíricos. Se sostiene que el proceso de crecimiento sólo favorece a los "ricos" y que la economía chilena se estaría haciendo cada vez más desigual. Esta visión ignora los avances y lleva a un diagnóstico errado sobre el modelo de desarrollo, y a la conclusión de que éste debería ser cambiado, removiendo incluso sus cimientos. La evidencia empírica no justifica ese negativo diagnóstico. 

Los indicadores socioeconómicos de Chile evolucionaron muy favorablemente en el último cuarto de siglo y esto va mucho más allá del crecimiento económico. Se registra una mejoría en la cobertura de la educación terciaria, cae la incidencia de la pobreza, aumenta la esperanza de vida y el Índice de Desarrollo Humano se incrementa en línea con el PIB per cápita, mientras que la desigualdad en la distribución del ingreso -aunque sigue siendo elevada- cae significativamente. Chile toma una posición de liderazgo entre sus pares en cobertura de la educación, esperanza de vida, incidencia de la pobreza y PIB per cápita.

El crecimiento económico ha permitido una importante reducción de la pobreza y Chile ha pasado desde ser un país promedio a ser uno con una tasa de pobreza equivalente a la mitad del promedio mundial. Pero la desigualdad es el único indicador socioeconómico que ubica a la economía chilena en peor situación que el promedio mundial y en un nivel intermedio respecto de su grupo de referencia; sólo en términos de niveles, porque en grados de avance el país está entre los líderes regionales.

Chile está en un grupo selecto de países que presentan progreso generalizado y equidad creciente en los últimos 25 años. En ellos, la pobreza cae y, al mismo tiempo, se reduce la desigualdad. Chile se ha mantenido en este grupo a lo largo de todo el período marcando con ello que la reducción de la pobreza y la desigualdad es el resultado de un proceso sostenido y no de condiciones temporalmente favorables.

A pesar de los avances, el nivel de desigualdad del país es mayor a la media mundial. En el último cuarto de siglo todos los niveles socioeconómicos han aumentado sus ingresos reales, y más los de ingresos bajos al reducirse la pobreza y la desigualdad. Pero, así y todo, el avance es insuficiente para compensar los niveles iniciales y siguen existiendo pronunciadas diferencias de acceso a bienes y servicios de calidad y un generalizado sentimiento de insatisfacción. Tal vez por esto se plantean en la discusión pública falsos dilemas entre equidad y crecimiento, cuando el crecimiento no es alternativo a la equidad, sino que su complemento y refuerzo. Es cierto que los ajustes a nuestro modelo de desarrollo deben propender a la búsqueda de una mayor equidad, pero deben hacerse sin lesionar el crecimiento y manteniendo un modelo que combina la disciplina y los incentivos del mercado con la intervención eficiente del Estado.

Chile podría acceder a ser un país desarrollado en las próximas décadas manteniendo el ritmo de avance del último cuarto de siglo. Para esto se requiere de un crecimiento del PIB suficiente para ampliar oportunidades y entregar recursos para un financiamiento incremental de políticas sociales efectivas. Es evidente la importancia de las políticas públicas para disminuir las desigualdades, ya que la experiencia muestra que para esto el crecimiento por sí solo no basta. Sin embargo, además de recursos, las políticas públicas requieren de gestión adecuada y un enfoque amplio e integral en cuanto a su formulación e implementación.